“No podemos permitir que se generalice el pánico”: Gobierno y suspensión de clases en colegios por amenazas

En medio de la preocupación por amenazas en establecimientos educacionales que han generado la suspensión de clases, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, se refirió a estas decisiones y enfatizó en que responden a evaluaciones particulares de cada comunidad escolar y no a una instrucción general desde el Gobierno.

Según consignó Radio Cooperativa, la autoridad explicó que los sostenedores tienen un rol clave al momento de definir medidas frente a situaciones de riesgo. “En el caso del Eduardo de la Barra, el sostenedor fue autónomo en determinar que no correspondía la suspensión de clases”, afirmó.

Suspensión de clases ante amenazas

El subsecretario enfatizó que no es responsabilidad del Ministerio de Educación tomar decisiones centralizadas en este tipo de escenarios.

“Es difícil y no corresponde que el Ministerio de Educación tenga una especie de tuición global sobre lo que está pasando”, sostuvo, argumentando que cada establecimiento conoce mejor su propia realidad.

En esa línea, agregó que “no se conoce lo que está pasando en cada uno de esos lugares y a qué responde”, por lo que son los propios recintos educativos quienes deben evaluar y adoptar las medidas necesarias.

Coordinación y protocolos

La autoridad también destacó que, ante la existencia de amenazas, las decisiones se toman en coordinación con las fuerzas de orden. “Obviamente en una coordinación con Carabineros si existen amenazas”, precisó.

Asimismo, recalcó la importancia de contar con protocolos claros para enfrentar este tipo de situaciones. “El establecimiento tiene que tener protocolos para reaccionar oportunamente según sea la gravedad de la situación”, indicó.

Advirtió sobre la necesidad de actuar con cautela para evitar consecuencias mayores, “Tampoco podemos permitir que se generalice el pánico y mucho menos que se interrumpa el desarrollo de las clases”.

Las declaraciones se dan en un contexto donde distintas comunidades educativas han debido enfrentar amenazas, lo que ha reabierto el debate sobre seguridad escolar y los criterios para suspender actividades académicas.