La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró que enviará una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Chile.
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Esto luego que el canciller Teodoro Ribera, confirmara durante el mediodía de este jueves que el gobierno solicitó a la oficina de la Alta Comisionada que envíe a un equipo de personas a evaluar la situación de los derechos fundamentales de las personas durante los toques de queda y las protestas masivas que se han visto en el país.
"Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Chile. Parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión de UN Human Rights", declaró la ex mandataria.
Fuentes cercanas a la Alta Comisionada aseguraron que este lunes o martes llegarían hasta Chile al menos 3 observadores para ver en terreno la situación que se está viviendo en nuestro país.
Bachelet mantuvo una llamada con el Presidente Piñera que habría sido de al menos unos 20 minutos donde se habría compartido la intención de ambos de poder avanzar en esta situación que se está viviendo en el país.
El Canciller agregó que "es importante que tengan plena transparencia, pleno acceso, el Presidente de la República va a comunicarse a la brevedad con la Alta Comisionada Bachelet y ratificarle lo que le estoy indicando a ustedes".
El canciller puntualizó que el caso del uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, ha sido conversado con el Presidente y que ha habido "mucha proactividad del gobierno respecto de los derechos humanos".
Las protestas comenzaron la tercera semana de octubre con evasiones masivas en el Metro de Santiago y luego derivaron en un movimiento más amplio con diversas demandas sociales apuntando a la desigualdad que existe en el país.
Tras decretar estado de emergencia y entregar la seguridad del orden público a las Fuerzas Armadas, el Presidente Sebastián Piñera anunció un grupo de medidas para aplacar el descontento. Entre ellas, un alza en las pensiones asistenciales y el aseguramiento de un ingreso mínimo de 350 mil pesos.
