La investigación comenzó luego de una querella presentada por la representante legar del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, en abril de 2012, en contra de García-Huidobro y de todos aquellos que resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.
Según la denuncia, una funcionaria que subrogó a García-Huidobro notó la existencia de algunas facturas de proveedores que habrían sido pagadas y que no tenían respaldo para ello.
La Fiscalía, entre las pruebas, cuenta con una orden de compra que data del 22 de junio de 2011, por un monto de 78.659.000, emitida a nombre de la sociedad Santa Elbita, la cual está adulterada.
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