La empresa eléctrica Enel acusó que un grupo de personas ingresó por la fuerza a la Central Pangue en la región del Biobío, comprometiendo la continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica.
A través de un comunicado, desde la empresa afirmaron que el incidente se registró el sábado 12 de marzo y se habría visto involucrado "un grupo de personas liderado por María Curriao Reinaldo".
Este grupo de personas habría estado bloqueando el acceso a Central Pangue desde el pasado 24 de enero y el fin de semana recién pasado habrían invadido "violentamente nuestras instalaciones", según afirmaron desde Enel.
En ese sentido, manifestaron que el ingreso de las personas obligó que personal de seguridad y servicios abandonaran sus puestos de trabajo. "La continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica e, incluso, la integridad de la obra hidráulica, así como la seguridad de nuestro personal y contratistas, han quedado seriamente comprometidas", acusaron.
Por lo mismo, indicaron que acciones como estas ponen en riesgo la generación de la central y del resto de las centrales pertenecientes a la cuenta del Biobío, que suman 1.496 MW; y que se comprete la operación de las obras hidráulicas en la presa Pangue, que podría impactar en el abastecimiento de agua para riego y otras actividades.
Desde Enel afirman que se presentaron "reiteradas" denuncias ante el Ministerio Público solicitando medidas de protección para resguardar a sus trabajadores e instalaciones; y se ha solicitado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que se dispongan "las actividades necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Pangue".
Y se acusó que hasta el momento "no hemos recibido en la práctica el auxilio requerido", pese a que se le notificó a Carabineros y se solicitó ayuda a la Delegación Presidencial Provincial auxiliar a la Fuerza Pública.
Respecto a María Curriao Reinaldo, desde Enel afirmaron que se encuentra "en medio de procesos judiciales y demandadas por las mismas familias de su comunidad, por no haber transparentado el destino de fondos equivalentes a 300 millones de pesos recibidos a favor de las familias pehuenches, en el contexto de un convenio suscrito por Enel y estas familias en 2017".