Los "sobres amarillos" en el Aeropuerto de Santiago: la causa que se conecta con el duro informe de Contraloría sobre Migraciones
En 2017, ciudadanos haitianos comenzaron a llegar a Chile con sobres amarillos donde traían documentos y dinero.
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El informe final de Contraloría número 541 que auditó al Servicio Nacional de Migraciones dejó varias aristas para el análisis de las autoridades: no sólo detectó que el entonces director Luis Thayer actuó al margen de la legalidad al firmar un oficio que flexibilizó el ingreso de menores haitianos bajo el programa de reunificación familiar.
También trajo de regreso otras irregularidades o ilícitos que el Ministerio Público y la PDI investigaban desde 2017 y 2018: el denominado caso de los “sobres amarillos”, que advertían la llegada masiva de ciudadanos haitianos como “turistas” para quedarse en el país de manera irregular.
Así, el documento del ente fiscalizador dio cuenta que detectó 19 personas provenientes de Puerto Príncipe que ingresaron a Chile con visa de turistas y no “registraron salida del país” por ningún paso fronterizo habilitado.
En ese contexto, para continuar con esas pesquisas, Contraloría le pidió un detalle a la PDI para tener un contexto general de las llegadas de ciudadanos haitianos con “permiso de residencia temporal” entre 2020 y 2025.
Y las cifras son llamativas: en ese período analizado se constató el ingreso de 21.269 extranjeros desde Haití, marcando un fuerte peak entre mayo de 2024 y abril de 2025, con 8.693 arribos por vía aérea.
Con todo, en el informe final–publicado el miércoles pasado–el organismo liderado por Dorothy Pérez sostuvo que la “ausencia de registro de salida de los indicados extranjeros (19) dentro del período legal da cuenta que éstos permanecerán en Chile en condición migratoria irregular”, lo que no esquiva que ese número se amplíe ante el desorden administrativo detectado entre las instituciones vinculadas a estas materias.
El método “sobres amarillos”: dinero, pasajes y reservas de hoteles para siete días
En 2017, los detectives que trabajan en el aeropuerto de Santiago comenzaron a advertir un patrón común entre los ciudadanos haitianos que llegaban al país: todos portaban un sobre amarillo con diferentes documentos para presentarlos ante la autoridad migratorio.
Si bien, lo único que debían acreditar era su pasaporte y tiempo de estadía–dado que venían como supuestos turistas–entre sus pertenencias también venían papeles o certificados de estudios que tenían timbres de dudosa procedencia.
Un informe de la PDI, realizado en 2018, analizó la llegada de tres vuelos desde Puerto Príncipe vinculados a las aerolíneas Latin American Wings, Sunrise Airways y One Airlines, cuyas rutas fueron “claves” para comprender el flujo migratorio en esa época.
En los sobres amarillos se repetía otro patrón entre los ciudadanos haitianos, quienes manejaban mínimamente el idioma español: todos portaban la suma de mil dólares para demostrar “solvencia económica” y que eso les permitiría cubrir la supuesta semana de vacaciones en Chile.
Así, las reservas hoteleras se repetían en un campo de 13 hostales, como también las agencias de viajes que estaban a cargo de esos itinerarios.
Otro antecedente detectado por los detectives apareció en el análisis de los pasaportes:en su mayoría habían sido otorgados pocos días antes de llegar a Santiago, con lo que se advirtió que el único interés era realizar sólo ese viaje.
“Los pasajeros haitianos reciben algún tipo de instrucción previa al control migratorio de ingreso a Chile”, concluye el informe policial, cuya causa es parte de las primeras alertas que dieron cuenta de agencias de viajes irregulares.
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Al parecer estas empresas proliferaron y decantaron en instrumentos de tráfico de personas. Así fue descrito el jueves durante la formalización de dos ciudadanos haitianos–Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus–, quienes cobraban entre $80 mil y $100 mil para realizar los trámites de reunificación familiar, sumado a unos $3 millones para sacar al menor de edad desde Puerto Príncipe y llegar a Santiago vía República Dominicana.
El Ministerio Público acreditó que los imputados totalizaron más de $800 millones en este sistema delictual que al delito de tráfico de migrantes sumaron lavado de activos.
