Política

Las pesquisas de la Fiscalía en la arista política del caso Penta-SQM

Las pesquisas de la Fiscalía en la arista política del caso Penta-SQM
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Informe de la PDI contiene declaración de ex concuñada de Fulvio Rossi y rechazo de hijo del diputado Roberto León a responder preguntas. También da cuenta de que fiscales buscan a estafeta de la UDI que emitió boletas, y de frustrado interrogatorio al ex embajador Rozas.

Por Christian Rendic

Fue el 6 de febrero cuando el fiscal Carlos Gajardo dictó a la PDI la instrucción de ubicar y entrevistar a 17 personas que emitieron boletas de honorarios a Soquimich. En la lista figuraban siete nombres ligados a la arista política del caso: Roberto León Araya (hijo del diputado DC del mismo nombre); Carlos Sepúlveda y Mónica Gajardo (asistente de la sede central de la UDI y su esposa);  Marcelo Rozas, Michelle Reymond y Daniel Rozas (ex embajador DC en Praga, su esposa y uno de sus hijos), y Valentina Martínez (ex concuñada del senador PS Fulvio Rossi).

Mientras algunos no fueron ubicados, otros optaron por no prestar declaración.

Roberto Javier León Araya figura emitiendo al menos una boleta a SQM por $2,5 millones en 2009. Este pago se hizo público luego de que el SII autorizara a la Fiscalía a requisar la información contable de la minera de julio de 2009, año de elecciones.

A fines de febrero el diputado DC salió en defensa de su hijo y aseguró que éste, ingeniero agrícola, prestó una asesoría a SQM, a la vez que descartó que los fondos hayan sido usados en su campaña para la reelección. Sin embargo, Roberto León Araya no quiso declarar. Según consta en el registro de la diligencia policial, tras ser contactado por teléfono y electrónicamente, se abstuvo de prestar declaración “por orientación de su abogado, no indicando datos de este último”.

También fue incluido en la diligencia el matrimonio compuesto por Carlos Sepúlveda y Mónica Gajardo. Sepúlveda trabaja hace años como estafeta en la sede central de la UDI en calle Suecia y, según registros de SQM, él y su esposa emitieron boletas a nombre de la minera entre 2010 y 2014 por casi $ 140 millones. Lo mismo en el caso de Marisol Cavieres, secretaria de confianza de los presidentes de la colectividad, quien junto a su esposo y dos hijos suman boletas extendidas por supuestos servicios a SQM en el mismo período por unos $ 115 millones.

La PDI se presentó en tres ocasiones en la casa de Sepúlveda, pero no logró ubicar al matimonio que, según ha trascendido en las filas gremialistas, al igual que Cavieres y su familia facilitó boletas como parte de un antiguo mecanismo utilizado por la UDI para obtener fondos para la operación del partido.

El otro grupo familiar incluido en las diligencias ordenadas por la fiscalía es el del ex embajador en República Checa, Marcelo Rozas. Ex integrante de los “salvadoreños” de la DC, Rozas, su esposa Michelle Reymond y su hijo Daniel registran en conjunto boletas extendidas a nombre de SQM por más de $ 670 millones.

Las primeras pesquisas de la policía arrojaron que los tres estaban de vacaciones hasta que, los primeros días de marzo, Marcelo Torres, abogado del ex diplomático, señaló que todos “se presentarían voluntariamente en esta Unidad el día miércoles 11 de marzo, lo que no se concretó”. Hace nueve días, el mismo abogado “comprometió la entrevista de los señores Marcelo Rozas y Daniel Rozas” para este jueves 26, a las 9:30 y 11 horas, respectivamente. Fuentes vinculadas al caso aseguran que no se presentaron a declarar.

En tanto, quien sí fue ubicada y prestó declaración a los detectives fue Valentina Martínez Zaror. Ella es hermana de un ex cuñado del senador PS Fulvio Rossi y el 7 de julio de 2009 emitió una boleta por $ 4.444.444 a Soquimich. Además, fue incluida en la denuncia presentada por el SII ante la Fiscalía, donde figura recibiendo más de $ 22 millones de parte de SQM en un año.

Ingeniera en Computación, Martínez Zaror dijo a los detectives “no recordar de qué manera me presenté ante la empresa SQM”, pero que el trabajo de julio de 2009 “consistió en realizar una investigación y seguimiento en redes sociales sobre los movimientos que habían entre la empresa SQM S.A. y el Salar de Llamara, al interior de la ciudad de Iquique”.

Agregó que el trabajo duró tres meses (partió en mayo de ese año) y que entregó las conclusiones vía correo electrónico. Luego no quiso referirse a otros servicios prestados para SQM y dijo “no recordar” cuál fue el medio de pago ni qué cuenta de correo, Twitter o Facebook utilizó. Asimismo, si bien asegura que utiliza un correo de gmail hace cinco años, añade en su declaración que “no obstante digo que para el trabajo ocupé otras cuentas de las que no recuerdo en este momento”.

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