Los mensajes que provocaron la destitución de funcionario en Ñuñoa por corrupción
Durante la noche de este viernes, Reportajes T13 dio a conocer nuevos detalles que terminaron en la destitución de un alto funcionario en el municipio de Ñuñoa. Se trata de mensajes, correos electrónicos y conversaciones por WhatsApp que evidencian las irregularidades cometidas por Rafael Medrano, exjefe del Departamento de Inspección de Obras Municipales.
Medrano, que ejercía funciones clave en Obras Municipales y llevaba 40 años en el municipio, fue finalmente destituido luego de que una carta de denuncia dirigida a la exalcaldesa Emilia Ríos destapara su actuar.
En ese escrito, una trabajadora de la Administración Central Fundaciones Heinrich acusaba a Medrano de proponer servicios particulares para asegurar la recepción municipal de una obra, un proceso que él mismo debía autorizar y fiscalizar como parte de sus funciones oficiales.
La carta que envió la trabajadora a la alcaldesa de ese entonces señalaba: "Estimada Alcaldesa: Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, me dirijo a usted para plantearle una situación que es del todo reñida con la probidad que debe tener todo funcionario público".
Todo comenzó en 2022, cuando la denunciante invitó a Medrano a un almuerzo cerca del municipio. La conversación giró en torno a la creación de un nuevo establecimiento educacional en Ñuñoa, donde construir un ascensor era esencial para cumplir la ley de acceso universal. Para esto, se requería el permiso de obra, la ejecución y la recepción municipal, es decir, la aprobación oficial para que la obra pudiera funcionar.
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Según la denunciante, Medrano le ofreció realizar esos trabajos por fuera y gestionar personalmente la aprobación final ante la Dirección de Obras Municipales (DOM), asegurándole que el proceso sería más rápido y sin problemas. Por estos servicios, Medrano habría cobrado de manera paralela, lo que quedó evidenciado en mensajes de WhatsApp y otros documentos.
Las pruebas exhibidas en el sumario interno, que supera las 800 páginas, incluyen un presupuesto de 30 millones de pesos más IVA, presentado por Medrano para pintar el colegio objeto del conflicto. Lo llamativo es que esta oferta se habría realizado cuando la obra no requería intervención mayor; la denunciante sostuvo que bastaban arreglos menores.
"Hola buenos días, ya habiendo realizado la visita de evaluación oficial al colegio necesito una reunión urgente contigo. ¿Cuándo puede ser? nosotros podemos cuando tú digas pero es urgente para definir acciones a seguir", le escribía el funcionario acusado.
Según la denunciante, “Rafael Medrano llegó al colegio y me entregó físicamente una cotización de 30 millones más IVA, solo por la pintura. Ese precio yo lo encontré excesivo, en ese momento yo no tenía información de precios, pero con el tiempo he ido averiguando con la SEREMI que solo necesitaba pintar las barandas. Yo encontré esto una frescura”.
Además, el funcionario ofrecía gestionar la recepción final del inmueble en un plazo rápido, condicionado por un millonario pago. "Nos juntarnos el día 07 de marzo de 2023 y me dijo que si yo quería la recepción en una semana y media, tenía que aceptar su presupuesto y pagarle un extra por su asesoría, que era de $1.500.000 por haber ido al almuerzo y al colegio. Mi percepción era que su ayuda era un favor, por eso le llevé chocolates y lo invité a almorzar”.
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“Él siguió insistiendo y yo le dije que era una sinvergüenzura y me dejó de llamar”, agregó la denunciante.
A Rafael Medrano lo acusaron. En su relato aseguró que los hechos no serían de gravedad, limitándose únicamente a comunicaciones y orientaciones que no se concretaron en pagos ni contrato. Junto con eso, advirtió que el cobro por $1.500.000 de pesos habría sido por otro trabajo en Algarrobo para transformar un refugio en otro colegio de la fundación.
Entre los mensajes recopilados, se encuentran registros de WhatsApp en que Medrano solicita reuniones urgentes o envía cotizaciones durante horario municipal, proponiendo que se aplace el trámite legal a cambio de su asesoría privada.
Ante esas acusaciones, el exfuncionario afirmó que sus acciones correspondían a proyectos en Algarrobo, no en Ñuñoa. Reconoció haber enviado presupuestos y concurrido al establecimiento involucrado, pero negó que le hubieran pagado por servicios en el municipio. Aseguró que su intervención fue limitada a orientaciones y enlaces profesionales.
Sin embargo, el municipio estableció que esas comunicaciones vulneraron gravemente el principio de probidad administrativa: aunque no existiera contrato formal o registro de pago, bastó con demostrar que Medrano utilizó su cargo, tiempo y recursos para ofrecer asesorías técnicas externas que interferían con su rol institucional.
