La historia detrás de la renuncia de Carlos Gajardo

Por David Muñoz y Francisco Valenzuela

El viernes 12 de enero pasado, el fiscal Carlos Gajardo llegó hasta la Fiscalía Regional Oriente en calle Los Militares. Allí le esperaba el fiscal regional Manuel Guerra, quien en una breve reunión le comunicó una noticia que, a esa altura, pensaba que no recibiría: su superior jerárquico había decidido dar luz verde, con la venia del fiscal nacional Jorge Abbott, a un acuerdo de suspensión condicional del procedimiento para el senador UDI Iván Moreira en la arista principal del caso Penta.

Los términos del acuerdo entre el fiscal Guerra y la defensa del parlamentario, liderada por el abogado Gabriel Zaliasnik, habían sido desconocidos hasta entonces para Gajardo: el senador quedaría sin condena bajo la condición de la restitución al fisco de $35 millones, una cifra cercana a lo defraudado según la premisa de la investigación.

En la cita, Gajardo no escondió su opinión sobre lo que estaba ocurriendo. Quienes conocen la interna del Ministerio Público señalan que el ahora renunciado fiscal le expresó a Guerra su negativa a validar tal acuerdo, pues significaba dejar sin sanción punitiva a uno de los imputados emblemáticos del caso Penta, es decir, a uno de los primeros políticos involucrados en financiamiento irregular de campañas políticas. Se trataba del caso que desató un efecto dominó y cambió para siempre la forma de financiar la actividad política.  

Más allá de lo emblemático, Gajardo expuso argumentos: a su juicio se estaba frente a un diputado, es decir, un funcionario público, que utilizó un sistema irregular para financiar su campaña en 2013 con la que se convirtió en senador de la República.

Tras el encuentro, Gajardo volvió a su oficina en la Fiscalía Local de Ñuñoa y le comunicó la decisión de Guerra a su compañero de labores en la Unidad de Alta Complejidad, Pablo Norambuena.

Tras discutir lo ocurrido, enviaron juntos un correo electrónico al fiscal regional, dejando por escrito su oposición al acuerdo alcanzado con Moreira y su defensa.

La comunicación quedó sin respuesta hasta el lunes de esta semana. Ese día Guerra les comunicó ambos fiscales que la decisión ya estaba tomada.

Acto seguido, el fiscal regional cursó la decisión enviando un escrito al 8° Juzgado de Garantía en el que solicitaba la audiencia para  realizar la suspensión condicional del procedimiento.

Esa misma mañana de lunes y cuando la noticia se extendía como reguero de pólvora, Gajardo escribió un Tuit que le anticipaba a los entendidos lo que se venía, colgando de la red social un pantallazo de una declaraciones del fiscal nacional en las que anticipaba que en los casos de “mayor relevancia” se iba privilegiar el juicio oral “con el objeto de obtener la mayor cantidad de penas”.

Con los hechos sobre la mesa, Gajardo y Norambuena le piden a Guerra un nuevo encuentro para el miércoles –el martes era feriado por la visita del Papa- en el que ambos fiscales le informan a su superior jerárquico que se tomarían unos días para reflexionar sus pasos a seguir. En paralelo, el tribunal fijó la fecha para la salida alternativa: el 30 de enero.

La tercera es la vencida

El fiscal Gajardo se había opuesto en dos ocasiones anteriores a darle una salida alternativa a Moreira. Su defensa había solicitado la suspensión condicional del procedimiento cuando el fiscal Alberto Ayala era el jefe regional oriente, y posteriormente cuando la causa estaba bajo la tutela de Sabas Chahuán, quien al finalizar su periodo, en un hecho excepcional, dirigió las indagatorias al corazón de la política.

Hay quienes puntualizan en el hecho de que si bien los fiscales se opusieron en este caso, no lo hicieron en el caso del ex diputado Alberto Cardemil, quien en agosto del año pasado se acogió a una suspensión condicional gracias a la que se encuentra pagando $10 millones en diez cuotas y firmando mensualmente durante un año.

Cardemil al igual que Moreira  fue imputado por facilitación de boletas ideológicamente falsas por un monto de $10 millones.

En el entorno de los fiscales hacen diferencias  entre ambos casos principalmente apuntando al hecho de que Moreira era diputado, es decir, es la condición de funcionario público lo que le agrega gravedad al asunto.

En marzo del año pasado, los fiscales Gajardo y Norambuena cerraron la indagatoria y presentaron acusación en contra de 36 personas en el caso Penta, incluido el senador Moreira.

Para el parlamentario UDI solicitaron una pena de tres años por delitos tributarios e infracción a la ley de donaciones: se le acusaba por la emisión de nueve boletas ideológicamente falsas que fueron incorporadas en las contabilidades de Penta por $38.888.890.

La acusación, en todo caso, obligaba a presentar antes una petición de desafuero en contra del parlamentario.

La historia dice que tras una larga batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema, los fiscales impusieron sus términos: Moreira terminó desaforado. Pero lo estrecho de esta victoria fue también su lápida ya que Guerra justificó su decisión de evitar el juicio oral en el riesgo de absolución, pues en dicho fallo ocho ministros de la Suprema consideraban que la conducta de Moreira no sería constitutiva de delito.

De esos ocho, tres integran la Segunda Sala del máximo tribunal, que es la sala penal donde terminaría, de todas maneras, el caso tras un eventual juicio oral, fue la explicación de Guerra.

"Se renuncia a un reproche penal y se renuncia a una búsqueda de una sanción penal", dijo Norambuena, después de presentar su dimisión.

El futuro

La renuncia de Gajardo y Norambuena se tornó, tras la decisión de Guerra, en un hecho consumado para ambos fiscales. Ambos no encontraron demasiado espacio para seguir en el Ministerio Público, aunque se trataba de una sensación que venían masticando desde hace rato, especialmente, luego que el propio Gajardo fuera relegado sucesivamente de las principales causas ligadas al financiamiento irregular de la política. Primero de SQM, la arista que tuvo su origen en las manos de Gajardo y posteriormente en Corpesca, en cuya causa ya había sido marginado provocando entonces un amago de renuncia.

Para la historia quedará el hecho de que el caso Penta fue el caso que cambió la política de nuestro país: golpeó al corazón de la UDI sacando dramáticamente de la primera línea a dos figuras centrales del partido como Jovino Novoa y Pablo Longueira –uno condenado y otro con su proceso aún abierto- y motivó que la clase política se volcará a legislar y cambiar para siempre el financiamiento de su actividad.

El golpe también se sintió en el oficialismo, donde el principal damnificado fue el entonces ministro del Interior de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, quien sigue investigado por boletas presuntamente falsas por servicios prestados a la empresa Asesorías y Negocios del operador político de la Concertación, Giorgio Martelli, que a su vez recibió recursos de SQM.

Mientras tanto, Gajardo se tomará vacaciones -tiene muchas acumuladas- y volverá los últimos días de marzo para cerrar su oficina en Ñuñoa y hacer el traspaso de las causas. Su renuncia se hará efectiva el último día de marzo.

Lo que ocurra con Moreira será determinante para el resto de los imputados del caso Penta: Carlos Délano y Carlos Lavín deberían enfrentar un juicio oral, pero no se descarta que se llegue a un acuerdo en los temas tributarios, aunque también está la arista de soborno por los pagos realizados al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

También están a la espera el ex alcalde Pablo Zalaquett y el ex ministro Laurence Golborne, además del diputado UDI Felipe De Mussy.

Otras causas que deja Gajardo, de las pocas que le quedaban, son las del ex ministro Jorge Insunza, y la investigación por el desfalco en la ANFP durante la gestión de Sergio Jadue.

En tanto, las rsalidas de Gajardo y Norambuena remecen el ambiente interno en la fiscalía, donde las aguas habían estado agitadas tras la reciente publicación y difusión de una nueva Política Comunicacional del Ministerio Público donde se consideraban “actos de corrupción” cualquier tipo de filtración de información de causas sensibles.

Conocida internamente como la “ley mordaza” de Abbott, fue interpretada entre fiscales y funcionarios como la consolidación de un cierto estilo del fiscal nacional que ya se instaló en la institución.