Por Carlos Agurto
El debate en torno a cambios al sistema de pensiones se tomó la agenda y así lo entiende la Presidenta Michelle Bachelet. Por esta razón, la Mandataria convocó para este jueves, a las 15 horas, al Comité de Ministros que analiza las tres propuestas globales y 58 específicas contenidas en la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, más conocida como Comisión Bravo.
La finalidad del Comité, liderado por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, es proponer a la Presidenta “los ajustes normativos pertinentes en el corto y mediano plazo, para dotar al sistema de pensiones chileno de mayor legitimidad social”, según revela el decreto con fuerza de ley firmado por la Jefa de Estado en marzo de este año creando dicha instancia.
No obstante, las diferencias existentes en su interior han demorado la definición de propuestas para la Mandataria, por lo que esperan que este encuentro sirva para que sea ella la que entregue luces de cuál debe ser el camino a seguir el Ejecutivo en las próximas semanas.
Fuentes conocedoras de las negociaciones al interior de la Comisión ministerial revelan que existe distancia entre un sector liderado por los ministros Valdés y Céspedes que plantean la necesidad de acotar la discusión de cambios a la creación de la AFP estatal y dejar una “hoja de ruta” para realizar cambios más profundos al sistema en las siguientes administraciones.
No obstante, otro grupo compuesto por los titulares de Desarrollo Social, Marco Barraza; y de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, ambos militantes del Partido Comunista (PC), empujan por avanzar en cambios más profundos al sistema durante el actual gobierno.
De hecho, aspiran a que en los poco más de 18 meses que le quedan a esta administración se inicie un proceso que culmine con la implementación de un sistema mixto, que considere aportes de trabajadores, empleadores y el Estado.
Es decir, uno similar a la propuesta global B incluida en el informe final de la Comisión Bravo –que contó con los votos favorables de 11 de sus 24 integrantes- y a la aprobada en el último Congreso Nacional del PC realizado en abril pasado.
La posición de los ministros comunistas se vio fortalecida luego que el pasado lunes en la tradicional reunión del comité político en La Moneda, instancia en la que no participó el ministro Valdés, se resolvió trabajar en la elaboración de una ley corta, propuesta que no estaba en los planes originales de Hacienda.
Al día siguiente, el mensaje del jefe de la billetera fiscal fue claro. “Lo que no vamos a hacer en este gobierno es algo populista, algo que arriesgue las finanzas públicas hacia adelante”, planteó.
En esa línea, ejemplificó con la discusión que se dio en el primer gobierno de Bachelet que concluyó con la inclusión del actual pilar solidario. “Esa reforma tomó mucho tiempo, más de un año de diseño y de discusión en el Congreso. (…) Dar pasos en falso que alivien el corto plazo es fácil, pero no son buenos para el mediano plazo, menos para las próximas generaciones”.
Con todo, no descartó que se pueda avanzar con una ley corta, aunque advirtió que eso significaría aplazar otras materias. “Siempre puede haber espacio postergando otras cosas”, planteó.
Sin embargo, en el grupo de ministros PC también existe preocupación de que una eventual ley corta que implique modificaciones “cosméticas” al actual sistema, como un incremento de la tasa de cotización o la licitación de cartera de cotizantes antiguos para bajar los costos de administración, permita calmar los ánimos en el corto plazo pero impida el avance hacia un cambio más radical en los próximos años, tal cual ocurrió con las reformas impulsadas tras el informe de la Comisión Marcel.
Irrupción de parlamentarios
La “indefinición” de Valdés, que ayer no quiso referirse específicamente al tema de pensiones en el Congreso, también ha generado resquemores entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría que han decidido irrumpir en el debate con la presentación de distintas propuestas.
A la presentación realizada el martes pasado por los diputados DC Fuad Chahin, Patricio Vallespín, Marcelo Chávez, Ricardo Rincón y Pablo Lorenzini de un proyecto de acuerdo, en el que piden al Ejecutivo el envío de una iniciativa legal que posibilite el retiro de hasta el 25% de los ahorros previsionales de cada cotizante, para comprar un inmueble, se sumaron parlamentarios del PR, PPD y PS, quienes junto al senador independiente (en cupo del PR) Alejandro Guillier, presentaron un proyecto de reforma constitucional que permita al Parlamento ser colegislador en materia de proyectos de ley que busquen modificar el sistema previsional. Actualmente, el Ejecutivo tiene la exclusividad para presentar cambios en este ámbito.
Esto se sumó a la amenaza de interpelación al ministro Valdés por parte del parlamentario oficialista, Pablo Lorenzini, ante lo que la autoridad respondió que serían los parlamentarios los que tendrían que "explicar sus decisiones".
Finalmente dicha ofensiva no prosperó. Tras reunirse con el ministro de Hacienda, el jefe de la bancada DC, Fuad Chahin, reconoció que acordaron trabajar en dos líneas. "Una que van a ser más estructurales y que sus resultados van a ser a mediano y largo plazo, y también ir construyendo una respuesta para la demanda actual de quienes hoy están recibiendo una pensión que es insuficiente o que están pronto a jubilar", explicó.
"Para eso vamos a seguir la próxima semana con una serie de reuniones a las que también se va a incorporar la ministra del Trabajo", agregó Chahin
