Una querella por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita abrió una investigación sobre el funcionamiento del golf profesional chileno y el rol que habría desempeñado la organización PGA Latam, encabezada por el exgolfista olímpico Felipe Aguilar.

Tal como reveló Reportajes de Teletrece, entre los antecedentes expuestos en la acción judicial aparecen los distintos pagos que, según denunciantes, debían realizar los jugadores para poder competir en el circuito profesional.

Los montos que, según la querella, debían pagar los golfistas

Uno de los golfistas entrevistados por Reportajes T13 aseguró que para formar parte de PGA Latam era necesario pagar una cuota de incorporación de $700 mil, además de una mensualidad de $25 mil, independiente de si el deportista competía o no en torneos.

"La cuota de incorporación es de $700.000. Las mensualidades son de $25.000. Juegues o no juegues, existan campeonatos o no existan, tú tienes que pagar la mensualidad igual", señaló el deportista.

A ello, según el mismo testimonio, se sumaba un descuento aplicado sobre los premios obtenidos en cada campeonato.

Retención de premios que podía llegar a millones

De acuerdo con la denuncia, PGA Latam retenía un 2,5% de los premios obtenidos por los jugadores en cada torneo.

El reportaje sostiene que ese descuento normalmente representaba entre $300 mil y $400 mil, aunque en campeonatos con bolsas de premios más altas "la suma asciende a $3 millones". Como cada torneo premiaba aproximadamente a 15 golfistas, los denunciantes sostienen que esos montos se multiplicaban en cada competencia.

"Hay descuento en cada campeonato. Hay un descuento que es a todos los jugadores… la PGA se va quedando con el %2,5 por lo menos de cada campeonato", explica una de las fuentes..

"Debería ser al borde de entre 400 y 300 mil pesos. Y hay unos campeonatos que reparten mucho más, y ahí ya la suma asciende a 3 millones de pesos", agregó.

La querella apunta a una "pasarela de dinero"

La acción judicial fue presentada por el golfista Diego Santolaya y dirige sus acusaciones contra Felipe Aguilar, el expresidente de la Federación Chilena de Golf Felipe Bertín y Patricio Santa Cruz, representante legal de Only Golf.

Según la abogada querellante, Doris Espinoza, los cobros eran canalizados a través de esa empresa.

"Nosotros hablamos de una pasarela de dinero producto del deporte", afirmó la profesional, quien sostiene que los recursos recaudados provenían de las cuotas, inscripciones y retenciones efectuadas a los jugadores.

Además, insiste en que "esto no era una asociación nacional de golfistas profesionales, sino que su estructura jurídica era un club deportivo básico. Pero esa verdad mi representado nunca la supo. ¿Y por qué nunca la supo? Porque esta información no se la entregó cualquier persona, se la entregó el presidente de la Federación Chilena de Golf, se la presentó este supuesto presidente de esta supuesta asociación".

Los acusados niegan las imputaciones

Los tres querellados rechazaron las acusaciones.

Felipe Aguilar aseguró que "los hechos expuestos en la querella son absolutamente falsos" y afirmó que el Ministerio Público no ha formalizado a ninguna persona porque los antecedentes denunciados no se habrían acreditado.

Dentro de sus argumentos, Aguilar asegura que "PGA es un acrónimo muy utilizado en todo América latina y describe genéricamente a los golfistas profesionales de cada país. El logo lógicamente es un jugador de golf como en todas y tiene una tipografía propia, nunca hemos tenido ningún problema con el PGA Tour".

En tanto, Felipe Bertín negó que la Federación Chilena de Golf haya entregado la administración del golf profesional a PGA Latam, mientras que Only Golf sostuvo que no cobra cuotas de incorporación ni aplica multas, indicando que únicamente presta una plataforma para la inscripción a torneos.

El reportaje de T13 añade que la defensa de los querellados solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa, petición que fue rechazada por el tribunal, al estimar que los hechos denunciados eventualmente podrían constituir un delito de estafa, por lo que la investigación continúa.

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