Revés para el Minvu: Peritaje judicial descarta fallas de construcción atribuibles a constructora en las viviendas que se ordenó demoler en El Olivar
Agencia Uno - Revés para el Minvu: Peritaje judicial descarta fallas de construcción atribuibles a constructora en las viviendas que se ordenó demoler en El Olivar
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La reconstrucción en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, ha estado marcada por retrasos, viviendas a medio terminar e incluso acciones legales. Un informe pericial, fechado el 5 de octubre de 2026 y notificado por el 2º Juzgado Civil de Valparaíso, concluyó categóricamente que las viviendas levantadas por la Constructora San Sebastián no presentan defectos de ejecución atribuibles a la empresa.
El peritaje, realizado por el constructor civil Jaime Berríos Pozas a raíz de una medida prejudicial, establece que las anomalías presentes en las obras provienen del diseño, el cálculo estructural y la formulación del proyecto habitacional. Dicho diseño original fue aprobado en su momento por el propio Serviu de la Región de Valparaíso, organismo que otorgó los respectivos Certificados de Calificación Definitiva.
De acuerdo al documento, "se verificó que lo efectivamente ejecutado por la constructora corresponde al proyecto aprobado". Además, el perito sostiene que las observaciones y modificaciones realizadas durante la obra contaban con respaldos en los libros de obra o eran totalmente subsanables durante el mismo proceso constructivo.
Este antecedente resulta un revés a la orden de suspensión indefinida impulsada en marzo de 2026 por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien justificaba la medida y la posterior demolición apuntando a deficiencias estructurales graves.
Saqueos y la arista penal del caso
La paralización de las faenas trajo consigo otro problema que ya había sido advertido por las familias damnificadas que exigen prontas soluciones habitacionales: el deterioro y la vandalización de lo que ya estaba construido.
En sus visitas a terreno realizadas en los meses de agosto y septiembre, el perito constató el abandono en el sector de El Olivar. Algunas de las viviendas, que tenían un estado de avance físico del 100% y que contaban con conexiones de luz y agua, fueron vandalizadas tras el retiro de la constructora en marzo de este año. El informe registra vidrios quebrados, el hurto de puertas, ventanas, peldaños de escaleras e incluso el robo completo de estructuras metálicas en proyectos que tenían cerca de un 40% de avance.
Esta pugna técnica en sede civil corre en paralelo a la batalla penal que ya enfrenta a los privados con la autoridad. En junio de este año, los representantes de la oficina de arquitectos a cargo de los cuestionados proyectos, presentaron una querella criminal contra el ministro Iván Poduje y otras autoridades, acusando que la paralización de 73 días fue ilegal.
En la acción penal, dada a conocer por Reportajes Teletrece, los querellantes acusan la existencia de delitos como falsificación de instrumento público y fraude al fisco. Según la querella, se habría forzado a funcionarios del Serviu a acreditar fallas graves en la construcción de San Sebastián sin sustento técnico.
La respuesta del Minvu
Pese a las conclusiones expuestas a favor de la constructora, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) no dio pie atrás. A través de un comunicado de prensa emitido el mismo 5 de octubre de 2026, la cartera del ministro Poduje abordó directamente el peritaje judicial.
El Ministerio rechazó las conclusiones del peritaje, argumentando que carece de base técnica para sostener que las viviendas son seguras o que sus defectos son subsanables, dado que el propio informe declara que la revisión de la ingeniería y memoria de cálculo no formó parte de la pericia.
A través del escrito oficial, el Minvu detalló las graves razones por las cuales defienden la paralización y no rebajarán los estándares de seguridad:
El Minvu mantiene que las viviendas presentan graves deficiencias al no cumplir con la normativa sísmica, registrando deformaciones excesivas y elementos estructurales exigidos muy por sobre su capacidad admisible según los informes del IDIEM. Además, se advierte el uso irregular de paneles de la marca Fastwork fuera de su certificación en inmuebles de dos pisos, la falta de acreditación de la resistencia al fuego exigida para techumbres, vigas y muros medianeros, y la ejecución de modificaciones sin validación de cálculo, como el reemplazo de paneles por Metalcon o el corte de vigas, que alteraron el sistema sismorresistente sin una verificación estructural formal.
El Gobierno indicó en su comunicado que las familias de El Olivar, damnificadas por el incendio de febrero de 2024, "tienen derecho a viviendas seguras" y recalcaron que el Estado tiene el deber ineludible de garantizarlo.
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