Máquinas tragamonedas, autos y más: Dónde van a parar los objetos incautados por la justicia y el millonario costo para el Estado
Relojes, perfumes, autos de lujo, yates, casas, parcelas, hasta avionetas. Todo puede terminar en manos del Estado cuando la justicia determina que detrás de esos bienes hay dinero proveniente de delitos.
Pero aquí aparece una paradoja que sorprende y una historia que nunca se cuenta: ¿Dónde se guarda todo lo incautado y quién lo vigila?
La falta de una agencia especializada para gestionar los bienes incautados ha generado una crisis logística y costos millonarios para el Estado. El Gobierno busca agilizar la administración de estas evidencias mediante la creación de un nuevo organismo independiente.
El destino de los millones de objetos incautados
Todo está repartido en bodegas y aparcaderos de distintos lugares del país. Es la Fiscalía la que debe custodiar elementos tan variopintos; como yates, aviones o animales, entre muchos otros. Un cuidado que en ocasiones llega a años y eso está lejos de ser barato.
"El Ministerio Público tiene que pagar precisamente por ese servicio, de cuidado y aparcamiento. Costos que son importantes, que alcanzan a ser casi 1.500 millones de pesos anuales y que además, llevado en el tiempo, ha significado una carga para el Ministerio Público importante", señaló Ignacio Castillo, director de Crimen Organizado y Droga del Ministerio Público.
En el norte de Chile, específicamente en Iquique, región de Tarapacá, es tal la cantidad de autos incautados al crimen organizado que desde el aire cualquiera podría pensar que el sitio donde se acumulan es una gran compra venta de vehículos. Pero en verdad es un problema.
"Pasan años en que los vehículos se mantienen en los mismos recintos. Genera también que con la situación climática que tenemos en la zona, estos van quedando cada vez en peores condiciones", advirtió Virginia Aravena, fiscal regional de Tarapacá.
Se pueden vender. Lo hace la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), popularmente conocida como "La Tía Rica". Pero esa venta no es sencilla ni rápida. La Dicrep debe hacer una pericia para ver el estado de cada auto y tras eso ponerle valor individual y rematarlos. Pero eso pasa muy a lo lejos.
"Toda esta tramitación que le corresponde en realidad hacerla a Dicrep se produce en muy pocas ocasiones, ya que la Dicrep no tiene la capacidad para poder abordar esta temática, ya que, señalan ellos, no cuentan con los recursos suficientes para poder abordar esta tarea", comentó la fiscal regional de Tarapacá.
Ni hablar de los autos incautados extranjeros que no entran en posibles ventas. Un problema que no sucede en otros países.
"En el resto de Sudamérica existen instituciones que se dedican exclusivamente al remate de estos vehículos, al decomiso y remate, y también a la mantención de todos estos elementos que son incautados", explicó Virginia Aravena.
"Chile es uno de los pocos países en que no existe una institucionalidad especialmente creada para gestionar, para administrar, para custodiar, para ejecutar, es decir liquidar los bienes que son incautados en todos los delitos", complementó Ignacio Castillo.
Dónde guardar los autos es un gran problema, pero al menos puede haber interesados en adquirirlos. Pero hay otros productos de los que no se sabe qué hacer con ellos, como máquinas tragamonedas.
"Qué hacemos con las máquinas. Porque nos traemos las máquinas en camiones, quedan acá, quedan en custodia municipal, porque el Ministerio Público así lo determina, pero pueden pasar no meses, años con estas máquinas en custodia", afirmó el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.
El problema lleva años. En 2014 el Ministerio Público comentó por primera vez la necesidad de crear una agencia de incautación de bienes, pero al final nunca se hizo nada. Sin embargo, ese antiguo anhelo parece que esta vez sí está cerca.
En agosto el ministro de Justicia anunció que el Gobierno impulsaría al fin la creación de esta entidad. Será un organismo independiente integrado por los Ministerios de Justicia y Seguridad, y con directores elegidos por Alta Dirección Pública.
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