Qué pasó. Los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde —”Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”—, gatillaron una nota de protesta chilena y un comunicado de la Cancillería trasandina que ratificó los tratados de 1881 y 1984. Pero el episodio no se entiende sin un documento de 2021 que sigue vigente: la Directiva de Política de Defensa Nacional argentina.
El documento. La DPDN fue aprobada por el Decreto 457/2021, firmado por el ex Presidente Alberto Fernández el 14 de julio de 2021 y publicado en el Boletín Oficial cinco días después. En su anexo, de unas 40 carillas, define el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake como espacios donde resulta fundamental fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del lugar.
Por qué importa su naturaleza. La DPDN no es una opinión ni un paper: es el instrumento de máximo nivel del planeamiento de la defensa argentina. Con ella, el Presidente fija el escenario estratégico y las instrucciones desde las que sus Fuerzas Armadas planifican. Cuando ese documento habla de “control conjunto” de un paso que los tratados establecen como soberanía chilena plena, no analiza: ordena. Es doctrina de Estado, publicada en el Boletín Oficial.
La protesta de 2021. Chile reaccionó con la Nota 7285, del 4 de agosto de ese año, presentada ante la embajada argentina: “El Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno”. El episodio se conoció por la prensa argentina, que accedió a la nota. Buenos Aires habló entonces de “un error” que rectificaría.
La promesa de Milei. La promesa de rectificar llegó con Milei, en marzo de 2025. Tras una consulta de la embajada chilena, la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa respondió por escrito que lo señalado “por la administración anterior constituye un error” conforme a los tratados, y que una nueva Directiva, “una vez promulgada”, dejaría sin efecto el Decreto 457/2021.
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El incumplimiento. Esa Directiva no existe hasta hoy. Diecisiete meses después, el decreto sigue formalmente vigente, como admitió en marzo el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros. La consecuencia es incómoda: la doctrina de defensa oficial de Argentina sobre el Estrecho sigue siendo el “control conjunto”.
Los dichos, en ese marco. Vistos así, los episodios de este año no son desviaciones, sino coherencia. El contraalmirante Hernán Montero, jefe de Hidrografía Naval, sostuvo en enero que “la boca de Magallanes es argentina”, relativizando el artículo 10 del Tratado de 1984, el mismo que la nota de 2025 invocó como zanjado. Valverde hizo lo propio en agosto. Ninguno contradijo el único documento de planeamiento superior que sus Fuerzas Armadas tienen sobre la mesa. Lo anómalo sería que no lo repitieran.
La fórmula. Hay un dato que ordena todo lo anterior: ningún texto oficial argentino reciente afirma que el Estrecho de Magallanes es chileno. Ni el comunicado de esta semana ni la nota de 2025, que reconoce un “error conforme a los tratados”, sin decir qué establecen. La última afirmación vinculante es el propio Tratado de 1984. Desde entonces, solo remisiones.
Por qué es una relativización subrepticia. La fórmula permite mantener intacto el plano formal —los tratados, siempre ratificados— mientras el plano fáctico se mueve: un decreto vigente que habla de control conjunto, una boca oriental puesta en duda, un “extremo austral” donde Argentina afirma presencia. Invocar los tratados sin explicitar su contenido deja espacio para reinterpretarlo. Es cuestionar la soberanía en los hechos sin asumir el costo de hacerlo de manera explícita.
En síntesis. Argentina protesta poco y ratifica mucho, pero nunca escribe la frase que zanjaría todo. Mientras la Directiva prometida no exista, el guion oficial sigue siendo el de 2021 y sus altos mandos, al recitarlo, no se salen del libreto: lo cumplen.
