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O'Reilly alista viaje al Vaticano mientras Corte Suprema define su expulsión de Chile

#T13Domingo | Sacerdote condenado en 2014 por la justicia por abuso sexual iría a Roma a declarar en causa canónica que la Santa Sede aún sigue en su contra. Así lo hizo ver ante la Corte de Apelaciones, que debe resolver recurso del religioso para frenar su expulsión, dictada por el Ministerio del Interior.

Crédito: Agencia UNO
OReilly alista viaje al Vaticano mientras Corte Suprema define su expulsión de Chile
Por Phillip Durán

En los próximos días, el sacerdote John O'Reilly -condenado en 2014 como autor de delitos reiterados de abuso sexual, por lo que recibió una pena de cuatro años y un día en libertad vigilada- pediría una autorización judicial para salir del país, rumbo a Roma.

El objetivo del posible viaje: “efectuar sus descargos en la causa canónica que lo afecta y que se tramita en la ciudad del Vaticano”.

Así se lee en un escrito que la defensa del sacerdote presentó ante la Corte de Apelaciones. Se trata de una “orden de no innovar”, presentada como parte de una causa abierta por el propio religioso, quien pidió en agosto pasado dejar sin efecto la decisión del Ministerio del Interior de expulsarlo de territorio nacional.

Aunque la justicia chilena entregó su sentencia hace dos años en torno a los abusos sexuales, la causa canónica en El Vaticano aún está en marcha. En septiembre del año pasado, de hecho, la bancada de diputados DC envió un oficio a la Cancillería chilena, para que "realice las gestiones necesarias para exigir, por parte del Vaticano, una pronta resolución de los procesos eclesiásticos referidos a abusos de menores cometidos por miembros de la Iglesia en Chile".

Disputa por expulsión

El pasado 6 de julio, O'Reilly presentó un recurso de protección, con el objetivo de dejar sin efecto un decreto de agosto de 2015 de Interior. "La conducta ejecutada por el extranjero -dice el decreto del gobierno, aludiendo a la condena por abuso sexual- vulnera los bienes jurídicos de la integridad, libertad e indemnidad sexual y la seguridad pública, lo que genera graves consecuencias sociales, que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado, y cuya realización atenta directamente contra el bienestar común y el orden social, no siendo útil ni ventajosa su residencia en el territorio nacional".

REVISA AQUÍ EL RECURSO DE PROTECCIÓN DE O´REILLY

Por su parte, el recurso de O'Reilly -quien nació en Irlanda, el 11 de diciembre de 1946 y llegó a Chile en 1985- apuntó a que tanto al momento de ocurrencia de los casos de abuso como de la sentencia de la corte, el sacerdote aún tenía la nacionalidad chilena, por lo que no es posible aplicarle la Ley de Extranjería, que permite la expulsión del país. “La aplicación retroactiva de la pérdida de nacionalidad constituye una interpretación absolutamente arbitraria e ilegal de una ley que rige sólo para el futuro”, se lee en el escrito presentado por el sacerdote.

O'Reilly había recibido en 2009 la nacionalidad por gracia, como reconocimiento a su labor “apostólica y educativa”, de acuerdo a la definición del Congreso. Tras la sentencia de 2014, el mismo Parlamento aprobó una ley en marzo de 2015 -que entró en vigencia al mes siguiente- para revocar la nacionalidad por gracia. Así, el sacerdote quedó con el permiso de residencia definitiva, que había obtenido a fines de 1985.

Fue en agosto de 2015 cuando el Ministerio del Interior revocó además ese permiso de residencia, decretando su expulsión de territorio nacional en un plazo de 72 horas. Plazo que, por existir una pena pendiente, se contaría una vez cumplida la condena.

REVISA AQUÍ EL DECRETO DE EXPULSIÓN DE INTERIOR

O´Reilly pidió directamente a Interior -a través de un mecanismo administrativo- revertir la decisión. La negativa del gobierno la recibió en abril de este año, por lo que en agosto presentó su recurso de protección.

Este recurso de protección iba a ser resuelto el viernes pasado por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado -que representa al Ministerio del Interior- recusó a un abogado integrante de la sala, por lo que quedó todo postergado para la próxima semana.

Sin pasaporte

Con todo, un día antes, el jueves, O'Reilly también había ingresado un escrito: la “orden de no innovar” en que menciona su intención de viajar al Vaticano.

El documento fue presentado por el abogado que representa a O'Reilly, Cristián Muga. Y afirma que, según antecedentes entregados por el propio Ministerio del Interior al tribunal, “la revocación del permiso de residencia y la orden de abandono se encuentra ingresado al sistema computacional GPOL de la Policía de Investigaciones”.

En ese contexto, Muga sostiene que ese hecho “hace imposible que mi representado pueda salir del país y posteriormente regresar a territorio nacional”.

“En efecto, el sacerdote Reilly ya no tiene pasaporte chileno; su permiso de residencia ha sido revocado y, además, se ha decretado el abandono del territorio nacional, por lo que cualquier salida del país significaría la imposibilidad de absoluta para reingresar, ya que la sanción administrativa impugnada está ingresada a los sistemas de control migratorio”, se lee en el documento.

REVISA AQUÍ LA "ORDEN DE NO INNOVAR" DE O'REILLY

Es en ese contexto que el escrito afirma que “esta situación no es una mera conjetura o advertencia de males hipotéticos, ya que mi representado debe solicitar autorización judicial para salir del país por un plazo breve” con miras a su visita a El Vaticano.

Según explicaron abogados que conocen la causa, la Corte de Apelaciones podría resolver la próxima semana si acoge la orden de no innovar. Si la rechaza o la acoge, estaría en condiciones de entregar un fallo definitivo a fines de esa semana.

Como sea, la definición puede ser recurrida ante la Corte Suprema.

En todo caso, si se rechazara el reclamo de O'Reilly, dicen en su defensa, la posibilidad de viajar a El Vaticano tendría que ser forzosamente evaluada.

Argumentos de Interior

En los días previos a que O´Reilly presentara su orden de no innovar, el Ministerio del Interior había hecho llegar a la corte un documento con sus propios argumentos.

En dicho texto, el gobierno sostiene que no existe una aplicación retroactiva de la Ley de Extranjería, pues esta no pone a Interior condiciones como las señaladas por la defensa para aplicar sus normativas.

Así, señala que “la Ley de Extranjería no dispone expresamente que el extranjero debe tener la calidad de tal al momento de incurrir en las acciones o conductas que fundamentan la sanción migratoria, sino que sólo se refiere a que, con posterioridad a su otorgamiento del permiso, estos realicen las conductas descritas".

REVISA AQUÍ LOS ARGUMENTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

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