Las advertencias que ignoró el Gobierno antes de fallida compra de la casa de Salvador Allende
La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por más de 930 millones de pesos, que inicialmente se presentó como un proyecto para convertirla en un museo, ha escalado para transformarse en un asunto judicial.
El escándalo involucra a destacadas figuras de la política chilena, como lo son la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández. La polémica de la compra de la casa del exmandatario, Salvador Allende, se debe a que la constitución chilena prohíbe que los ministros, senadores y diputados celebren contratos con el Estado, arriesgando serias implicancias en caso de incumplimiento.
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Lo que en principio parecía un gesto de memoria histórica, se convirtió rápidamente en un conflicto legal. En esa línea, este lunes Reportajes T13 reveló antecedentes exclusivos de las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno, que darían cuenta de una serie de advertencias a Presidencia sobre la incompatibilidad en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
La cronología de los cuestionamientos por la compra de la casa de Salvador Allende
Todo comenzó en 2023, cuando, como parte de las actividades conmemorativas del golpe de Estado, surgió la propuesta de adquirir la casa de Salvador Allende para convertirla en un museo. A pesar de que la compra de la propiedad se trató con urgencia y prioridad desde la Presidencia, los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales comenzaron a expresar serias preocupaciones sobre la viabilidad del proceso.
En particular, Macarena Díez, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, informó que faltaba documentación crucial para poder realizar una revisión adecuada de la compra, y alertó sobre la incompatibilidad que suponía que las propietarias de la casa fueran figuras políticas tan cercanas al Gobierno: la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende.
Díez también cuestionó la falta de una motivación clara para adquirir la casa de Allende y las de otros expresidentes, como la de Patricio Aylwin.
"Faltaba mucha documentación para un correcto control, que el tiempo para realizar esta revisión era muy poco, además no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles, con esto me refiero a las casas de Patricio Aylwin y la casa de Allende y, adicionalmente, que para el caso de esta última que las propietarias eran una ministra y senadora, lo que podría traer un cuestionamiento jurídico y políticos", consignó Reportajes T13.
En septiembre de 2024, Díez extendió ante los asesores presidenciales la preocupación. "Señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas (:..) Por lo que dentro de estas se podría poner en cuestionamiento la transparencia, probidad y conflicto de interés de todo el proceso. Y por supuesto de las involucradas, adicionalmente porque además de la ministra de Bienes Nacionales, lo firmaba el Presidente de la República y luego iba a Toma de Razón de la Contraloría. De este aspecto, que el Presidente de la República tenía que firmar este decreto, me dio la impresión que los participantes de la reunión no estaban totalmente enterados”.
La alerta que recibió el ministerio de Cultura
Nélida Pozo, directora del Servicio de Patrimonio Cultural, también juega un papel en este caso. En su testimonio relata que en abril del año pasado, antes de que se emitieran alertas desde el Ministerio de Bienes Nacionales, una funcionaria de su repartición envió una minuta al jefe de gabinete de la ministra de Cultura, Carolina Arredondo.
En el documento, se destacaba la necesidad de considerar que entre las personas involucradas en la compra de las casas presidenciales se encontraban Isabel Allende y Maya Fernández, dos figuras de alta autoridad, lo cual podría generar implicancias legales y comunicacionales para el proyecto.
"Enviándole una minuta de la compra de casas presidenciales en donde en el título de elementos a considerar, pusimos que se debe tener presente que en la sucesión, existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades, Isabel Allende y Maya Fernández, para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto (…) hay una segunda minuta, donde se hace un comparativo, de las implicancias de adquirir por subtítulo 29 o 31. No tenemos el acuse recibo del correo”, fue parte de la declaración de Pozo.
T13 consultó al Ministerio de Cultura si esta alerta había llegado a Presidencia, y el organismo respondió a través de un comunicado:
“Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía y forman parte de un proceso investigativo sobre el cual no corresponde referirse. Es importante destacar que desde el inicio, el gobierno ha mostrado disposición para colaborar con la investigación, y continuará haciéndolo si se requiere”.
De esa manera, el escandaloso proyecto se habría puesto en marcha a pesar de las preocupaciones manifestadas sobre la incompatibilidad jurídica y política del proceso.
Por lo mismo, la Fundación Fuerza Ciudadana amplió una querella donde solicitan investigar los delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, generando un complicado escenario para La Moneda.
