La red de coimas en el Servicio de Migraciones: CDE se querella por más de $17 millones en sobornos para facilitar residencias definitivas
La red de coimas en el Servicio de Migraciones se detectó en el Departamento de Residencias Definitivas.
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En medio de la crisis que desató el informe de Contraloría sobre la masiva llegada de niños haitianos desde Puerto Príncipe en el marco del programa de reunificación familiar del Servicio de Migraciones, el Ministerio Público inició otra investigación: el pago de coimas para tramitar visas permanentes en Chile.
Así, según la carpeta investigativa, en 2022 el Servicio de Migraciones mantenía un elevado número de solicitudes de residencia definitiva en estado pendiente de tramitación, cuyos procesos estaban demorando hasta más de un año.
Para mejorar el avance de los requerimientos de los ciudadanos extranjeros, el Departamento de Residencias Definitivas utilizaba un sistema de asignación mediante “planillas”. En esa lógica, cada analista debía intervenir “exclusivamente” los casos asignados, salvo que la jefatura “autorizara” algún cambio en esas dinámicas.
Pero hubo dos funcionarios que habrían diseñado un sistema corrupto: se trata de Marcela Paredes Jara y Javier Navarro Martínez, quienes fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de cohecho, de acuerdo a información exclusiva que obtuvo Reportajes Teletrece.
Paredes era funcionaria a contrata y–según el CDE–contaba con experiencia y acceso a los sistemas utilizados para la tramitación de residencias definitivas. Mientras que Navarro cumplía la función de analista en la unidad señalada en el Servicio de Migraciones, bajo la modalidad de honorarios: su trabajo era procesar la documentación presentada por los extranjeros, además de operar las plataformas informáticas. “Todo ello con sujeción a los procedimientos vigentes y a los deberes de probidad, imparcialidad y eficiencia administrativa”, se lee en la acción judicial.
De esta forma, de acuerdo a las pesquisas, se determinó que Javier Navarro comenzó a intervenir en solicitudes que “no formaban parte de su carga de trabajo”, acelerando el proceso a “cambio del pago de sumas de dinero”.
Por cada gestión–denunció el CDE– los solicitantes le habrían cancelado $140 mil por cada trámite por medio de un intermediario, quien recibía la mitad del dinero.
“Este mecanismo fue ejecutado, al menos, entre los meses de octubre de 2022 y marzo de 2023, periodo durante el cual Navarro intervino y aceleró, infringiendo los deberes de su cargo, la tramitación de 250 solicitudes de residencia, recibiendo un beneficio económico total estimado en $17.500.000”, expuso la querella del Consejo de Defensa del Estado.
Contralora dio cuenta de esta “red” en el Congreso en junio pasado
Otro de los episodios reportados tienen que ver con Marcela Paredes, quien habría ofrecido a una compañera de labores–Andrea Olave Hermosilla–entre $100 mil y $200 mil por cada gestión “acelerada”, el 15 de diciembre de 2022.
“La querellada propuso que ambas se repartieran por mitades el dinero pagado por los interesados, con el objeto de obtener un beneficio económico a cambio de alterar la tramitación regular de solicitudes correspondientes a ciudadanos extranjeros”, detalló el escrito del CDE.
Con estos antecedentes, la acción judicial estableció que los imputados ocasionaron un perjuicio directo al correcto funcionamiento del Servicio de Migraciones, “pues sustituyeron los criterios institucionales de asignación, prioridad y orden de tramitación por un mecanismo basado en el pago de dinero”.
Los primeros indicios de esta red de corrupción fueron revelados por Dorothy Pérez cuando asistió al Congreso a fines de junio de 2024.
En esa instancia sostuvo que recibieron la denuncia sobre una funcionario del SNM que habría agilizado la tramitación de documentos migratorios “a cambio de pagos”. Sin embargo, la Contraloría no pudo acreditarlo, por lo que derivó la información al Ministerio Público.
