Por D.L.
Corrían los primeros días de septiembre de 2015, y Bruno Villalobos asumía como general director de Carabineros. Lo hacía en medio de un clima interno crispado, en el que los uniformados sentían que sus superiores no los protegían lo suficiente ante las frecuentes críticas que recibían por su rol en las manifestaciones callejeras, que ese año vivían un resurgimiento de la mano del movimiento estudiantil. Por eso, en su primer discurso como nuevo jefe de la institución prometió que no los dejaría solos, aunque a renglón seguido, añadió que tampoco estaría disponible para permitir excesos ni ocultar abusos.
Un año y medio después, podría decirse que sus palabras fueron premonitorias. En 2016, estuvo en el centro de la polémica justamente por salir en defensa de sus subalternos. Primero, cuando defendió en redes sociales el actuar de Carabineros en las protestas del 21 de mayo, que terminaron con la muerte de un guardia municipal en Valparaíso. “Basta ya de poner en tela de juicio a los Carabineros. Nosotros ponemos el pecho a las balas, los fierros y al final siempre encuentran un pero…”, escribió en esa ocasión. Y luego, en un video institucional donde en medio del debate por el sistema de pensiones, enfrentó el anuncio del gobierno de revisar los modelos previsionales que rigen a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. “Seré el primero en defender nuestras previsiones”, aseguró.
Su primera gran crisis a cargo de la institución, sin embargo, la vive en estos días, luego de que se descubriera un fraude al interior de la institución que involucra al menos a 15 uniformados, por montos que ya alcanzan los 13 mil millones de pesos. Un terremoto institucional donde se investiga, entre otras figuras delictivas, malversación de caudales públicos y lavado de activos, que ya gatilló la salida de siete oficiales, un coronel y el director de finanzas –que hoy se encuentra en prisión preventiva junto a otros nueve funcionarios- y que derivó en la intervención de dicha área por parte del Alto Mando de la institución.
Una indagatoria que día a día suma nuevas aristas y que pone a prueba la gestión de un general que en círculos militares y políticos es reconocido por su capacidad de moverse con destreza tanto al interior de las filas de Carabineros como en el mundo político. Muchos le atribuyen a esa capacidad la dilación con que la Cámara de Diputados impulsó una comisión investigadora, que sólo se aprobó esta semana, a un mes del estallido del caso.
El flanco que se abre en el Congreso, sin embargo, no es el único que debe atender por estos días Villalobos. Los cuestionamientos a las investigaciones que realizan los propios Carabineros sobre el caso han comenzado a extenderse en el mundo político. El clima interno de la institución también se ha visto afectado: el propio Villalobos dijo sentirse “traicionado” por el ex director de finanzas, Flavio Echeverría.
De las escuchas telefónicas al caso Bombas
La trayectoria de Villalobos ha estado marcada por episodios de alta exposición pública. Hijo de una profesora y de un coronel de Carabineros, egresó de la Academia de ciencias Policiales en 1997, especializándose en el área de Inteligencia al interior de la institución. En 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas, a cargo de la unidad de la Dipolcar destinada a monitorear el movimiento de terroristas internacionales en el país. Fue en Dipolcar donde conoció al general Alejandro Bernales, con quien entabló un cercano vínculo hasta 2008, cuando el entonces director general de la entidad falleció en un accidente aéreo en Panamá.
Villalobos fue ascendido a general ese mismo año, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet y el mandato institucional de Eduardo Gordon, quien lo designó a cargo de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar). Ya para ese entonces había construido una cercana relación con la entonces Presidenta y con miembros de su círculo íntimo, como su madre Ángela Jeria, debido al rol que jugó en 2006 como jefe del departamento de seguridad presidencial que vigilaba las salidas a terreno de la Mandataria (OS 8), cargo que asumió tras ser edecán del ex Presidente Ricardo Lagos en la recta final de su gobierno.
Su primera controversia pública ocurriría en 2011, luego que dos ex suboficiales denunciaran que en la unidad que encabezaba Villalobos se realizaban escuchas telefónicas ilegales. La acusación partió como un supuesto espionaje en contra de funcionarios de la institución, pero luego se extendió a la eventual intervención de los teléfonos de parlamentarios y diplomáticos. Villalobos debió declarar ante la comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados y fue objeto de pesquisas de la fiscalía, que investigaba si había responsabilidad del mando, en un caso que amenazó con truncar su ascendente carrera, luego que un grupo de diputados solicitara retirar su nombre de la quina para suceder a Gustavo González Jure en la dirección general. Pero logró salir incólume de esas acusaciones y siguió su carrera ascendente.
A fines de la década pasada, le tocó encabezar la investigación policial del denominado caso Bombas, colaborando con la fiscalía para reunir antecedentes para determinar la culpabilidad de organizaciones anarquistas. Las pesquisas terminaron en la detención de 14 sospechosos, pero el tribunal desechó las acusaciones presentadas por la fiscalía, que recibió críticas por la forma en que enfrentó el caso, y determinó la absolución de todos los inculpados. Posteriormente, dos de ellos serían detenidos y condenados en España por poner una bomba en una Iglesia.
En 2013, en tanto, Villalobos asumiría como jefe de la zona metropolitana de Carabineros. Desde ahí no sólo estrechó vínculos con las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera y la segunda administración de Bachelet, sino que también le tocó encabezar la investigación al ataque explosivo al subcentro de la Escuela Militar, ocurrido en septiembre de 2014, que dejó a 14 personas lesionadas. Pocos días después la presidenta lo designó como Director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, cargo en el que fue empoderado para encabezar un trabajo conjunto con la PDI y el Ministerio Público, focalizado en la vinculación de grupos anarquistas o antisistémicos en nuevos ataques con bombas ocurridos durante ese año.
Dada la línea directa que tenía con La Moneda y considerando su buena llegada transversal en el mundo político, muchos entendían que Villalobos ya ejercía “de facto” como director general de Carabineros, cargo en el que finalmente sería nombrado en reemplazo de Gustavo González Jure en septiembre de 2015.
Un año después de este episodio, los nombres de Villalobos y su antecesor vuelven a cruzarse. Las indagatorias apuntan a que el millonario fraude habría ocurrido durante la gestión de González Jure, periodo en el que además fue nombrado Flavio Echeverría como director de finanzas. En el Congreso pretenden que el ex general sea uno de los primeros en declarar en la comisión investigadora. Instancia donde se podría abrir un nuevo capítulo de un caso que representa el principal test que ha debido enfrentar Bruno Villalobos a cargo de la institución.
