El rol del extenista Paul Capdeville en investigación por presunto fraude al fisco contra exalcaldesa de Las Condes
El Ministerio Público lleva adelante una investigación contra la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, por el posible delito de fraude al fisco, en el marco de una operación inmobiliaria relacionada con el proyecto de un Cesfam que finalmente no se concretó en la comuna.
La causa se centra en el intento de construcción de un centro de salud que implicó una inversión superior a los $15 mil millones, de los cuales más de $11 mil millones fueron destinados a la compra de terrenos.
Detienen a hombre que profanó tumbas en el Cementerio General: Hallaron osamentas en su dormitorio
Considerando los antecedentes, el tribunal autorizó el levantamiento del secreto bancario de la exalcaldesa Daniela Peñaloza, quien lideraba el municipio en ese período, para esclarecer su eventual grado de participación.
El papel de Paul Capdeville en investigación por presunto fraude al fisco en Las Condes
En el marco de la investigación por el fallido proyecto de Cesfam, la Municipalidad de Las Condes presentó una querella por presunto fraude al fisco, a la que posteriormente se sumó el Consejo de Defensa del Estado.
El organismo demandó a cinco exfuncionarios públicos y a dos socios de la empresa Vulcon, encargada de la gestión inmobiliaria para la adquisición de terrenos donde supuestamente se construiría el Cesfam. Entre los socios de Vulcon se encuentra el extenista profesional Paul Capdeville, quien es uno de los querellados en el caso.
De acuerdo con los antecedentes exclusivos que reveló Reportajes T13, la empresa compró una propiedad por $422 millones y posteriormente la vendió al municipio por $852 millones. El abogado defensor de la empresa, Omar Abud, señaló que esta diferencia de precio se explica por los costos asociados a corretaje y gestión inmobiliaria, los que habrían sido previamente acordados con el municipio.
En el escrito de la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado, se sostiene que “se generaron pérdidas al patrimonio fiscal de Chile (...) en un negocio que benefició exclusivamente a estos particulares, dueños de una de las empresas gestoras inmobiliarias”.
Además del sobreprecio en la compraventa, un informe pericial del Laboratorio de Criminalística de la PDI concluyó que se habría pagado cerca de $3 mil millones por sobre el valor real de mercado.
Entre las diligencias en curso también se investiga la contratación directa en vez de licitación pública, decisión que, según declaró Luis Antonio Espinoza, exabogado de la Dirección Jurídica del municipio de Las Condes, habría sido instruida por las más altas autoridades comunales.
"Ya con tiempo transcurrido y avanzada la investigación puedo ahora ver cosas que antes pasaron desapercibidas. Por ello, no puedo desconocer el hecho que parte de la operación investigada adoleció de algunos vicios. La decisión de operar bajo la vía de la contratación directa y no de la licitación, le correspondió a las más altas autoridades del municipio”, señaló el abogado.
