"Es preocupante y grave": ministra Vallejo cuestiona apoyo de Kast a proyecto de ley que conmuta penas

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirieron esta tarde al comité político ampliado del gobierno de Gabriel Boric, que se realizó en La Moneda, destacando que la reunión busca garantizar la continuidad de la agenda progresista, al tiempo que se analizan avances y cuestionamientos sobre iniciativas legislativas, como el proyecto de conmutación de penas.

La reunión comenzó alrededor de las 15:00 horas y convocó a representantes de los partidos oficialistas.

La ministra Vallejo fue consultada sobre los dichos del presidente electo, José Antonio Kast, quien calificó de “humanitario” el proyecto de conmutación de penas a adultos mayores y que podría liberar a criminales de lesa humanidad.

En su respuesta, Vallejo cuestionó la coherencia de la postura de quienes impulsan la medida:

"Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos, y ahí se reflejan las contradicciones. La ciudadanía no entiende cómo, por un lado, se promete mano dura contra la delincuencia y, al mismo tiempo, se empuja tan vehementemente un proyecto que busca abrir las puertas de las cárceles a homicidas, violadores, femicidas, genocidas. No es sostenible ese doble discurso en nuestro país", señaló.

Vallejo cuestiona apoyo de Kast a proyecto de ley que conmuta penas

La vocera de Gobierno añadió que el respaldo a la iniciativa por parte de Kast y algunos parlamentarios es alarmante. "Yo creo que es preocupante y grave que no solamente los parlamentarios de derecha en el Congreso estén empujando esto, sino que existe actualmente de manera manifiesta un respaldo a esta iniciativa del presidente electo".

"Nosotros terminamos nuestro mandato el 11 de marzo, pero el Parlamento va a seguir discutiendo esto, y están las víctimas que ven con estupor cómo avanza una iniciativa como esta. La ciudadanía tiene que estar vigilante de este tipo de iniciativas. La democracia no se deposita solo cada cuatro años en una urna. La ciudadanía votó por los parlamentarios y tiene que saber exigir también que, cuando se habla de seguridad, este tipo de iniciativas no puede prosperar, porque se pone en riesgo la seguridad de las víctimas."

Vallejo recordó, además, la reciente promulgación del proyecto para la creación de la Defensoría de las Víctimas, señalando que este tipo de leyes contradicen el objetivo de proteger a quienes han sufrido delitos graves.

"Acabamos de promulgar el proyecto para la creación de la Defensoría de las Víctimas, porque consideramos necesario que el Estado de Chile acompañara de mejor manera a las víctimas de graves delitos, y ahora les decimos a esas mismas víctimas que podemos ponerlas en riesgo por sacar de las cárceles de manera anticipada a criminales peligrosos, por supuestamente razones humanitarias… No estamos hablando de gente que va a morir, solo tienen enfermedades comunes. O sea, ¿ponen más sentido de humanidad en un criminal que en las víctimas? ¿Qué pasa con las víctimas de las violaciones a derechos humanos? ¿Qué pasa con el hijo de la mujer que fue asesinada por un femicida? ¿O con los familiares de Ámbar? Yo creo que la ciudadanía tiene que exigir coherencia de sus representantes políticos. Cuando se promete mano dura contra la delincuencia, no se puede al mismo tiempo habilitar que criminales tan peligrosos salgan de las cárceles, por supuestamente razones humanitarias", expresó. 

Consultada sobre la posibilidad de que el Mauricio Hernández Norambuena, también conocido como Comandante Ramiro, pudiera beneficiarse de esta ley, Vallejo afirmó:

"Esto es una cuestión de criterio mínimo. Los criminales que están condenados en nuestro país tienen que terminar de cumplir sus penas como corresponde. Meter casos para hacer cuñas específicas desvirtúa la conversación que estamos intentando instalar. Aquí no vale la casuística, aquí lo que vale es un principio democrático básico: la justicia tiene que cumplirse, las condenas tienen que cumplirse".

Por su parte, Álvaro Elizalde enfatizó que quienes cometen delitos graves deben responder ante la justicia y cumplir íntegramente sus sentencias:

"La señal que se ha dado con la aprobación en general por el Senado de esta ley que consagra la impunidad es una peligrosa señal respecto de los desafíos que tenemos para enfrentar la delincuencia."