Informes de la UAF, chats de whatsapp y transcripción de audios: las pruebas que usó la Fiscalía para allanar la Junaeb y el Congreso
Diversos allanamientos se realizaron este jueves en la Junaeb y el Congreso en el marco de una nueva investigación por presuntos delitos de corrupción en la entidad escolar.
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Fraude al fisco, fraude informático, delitos contra la salud pública, falsificación de instrumento privado, cohecho y lavado de activos. Son las cinco imputaciones que invocó la fiscal Constanza Encina para pedir autorización a una serie de allanamientos e incautaciones que se realizaron esta mañana en diversos puntos del país tras un esquema de corrupción en la Junaeb derivado de las raciones de alimentos.
Antes de requerir el accionar de la PDI, la indagatoria se realizó bajo estricto secreto, pues además de estar investigando a exaltos funcionarios de la entidad escolar y empresarios del rubro, también los seguimientos estaban sobre dos senadores en ejercicio y un exdiputado.
Así, este jueves, la fiscal Encina lideró las medidas intrusivas en diversos domicilios de la Regiones Metropolitana y Valparaíso, además de las oficinas centrales de la Junaeb y el Congreso para incautar celulares, computadores y lograr el acceso de los correos electrónicos de: los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND), del exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), el asesor político Gianni Rivera (DC), el abogado Darío Calderón y los empresarios Matías Pizarro y Jaime Rey.
Además, la PDI solicitó los aparatos tecnológicos de Camila Rubio, exdirectora de la Junaeb; Claudio Alcatruz, exjefe de Alimentación de la Junaeb; Reinaldo Oliva, de la Asociación Gremial Adena, y Hans Linneberg, director ejecutivo del Centro Corporativo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Para justificar la arremetida policial, la Fiscalía Oriente informó al Cuarto Juzgado de Garantía una serie de antecedentes que dan cuenta de “graves irregularidades” cometidas por la Empresa Soser en la ejecución de contratos de licitación pública referidos a la “prestación de servicios de alimentación” en distintos establecimientos de la Región de O´Higgins.
Así, se habría acredito “sobre declaraciones de raciones de alimentación, falsificaciones de certificados de raciones que permiten pagos improcedentes, incorporación de información falsa y beneficios indebidos a directores de colegios públicos y encargados PAE”, se lee en el documento judicial, al que tuvo acceso Reportajes Teletrece.
En ese contexto, el Ministerio Público entiende que se habría cometido “delitos reiterados” de soborno y cohecho a distintos funcionarios públicos para “favorecer los intereses de la empresa Soser", cuya entidad obtuvo información reservada para adjudicaciones de las licitaciones de la Junaeb.
Otro de los aspectos que argumentó la fiscal Constanza Encina al tribunal para justificar la entrada y registro de los empresarios y parlamentarios, tiene relación con informes de la UAF, documentos bancarios, transcripción de audios y mensajería de whatsapp analizados sobre los diversos imputados.
“Teniendo los resultados obtenidos, los hechos que se han descubierto gracias a la ejecución de diligencias intrusivas solicitadas y autorizadas previamente por este tribunal, específicamente 9.7.26, 14.7.26 y 15.7.26, cuyo resultado ha dado cuenta de la comisión de graves delitos de corrupción”, sostuvo el documento de la Fiscalía.
Con todo, la investigación reservada tendría acreditado un mecanismo “sostenido en el tiempo”, que además del pago de coimas y obtención de información clasificada de los procesos de alimentación, los imputados habrían presionado a la cúpula de la Junaeb para la “remoción de funcionarios que desempeñaban funciones de fiscalización, a cambio de beneficios económicos y de índole laboral”.
Una indagatoria que inicia una segunda etapa de la cual pronto vendrían formalizaciones acompañado de eventuales solicitudes de desafuero para los dos senadores involucrados en esta nueva trama de corrupción que afecta a la Junaeb.
