Montes admite en oficio fallas administrativas y falta de recursos del Minvu para enfrentar desalojos
Agencia Uno
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Por qué importa. El reconocimiento escrito que hizo en agosto el ministro Carlos Montes (PS) de la falta no solo de presupuesto, sino de mecanismos adecuados para dar respuesta inmediata a las órdenes de desalojo de campamentos, alertó sobre cómo responderá la cartera que dirige si comienza a ejecutarse la salida de las cerca de 10 mil personas que se estima viven en la toma de San Antonio.
- A la interrogante sobre las medidas que tomará el Ministerio de Vivienda (Minvu) si fracasan las negociaciones que lleva adelante —con la inmobiliaria San Antonio, el municipio y sus habitantes— para evitar el comienzo del desalojo programado para el jueves 27, se suma qué ocurrirá con las otras tomas en situación similar.
- El Minvu informó a este medio que, a enero de este año, había 52 campamentos con órdenes de desalojo, divididos en 28 por orden judicial y 24 de carácter administrativo.
- Las tomas son un tema que ya había complicado a Montes en 2023, cuando estalló el caso Convenios.
- Los tres contratos por $426 millones que firmó en 2022 la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva —ligada al partido oficialista Revolución Democrática (RD)— eran para proyectos de campamentos en esa región.
- Ex-Ante consultó a Vivienda si el reconocimiento de la falta de mecanismos administrativos adecuados para la atención inmediata de los desalojados constituía una negligencia de sus autoridades. La respuesta fue que “no está dentro de sus labores encargarse de los desalojos”.
- Los campamentos son un fenómeno que ha crecido ininterrumpidamente en Chile desde 2006, cuando se llegó a un mínimo de 490, en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
- Un catastro del Minvu mostró que en 2024 había 1.432 campamentos en Chile, un 31,3% más que en 2022, año en que asumió el Presidente Gabriel Boric.
El reconocimiento de Montes. El ministro Montes contestó en el oficio número 330 a las preguntas formuladas por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, para el informe anual del instituto. Un extracto de éstas fue incluido en el reporte de la entidad.
- La pregunta. “Señale las medidas adoptadas para atender a las necesidades de vivienda temporal o definitiva de las personas afectadas por los desalojos pendientes”, preguntó Contreras el 21 de junio de 2024.
- Catastro 2022. “A partir de la información social de los hogares del catastro de campamentos Minvu 2022, se establece el número de familias de campamentos con orden de desalojo que pueden optar a soluciones habitacionales por la vía de los programas regulares del ministerio, focalizando los esfuerzos en la aplicación de subsidios en el caso de familias de esos campamentos que cuentan con algún beneficio otorgado (subsidio de arriendo o adquisición de vivienda construida)”, respondió el ministro en el oficio del 26 de agosto.
- Ayudas potenciales. “Las familias que no cuentan con beneficios por no cumplir (con) los requisitos que establecen los programas habitacionales Minvu, pueden optar, eventualmente, a un beneficio asociado a un Gasto de Traslado Transitorio (GTT) por un tiempo acotado máximo de 12 meses”.
- El reconocimiento. “No obstante, el Minvu no cuenta con presupuesto ni con un mecanismo administrativo adecuado para la atención inmediata de estos casos, en el caso de producirse los desalojos previstos en el corto plazo”, contestó Montes en el oficio.
Las medidas informadas. En el oficio, el ministro enumeró otras medidas adoptadas en relación con los campamentos. Estas incluyeron:
- La entrega de 124 subsidios transitorios temporales a familias desalojadas en 2023 de los campamentos Martabid y Rupanco de Coronel, en la Región del Biobío.
- El otorgamiento de Gastos de Traslado Transitorios (GTT) a 341 hogares desalojados de campamentos de Colina y Cerro Navia en 2023.
- La entrega de GTT a 136 familias desalojadas de la toma 17 de mayo de Cerro Navia en 2024.
- El ministro informó también que a junio de 2024 se habían entregado 2.890 viviendas a 6.467 familias de campamentos vinculadas al Plan de Emergencia Habitacional (PEH).
Minvu asegura que los desalojos no están entre sus labores. Consultados por el oficio, el Minvu respondió por escrito que “esto sucede porque no está dentro de sus labores encargarse de los desalojos, sino que de la entrega de soluciones habitacionales a través de las diferentes vías y subsidios que entregan a la ciudadanía, beneficios que tienen pasos y una metodología de entrega. De ocurrir un desalojo es el Estado quien debe entregar las condiciones para ello”.
