Fiscal de Antofagasta y desafuero de diputada Catalina Pérez: “Existen antecedentes que justifican la existencia del delito”
Agencia Uno - Diputada Catalina Pérez
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La Fiscalía Regional de Antofagasta valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de desaforar a la diputada del Frente Amplio Catalina Pérez, a quien se le acusa de tres delitos de fraude al fisco en el marco del Caso Democracia Viva, la causa judicial que dio vida al denominado Caso Convenios.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, valoró la unanimidad del fallo y recalcó que aquello significa que los antecedentes entregados justifican la existencia del delito.
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“El tribunal, sobre la base de dejar muy en claro que no se puede pronunciar del fondo del asunto, es decir, resolver sobre la culpabilidad o no de la persona que está siendo desaforada, resolvió que sí existen antecedentes que justifican la existencia del delito y la participación, en este caso, de la persona desaforada”, dijo el persecutor.
“Eso es muy relevante porque descarta, de esa manera, que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza. La Corte de Apelaciones estima que hay antecedentes objetivos que permiten continuar adelante y conceder el desafuero; y eso significa que hay antecedentes probatorios que lo ameritan”, agregó.
El Ministerio Público asegura que la diputada Pérez “daba las indicaciones” en el caso, y que borró conversaciones con el objetivo de “ocultar información”.
Recordemos que los principales acusados en el Caso Democracia Viva son Daniel Andrade, expareja de Catalina Pérez y director de la Fundación Democracia Viva, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de la misma parlamentaria.
Qué viene tras el desafuero contra Catalina Pérez
El desafuero de Catalina Pérez es solo el primer paso en la causa judicial que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta contra la diputada. Ahora Pérez puede apelar a la decisión de la Corte de Apelaciones, ante la Corte Suprema, y para ello tiene cinco días.
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Si aquello se confirma, la fiscalía podrá formalizar a la parlamentaria por los cargos que le imputa y, en aquella instancia, el Ministerio Público podría pedir medidas cautelares contra la congresista.
Recién tras ello, comienza la preparación para el juicio oral.
