Una medialuna, una antigua decisión de Dorothy Pérez y un contrato con un familiar del senador de Urresti: la trama del caso Chillán

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, realizó un último intento para no asistir al Juzgado de Garantía y enfrentar su formalización por fraude al fisco este viernes 16 de octubre.

El día 7 pasado, su defensa –liderado por el abogado Marcelo Villena– presentó un escrito para solicitar que el jefe comunal participara de la audiencia de forma telemática. Sin embargo, la fiscal del caso, Nadia Espinoza, se opuso al advertir que el imputado tiene domicilio conocido en la ciudad de Chillán.

“En la audiencia el fiscal expondrá verbalmente los cargos en contra del imputado(...) Efectivamente se discutirán medidas cautelares, por lo que su presencia es indispensable y necesaria”, se lee en el escrito.

Así, estos argumentos fueron tomados en cuenta por el magistrado Manuel Vilches, quien no dio a lugar el requerimiento.

Si bien, la audiencia se fijó en junio pasado, las denuncias contra el alcalde Camilo Benavente se presentaron hace tres años con diversas querellas de concejales de la época.

Una de esas acciones judiciales representaba diversas acusaciones de actos de corrupción que habría cometido el militante PPD y sus colaboradores en la compra de la medialuna de la ciudad en $3.276.160.000. Por esa gestión se habría provocado un perjuicio de $1.276.000.000, derivado de un supuesto sobreprecio en el contrato que se firmó con la sociedad Fiesta del Caballo Chileno, el 6 de octubre de 2022. 

Pero la Fiscalía de Chillán sólo pudo acreditar un presunto delito de fraude al fisco por un acuerdo privado entre el club de huasos y el alcalde Camilo Benavente, en que el edil le traspasó de “forma gratuita” las graderías del lugar y otros inmobiliarios que fueron catalogados como “sin uso o escombros”. A pesar de ello, se ha podido establecer que esa infraestructura tenía un valor aproximado de $184 millones.

Esta controversia no sólo generó un tema penal, sino que también la presencia de Contraloría, cuya entidad emitió varios informes negativos a la gestión del alcalde de Chillán, quien –incluso– se quejó en varias oportunidades con la entonces contralora subrogante Dorothy Pérez.

Al parecer, esa insistencia tuvo efectos, y la indagatoria iniciada por el contralor regional de Ñuble fue traspasada a la fiscal Gabriela Silva de la unidad de sumarios de la Región Metropolitana tras la resolución exenta 1742, firmada el 3 de septiembre de 2024 por Dorothy Pérez.

Y no sólo eso. Dos funcionarios de Contraloría declararon ante el Ministerio Público y entregaron más antecedentes que complicaron al jefe comunal: perjuicios por $1.307.724.320 –ante el no cobro de multas y exceso de pagos– en una licitación por áreas verdes y un vínculo con el senador PS Alfonso de Urresti.

Reportajes Teletrece consultó al Partido por la Democracia sobre la situación política del alcalde Benavente y sostuvieron que se le suspenderá la militancia a partir de las medidas que han adoptado bajo la lógica de “militante formalizado, militante suspendido”.

Así, aseguraron que el PPD respeta la separación de poderes y la institucionalidad del país como también el principio de presunción de inocencia. “Pero también conforme a nuestros estatutos, pondremos los antecedentes a disposición del Tribunal Supremo para efectos de que pueda disponer las medidas que sean necesarias”, detallaron desde el partido.

Las declaraciones que sellaron la imputación de Benavente

La investigación en la Fiscalía de Chillán no tuvo un movimiento rápido. La causa se abrió en septiembre de 2023, pero las principales declaraciones se concretaron entre diciembre de 2024 y abril de 2025.

Así, el 18 de diciembre de 2024, compareció el abogado Gonzalo Guajardo Gavilán, quien se desempeñó en la Dirección Jurídica del municipio de Chillán hasta marzo de 2022.

“Mis funciones como asesor jurídico era revisar documentos para que después fueran firmados por el alcalde”, partió su interrogatorio el exfuncionario de Chillán al que tuvo acceso Reportajes Teletrece.

Si bien en la mayoría de las preguntas sobre la confección de la escritura de compra venta de la Medialuna indicó que no participó ni visó ninguna gestión, el abogado reveló a los investigadores un esquema de malas prácticas.

“Una de las razones por las cuales me fui de la Municipalidad de Chillán fue porque el alcalde y su grupo de confianza, tenían una forma de hacer las cosas que yo no comparto (...) siempre decían que todo se puede hacer, pero que solo había que buscar cómo. La palabra que buscaban era ´tendenciar´”, indicó Guajardo.

Esto determinó su salida. Nunca más tuvo contacto con la municipalidad de Chillán hasta que en 2024, la directora de Administración le indicó que Contraloría necesitaba contactarlo.

“Unos días después, me consulta si de Contraloría me contactaron y si puedo enviarle lo que habían consultado”, sostuvo en su testimonio, a lo que agregó una incómoda comunicación con el alcalde Camilo Benavente.

“Pensé que me quería saludar, pues había sido papá hace cuatro días. Le devolví el llamado y me preguntó si me habían contactado de Contraloría. Le dije que no y me dijo que yo tenía que responder a la confianza que me habían dado y que uno tenía que ser un fusible y estar dispuesto a ser quemado para proteger a la autoridad. Puso como ejemplo el caso de los ministros cuando renuncian para proteger al presidente”, expuso el excolaborador municipal.

Fiscal instructor de Contraloría: “Los contratos de promesa se celebraron incumpliendo o excediendo los acuerdo del concejo”

Las constantes preguntas sobre qué estaba indagando Contraloría tenían una razón: el organismo fiscalizador del Ñuble ejecutó varias auditorías a la gestión municipal, las cuales derivaron en la apertura de un sumario. 

Por ello, la fiscal del caso Nadia Espinoza citó a declarar a Andrés Palma, quien en ese momento figuraba como fiscal instructor de la Contraloría Regional de Ñuble.

En su testimonio, al que tuvo acceso Reportajes Teletrece, explicó las irregularidades que detectó en la compra de la Medialuna de Chillán, liderada por el alcalde Camilo Benavente, cuyo trato se firmó el 6 de octubre de 2022. 

“Al revisar este contrato (y sus borradores) se dejó establecido que, la venta de este inmueble se realizaba en especie y cuerpo cierto, con todo lo plantado y edificado en él, libre de ocupantes y con sus cuentas de suministro al día”, sostuvo el funcionario que alertó a la Fiscalía que “se observaron varias situaciones”.

Cuentas impagas por $4 millones, la imposibilidad de ocupar el inmueble por parte de la Municipalidad, personas vinculadas a la sociedad efectuando trabajos de retiro de distintas estructuras, fueron sólo algunas de esas “situaciones” irregulares.

“Las autorizaciones dadas por el concejo sólo se referían a la adquisición del inmueble y en ninguna parte constaba que se iba a autorizar la entrega o el retiro de bienes por el vendedor con posterioridad a la celebración del contrato de compraventa”, aseguró el funcionario fiscalizador.

Con todo, el fiscal instructor Andrés Palma reveló al Ministerio Público que el alto volumen de irregularidades derivaron en un sumario contra el alcalde Benavente. “Posteriormente, por decisión de la autoridad del servicio (Dorothy Pérez) fue remitido para su continuación al nivel central”, destacó el abogado.

La reunión en Contraloría  del alcalde y dos senadores en medio de sumario clave

Un artículo de The Clinic dio cuenta que el 2 de septiembre de 2024, la entonces contralora subrogante recibió por audiencia de lobby a los senadores Jaime Quintana (PPD) y Alfonso de Urresti (PS), además del alcalde Camilo Benavente.

En el sitio de Contraloría sólo aparece registrada la cita, pero sin información sobre los temas tratados. En la nota periodística se dio cuenta que los parlamentarios plantearon preocupación por las insistentes auditorías del contralor regional de Ñuble sobre la gestión del alcalde de Chillán.

Si bien la entidad negó que eso se haya conversado, lo cierto es que documentos –integrados en la investigación de la Fiscalía– dan cuenta que por instrucción de Dorothy Pérez el sumario iniciado en Ñuble fue trasladado a Santiago un día después de esa reunión de lobby, el 3 de septiembre de 2024.

La resolución exenta número 1742, firmada por Pérez, ordenó la evacuación de todos los antecedentes de la compra de la medialuna por más de $3 mil millones con el argumento de “buen servicio” y “eficacia”, de acuerdo al escrito revisado por Reportajes Teletrece.

Así, al día siguiente–4 de septiembre– la encargada de la unidad de sumarios Carolina Requena, mediante un oficio designó a Gabriela Silva como la nueva fiscal de la investigación de Contraloría con sede en Santiago.

Al parecer, la reunión de la jefa de Contraloría con el alcalde de Chillán y los senadores Quintana y De Urresti surtió efecto. La presencia del entonces presidente del PPD se entendió en la lógica de “defensa” de uno de sus militantes. Pero ¿qué hacía el senador Alfonso de Urresti en esa conversación?

Nunca quedó del todo claro. Sin embargo, la declaración del fiscal instructor de la Contraloría del Ñuble, Andrés Palma, ante el Ministerio Público dio luces de los intereses que podría haber tenido el parlamentario PS en apoyar a Camilo Benavente.

“Terminada la investigación se solicitó por mi jefatura, que revisar una nota de prensa publicada en mayo de 2024 en el medio digital Todas Las Voces, en la cual se cuestionaba la relación que existía entre el alcalde Benavente y un senador del partido socialista Alfonso de Urresti y la contratación de dos familiares de éste en el municipio”, detalló el funcionario a la fiscal Nadia Espinoza.

Sin ser interrumpido, el abogado continuó con la entrega de información: “En la misma nota de prensa se hacía mención a un concejo municipal donde el propio alcalde había reconocido que era íntimo amigo del senador incluso hasta medio familiar. Ante esto, procedo a validar la información, donde efectivamente en la sesión de 29 de febrero de 2024 el alcalde ante una consulta del concejal Careaga reconoció ´yo tengo cercanía con el senador de Urresti, usted entenderá que Alonso es mi amigo, es chillanejo, incluso hasta medio familiar, la vida funciona así´. Ante eso se procede a revisar las contrataciones de personas relacionadas con el senador y se establece que en la Municipalidad de Chillán está contratado un sobrino del senador a partir de junio de 2023: Benjamín Lama de Urresti, quien es hijo de Juan Carlos Lama Lama y Beatriz de Urresti Longton. Al revisar los antecedentes de Juan Carlos Lama, se estableció que él había sido el director de la Sociedad Fiesta del Caballo Chileno y que su hijo Benjamín es socio heredero. Todo esto lo puse en conocimiento de mi jefatura”, finalizó el abogado de Contraloría del Ñuble, quien a esa altura ya había sido relegado de seguir indagando al alcalde de Chillán y los presuntos conflictos de interés informados al Ministerio Público.

Reportajes Teletrece consultó a la oficina del senador De Urresti sobre estos antecedentes y su participación en la cita con Dorothy Pérez. Desde su entorno comentaron que “no existe ningún vínculo familiar” con Camilo Benavente y que sólo se conocen por ser “chillanejos” a partir de una amistad iniciada por sus padres.  

Agregaron que “no influyó” en la contratación de Benjamín Lama de Urresti–cuya contrato se mantiene vigente hasta la actualidad en el municipio con un sueldo de $1,7 millones brutos al mes– y que la presencia en esa reunión con la entonces contralora subrogante fue para acompañar al senador Jaime Quintana quien quería abordar unos temas del desarrollo de la capital del Ñuble.

Sobre los presuntos conflictos de interés de su cuñado–fallecido en 2013 por una enfermedad–y su sobrino con la sociedad que vendió la medialuna a la Municipalidad, comentaron desde su oficina que “no existe una ganancia, dado que el Festival del Caballo Chileno es una propiedad sin fines de lucro, por lo que no hay patrimonio para un enriquecimiento”. 

Finalmente, agregaron que el senador PS desconoce “totalmente” los conflictos que hayan tenido el contralor regional del Ñuble Mario Quezada con el alcalde Camilo Benavente.

Alcalde ante la Fiscalía: “No tengo idea de por qué se firmó ese contrato”

Sin duda la información revelada por los funcionarios de Contraloría que declararon ante la Fiscalía del Ñuble captó la atención de los investigadores.

Una vez terminadas esas diligencias, el Ministerio Público instruyó a la Bridec de la PDI, el 25 de abril de 2025, que concurrieran a las dependencias del organismo fiscalizador en Chillán para solicitar “una copia” de los antecedentes que se usaron para elaborar el informe relativo a la Medialuna. 

Obtener esa información era de alto valor para la indagatoria penal, ya que nueve días antes, el alcalde Camilo Benavente había prestado declaración como imputado, cuyas declaraciones abrieron varias puertas para los detectives.

Sobre las consultas de por qué se firmaron dos contratos de compra venta, uno público y otro privado, para cambiar algunas cláusulas en beneficio de la sociedad de los huasos chillanejos respondió que no tenías las cualidades técnicas para entender esos procesos.

“Yo no tengo idea de por qué se firmó ese contrato. Yo solo iba a firmar, el por qué se firmó por separado lo ven los abogados. Yo confío en el equipo y la responsabilidad administrativa de la dirección jurídica, así funciona la municipalidad”, detalló el edil al Ministerio Público.

Y continuó con la estrategia: “No poseo las herramientas técnicas ni académicas para decidir si corresponde o no incorporar algún concepto jurídico. Cómo le voy a decir yo a un abogado que incorpore o no eso en el contrato. A modo de ejemplo, nunca he leído la promesa y contrato de mi propia casa”, contestó a la fiscal Espinoza. 

Con todo, el alcalde Camilo Benavente deberá sentarse mañana en el banquillo de los acusados en el Juzgado de Garantía. Intentó una audiencia telemática, pero no fue autorizado por el tribunal.

Reportajes Teletrece consultó a su defensa por esta formalización por el delito de fraude al fisco y respondió que el proceso de la compra de la histórica Medialuna partió en la gestión del alcalde Sergio Zarzar.

“Siempre se acordó que el vendedor podría retirar las instalaciones. Así consta en los contratos de promesa celebrados entre ambas partes y en escritura de complementación”, comentó Marcelo Villena, quien agregó que todo esto fue avalado por concejales y funcionarios de la DOM y Secpla. “No es algo que el alcalde haya decidido por sí solo”, advirtió el abogado.

Frente al nexo con el senador Alfonso de Urresti, el defensor confirmó que “efectivamente un sobrino presta servicios al municipio, pero ello no tiene ninguna vinculación con los hechos investigados”. Mientras que por los cargos que formuló Contraloría, Marcelo Villena indicó que da por acreditado situaciones administrativas que no dicen relación ni con la compra del terreno ni con el precio de la misma.

“Tenemos la certeza que el alcalde no ha cometido delito alguno. Este proceso se inició por una querella deducida por rivales políticos”, finalizó.

Una batalla que mañana tendrá un nuevo capítulo con el turno del Ministerio Público.