El consejero constitucional del Partido Republicano Luis Silva defendió una de las enmiendas ingresada por su partido al órgano encargado de redactar la nueva propuesta de Constitución que podría liberar de la cárcel a los presos de Punta Peuco, que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet.
En conversación con T13 En Vivo, Silva reconoció que la norma podría sacar de prisión a quienes cumplen condena por violaciones a los derechos humanos y dijo que está pensada “por razones humanitarias”.
“La enmienda no dice nada respecto a los condenados de Punta Peuco, pero podría abrir la puerta. Eso es lo que va a pasar con muchas de las disposiciones que queden en la nueva Constitución de ser aprobada en diciembre (...) nos parece que responde a razones humanitarias”, dijo Luis Silva.
“En el caso de esta enmienda, nos parece que es humanitario dejar ese espacio abierto para que luego los jueces puedan decidir cuándo se cumplen estas condiciones y otorgar el beneficio”, añadió.
“Evidentemente hay un espacio para que eso ocurra. A mí no me genera un problema en principio, nos parece razonable crear un espacio no solamente pensando en las personas que están en Punta Peuco, sino que de todos aquellos que con más de 75 años están pagando penas de cárcel que podrían cumplirse con la misma eficacia en otros lugares”, complementó.
La enmiendo ingresada por el Partido Republicano, y que aún debe ser discutida y votada por el pleno del Consejo Constitucional, dice que todas las personas mayores de 75 años, o que padezcan enfermedades terminales, “cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio”.
“Esta disposición sólo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada no representen un peligro actual para la sociedad”, especifica.
Esta propuesta ha sido cuestionada por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y pareciera no tener consenso en el resto del mundo político, aunque el Partido Republicano tiene mayoría en el Consejo Constitucional, y con los votos de Chile Vamos alcanza los dos tercios (2/3).
En el propio Consejo Constitucional, representantes del oficialismo propusieron excluir de esta eventual norma a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad y a abusadores sexuales infantiles.