Presión de la izquierda. Este lunes, un grupo de diputados del FA, el PC y el PS llegó hasta la oficina del ministro Luis Cordero a entregarle una carta. Se trataba de una solicitud de apoyo para adaptar el penal de Punta Peuco, dejándolo para mujeres embarazadas o con hijos pequeños y trasladando a los actuales reos a un módulo adaptado en Colina I.

  • A la reunión llegaron 14 parlamentarios, entre ellos los Juan Santana y Daniel Manouchehri, los PC Karol Cariola y Luis Cuello y los diputados Gonzalo Winter y Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, el partido de Boric.
  • A inicios de agosto, 54 parlamentarios -desde la DC al PC- enviaron una carta a Boric presionando por el traslado de los presos de Punta Peuco a Colina I y consiguieron las firmas para realizar una sesión especial de la Cámara Baja para revisar el uso que se le está dando a la cárcel.
  • La sesión, impulsada por el comité del FA y a la cual está invitado Cordero, se realizará a las 15:30 de este miércoles en la Cámara de Diputados.

La respuesta del Ministerio de Justicia. El domingo, en el programa Mesa Central, de Canal 13, Boric indicó que “hay distintas alternativas sobre Punta Peuco. Ese tipo de cosas se hacen, no se anuncian. Si es, sabrán”.

  • Y esta mañana, tras el encuentro con los parlamentarios, Cordero dio señales de que podrían haber cambios en Punta Peuco, pero sujeto a un marco de transformaciones a la política penitenciaria del país que, recalcó, está sobrepoblada.
  • “Tenemos una sobrepoblación penal en buena parte del país, ustedes ya lo saben, y tenemos la tramitación de un proyecto de ley en particular para aumentar la capacidad del sistema penitenciario, que el lunes pasado se aprobó unánimemente en la Cámara de Diputados y va ahora al Senado. De modo que cualquier decisión que se adopte sobre Punta Peuco se va a hacer en el contexto general de la política penitenciaria del país”, indicó.
  • “El grupo de diputados y diputadas que han planteado la sesión especial han solicitado que ese penal sea utilizado para población prioritaria. Lo que nosotros le hemos transmitido que cualquier decisión que nosotros adoptemos en ese penal va a ser en el contexto de la política penitenciaria general del país”.
  • “En la actualidad, en ese lugar está cumpliendo condena a 134 personas. Sin embargo, la mayoría de los que han sido condenadas en el último tiempo han ingresado a Colina. Punta Peuco tiene su capacidad ya copada y con sobrepoblación”.

Lo que está claro (y lo que no). Lo que está claro hasta ahora es que Punta Peuco no se cerrará, pero que todo apunta a que sí habrían cambios.

  • También existe certeza de que cualquier cambio en el régimen penitenciario de Punta Peuco no sería a corto plazo, y que los presos seguirán ahí, al menos por un tiempo. Todo aquello está sujeto a una ampliación de plazas en el sistema penitenciario en el país.
  • Quienes participaron en el encuentro con Cordero señalan que el ministro les habría planteado que no está en los planes hacer ahora un cambio, pero que sí el gobierno lo estaba analizando, sin entregar fechas ni detalles.
  • La política nacional penitenciaria la define el gobierno, pese a que, en un carril paralelo, el Senado va a tramitar un proyecto que facilita la construcción de cárceles.
  • La iniciativa que se discute en la Cámara Alta simplifica los trámites para la construcción de cárceles, como la ampliación de las ya construidas, pero no se refiere al destino que se le da.
  • Por parte del gobierno, el tema está radicado en Justicia.

Camila Vallejo: “Un privilegio intolerable”. La ministra Camila Vallejo fue más dura al respecto, al señalar que el penal de Punta Peuco significa un “privilegio intolerable”. Se trató, para algunos, de otra señal en línea con posibles cambios en el penal.

  • “Punta Peuco significa el desigual trato a personas que cometen delitos, la desigualdad ante la ley. Porque hay un tratamiento privilegiado a quienes cometen crímenes de lesa humanidad que son los delitos más graves que uno pueda conocer, mientras otros están hacinados en las cárceles por robos que son de menor categoría. Esa diferenciación ha creado una sensación de impunidad por mucho tiempo y eso es lo que bien sabemos todas y todos. Pero son cosas como lo dijo que el Presidente que se hacen y no se anuncian. No es un tema sencillo, tiene sus complejidades, por lo tanto siempre se está mirando y observando cómo resolver el tema. Pero significa privilegios intolerables”, dijo.

Telón de fondo. En febrero, el subsecretario de Justicia Jaime Gajardo (PC) indicó que el gobierno no había dado instrucciones para un posible cierre de Punta Peuco, señalando que el sistema carcelario en Chile atraviesa una difícil situación a partir del hacinamiento en las cárceles chilenas.

  • Para entonces en el gobierno no todos eran partidarios de esta decisión, ya que algunos apostaban a que la conmemoración de los 50 años del Golpe se enfocara desde un punto de vista institucional, en línea con generar un clima de unidad y reflexión en el país.
  • Pero otros sectores, como el PC, buscaban ya en esos días levantar un relato del 11 de septiembre más afín a la izquierda y poner fin a Punta Peuco, tal como se conoce hoy.
  • Hoy es el PC junto al FA, y sectores del PS, los que reactivaron la ofensiva a una semana de la conmemoración del Golpe.

De Bachelet a Maya Fernández. El cierre del penal tiene una alta carga simbólica, y ha estado en la agenda de este gobierno y el de anteriores.

  • El 17 de abril de 2022, la Ministra de Defensa, Maya Fernández dijo a El Mercurio que “en mi opinión, el penal especial de Punta Peuco no debe continuar”. “No tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales”, añadió.
  • Días después, Boric, en entrevista con radio Cooperativa, al ser consultado respondió: “Las cosas no se anuncian, se hacen”.
  • Hace cuatro años ocurrió lo siguiente: La noche del sábado 10 de marzo de 2018, a solo horas de que Bachelet le entregara la banda presidencial a Piñera y se realizara en La Moneda una cena en homenaje a los jefes de Estado extranjeros que habían llegado al cambio de mando, el ministro saliente de Justicia, Jaime Campos, fue citado a una reunión por Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de la Mandataria y ex ministra de la Segpres.
  • Uriarte le dijo que Bachelet le había encomendado trasmitirle que quería que su último acto de gobierno fuera el cierre de Punta Peuco, una promesa que ella había realizado en el primer año de su gobierno. Y que tenía en sus manos el decreto para que lo firmara. Campos rechazó de plano el pedido. A la reunión se sumó el entonces ministro del Interior, Mario Fernández.
  • Según relata en su libro Punta Peuco, la historia desconocida, el ex director de Gendarmería Claudio Martínez -muy cercano a Campos-, el ex ministro de Justicia, muy molesto, dio varios argumentos. Que él no conocía el decreto, que no había sido elaborado por su cartera, que la Presidenta había tenido cuatro años para hacerlo y que él y Fernández quedarían como mentirosos porque habían sido consultados por el futuro ministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick, si tenían planeado hacerlo, dado que había muchos rumores, y ambos lo habían negado. Quedaron de cerrar el tema al día siguiente.
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