EXCLUSIVO | Caso test de drogas: Salud abre sumario sanitario a laboratorio que testeó al exsubsecretario de Hacienda

A las 10.15 del martes 11 de agosto sonó el timbre en Palacio Riesco 4549, Huechuraba, lugar donde están emplazadas las oficinas del laboratorio Corthorn.

Eran invitados inesperados. Al otro lado de la puerta había cuatro funcionarios de la Seremi de Salud Metropolitana. El propósito de su visita era una inspección sorpresa en el laboratorio: antes de entrar señalaron que el motivo era una solicitud de fiscalización anónima.

“El clima era tenso”, comentan personas presentes en la inspección. Las mismas fuentes relataron a este medio que el objetivo de los fiscalizadores era constatar el estado de la custodia de la contramuestra del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Tras comprobar que la contramuestra seguía en custodia, la Seremi de Salud inspeccionó el resto de las instalaciones y detectó deficiencias en la identificación de muestras y errores administrativos. Por esa razón, la autoridad regional decidió abrir un sumario sanitario.

Reportajes Teletrece tuvo acceso a ese expediente–obtenido por Ley de Transparencia–que se abrió en contra del laboratorio que se adjudicó los testeos de drogas a autoridades del gobierno y que aún permanece abierto, a la espera de una resolución de la entidad regional.

Hace unas semanas, la representante de la empresa, Francisca Corthorn, entró en una disputa mediática con Juan Pablo Rodríguez, exsubsecretario de Hacienda, quien tuvo que abandonar su cargo tras arrojar positivo en un test de drogas.

Cercanos al laboratorio consideran que fue un proceso “dirigido”.  Sin embargo,  consultado por Reportajes Teletrece, Juan Pablo Rodríguez descartó cualquier implicancia en la solicitud de fiscalización y tacha de “gravísimas” las observaciones planteadas por la Seremi.

“Es lo que siempre sospeche: una falta de trazabilidad”, apuntó el abogado.   

Cuatro observaciones en terreno

En total, los inspectores de la Seremi consignaron cuatro observaciones en su  acta de formalización. La más controvertida de ellas es sobre ausencia de identificación en los refrigeradores que almacenan las muestras biológicas.

“Existen 3 refrigeradores donde se almacenan muestras biológicas (...); también uno de estos refrigeradores almacena muestras biológicas ya procesadas, identificadas como positivo. No se aprecia una identificación de los refrigeradores con muestras ya procesadas y separadas de las muestras recién llegadas”, se lee en el acta.

Lo que es delicado pues –según los inspectores– podría afectar el proceso de trazabilidad de las muestras.

Los fiscalizadores también cuestionaron que el laboratorio no contara con una “autorización sanitaria de sala de REAS”, es decir un espacio destinado a acopiar de forma temporal residuos y desechos generados por los centros médicos.

En cuanto a los cuestionamientos administrativos, el acta objetó que el “establecimiento no ha regularizado la Dirección Técnica subrogante, al no encontrarse presente la Directora Técnica titular”.

Además, señalaron que el laboratorio modificó el listado de profesiones y técnicos que contaban con autorización sanitaria, y que al momento de la inspección solo se encontraba una funcionaria técnica encargada de recepcionar muestras.

Al final del acta, los inspectores dieron cuenta del objetivo de su fiscalización y confirmaron el estado de la contramuestra del exsubsecretario Rodríguez.

“Se informa que, caso índice referido en solicitud, no han solicitado contramuestra, por lo que contramuestra aún permanece en custodia. Además, el establecimiento cuenta con un protocolo de apertura de contramuestra, señala que: contramuestra puede ser solicitada por contraparte (Senda), donde pueden solicitar su apertura”, registraron en el documento reservado, al que tuvo acceso Reportajes Teletrece. 

Los descargos: citación de un notario y nuevos rotulados

La respuesta del laboratorio no tardó en llegar. El 18 de agosto la representante del laboratorio, Francisca Corthorn, respondió cada uno de los puntos planteados por el regulador.

Corthorn detalló que “solicitó a los funcionarios redactar el acta de manera más completa y precisa, por cuanto su texto tal como fue consignado permite interpretaciones incorrectas sobre el funcionamiento del laboratorio. Sin embargo, los funcionarios fiscalizadores se negaron a modificar el acta”.

A reglón seguido sostuvo que “se hizo presente que, conforme a lo señalado por ellos mismos, el acta podría tener carácter público y que una redacción imprecisa pone en entredicho un procedimiento de laboratorio que no presenta la irregularidad que la observación sugiere”.

Respecto al punto de la falta de identificación de los refrigeradores que almacenan muestras, la directora del laboratorio cuestionó que “el único fundamento entregado para sostener la observación fue la posibilidad hipotética de que una persona cometiera un error y tomara un frasco equivocado, es decir un riesgo de error humano hipotético y no un hecho constatado”.

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En la misma línea, refutó que la supuesta falta de trazabilidad no era tal y que “lo que da entender el texto de acta no corresponde a una ausencia de trazabilidad sino que a la disposición, etiquetado y almacenamiento de las muestras”.

Así en su respuesta se lee que: “se levantó este hecho porque la negativa a precisar en el acta, sumada a la imprecisión conceptual entre ´falta de trazabilidad´ y ´riesgo de error humano´, da lugar a un documento de potencial alcance público que no refleja fielmente el funcionamiento del laboratorio”. 

Defendió, además, que el establecimiento cuenta con un “sistema de segregación, identificación y trazabilidad efectivamente implementado en la sala en donde se encuentran los refrigeradores”.

Incluso, tras la inspección, Corthorn recurrió al notario José Tomás Fabres de la 41 Notaría de Santiago, quien acudió al laboratorio a “certificar el estado previo” y la implementación de “las mejoras del área”.

Aunque–de acuerdo a la información entregada por el laboratorio–después de siete días ocurrida la fiscalización sanitaria, cambiaron los rótulos en los refrigeradores de almacenamiento. Así, la información quedó más visible desde el exterior.

“Para que no exista ningún tipo de duda que el laboratorio está cumpliendo con la normativa vigente”, indicó la empresa bajo la lógica que la Seremi Metropolitana los “absuelva” de alguna formulación de cargos. 

En cuanto a los otros cuestionamientos, respecto a la sala REAS, señalaron que se encontraba en vías de obtener la autorización sanitaria y que se encontraba en la última etapa del proceso.

Mientras que a la observación de no contar con un director técnico subrogante, el laboratorio informó que comenzaron un “proceso de búsqueda a través de nuestra empresa colaboradora Head Hunter, de un profesional del área de la salud que cumpla con el perfil adecuado para dar cumplimiento al requerimiento”.

Una solicitud anónima

Si bien la fiscalización se generó por una solicitud anónima, fuentes cercanas al laboratorio presumen que se trata de una maniobra del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez.

De hecho, lo primero que habrían preguntado los fiscalizadores es por el estado de la contramuestra cuyo código identificador termina en 7, correspondiente a la exautoridad de Hacienda.

Desde el laboratorio les señalaron que la contramuestra no había sido solicitada por el servicio que adjudicó la licitación, es decir, Senda. Por lo que se mantenía la misma cadena de custodia.

Reportajes Teletrece contactó a Juan Pablo Rodríguez, quien negó haber realizado una solicitud de fiscalización anónima.  

“Sigo ratificando mi plena inocencia, creo que los exámenes de pelo de abril y los tres que me hice en julio dan cuenta de que siempre he dicho la verdad, que no soy un consumidor de drogas y sigo estudiando todas las vías para que esta verdad pueda ser esclarecida”, aseguró.

Y agregó: “Una de las hipótesis es que no sea mi pelo y que hay problema de cuestiones de trazabilidad”. 

Desde la Seremi de Salud indicaron a este medio que el sumario sanitario se encuentra a la espera de una sentencia definitiva. Pero, advirtieron, que una vez que ocurra el fallo podrían evaluar un recurso de reposición frente al tribunal sanitario o un recurso ante la justicia civil. 

Un caso que suma un nuevo capítulo y que inyecta más tensión a un proceso que terminó con una alta autoridad fuera del gobierno del Presidente Kast sin despejar, por ahora, si consumió drogas o no durante su gestión como subsecretario.