Qué observar: El homicidio del trabajador mapuche Segundo Catril, 66, quien murió el martes 24 por la tarde en un camino secundario de La Araucanía luego de que esa mañana un grupo de al menos 3 desconocidos disparara a los vidrios del bus donde se dirigía a su faena forestal, marcó un punto de inflexión en la violencia en la Macrozona Sur.

  • El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, detalló que se usó al menos un arma de guerra, lo que hace presumir que los autores pertenecían a un grupo organizado. “Se recuperaron vainas calibre 12, calibre 9 y también 2 vainas que corresponden al calibre 7,62”, dijo el miércoles afuera del cuartel regional de la Policía de Investigaciones.

 

  • El ataque impactó a La Moneda, ya que puso en duda la efectividad del estado de excepción constitucional de emergencia “acotado” decretado el 17 de mayo, por un plazo de 15 días, en las rutas principales de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío de la VIII Región. Este lunes el gobierno anunció la renovación de la medida por otros 15 días.

 

  • La visibilidad del atentado también tuvo efectos entre los grupos radicales armados de la Macrozona Sur, ya que cuestionó el discurso de que su lucha es contra los “huincas” (extranjeros). Esto, pese a que son al menos 9 los mapuches que han muerto desde 2019 en hechos descritos como de violencia rural en que se ha denunciado la eventual participación de estas agrupaciones.

Las pugnas entre grupos radicales: Horas después del atentado, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) —el grupo radical más antiguo de la zona, que opera desde 1997—, emitió una declaración asegurando que no habían tenido participación en el homicidio. Este sábado 28, según contaron en otra declaración difundida el fin de semana, realizaron un “trawün” o asamblea al interior del fundo San José con la comunidad Pillumallin Autónomo, donde expusieron las diferencias entre los grupos radicales armados que operan en la zona.

  • “Hemos realizado está convocatoria para fortalecer el proceso de control territorial y la resistencia que se lleva adelante en los diversos territorios donde tiene presencia orgánica la CAM”, escribieron. “Asumiendo la línea político militar de la CAM, rechazamos a su vez cualquier acción armada que afecte a civiles, trabajadores y personas humildes de nuestro territorio, Txaitxaico mapu y alrededores, así como también la presencia del narcotráfico y la delincuencia en los procesos de lucha”.

 

  • La declaración marca distancia entre los blancos y vías de financiamiento de los otros grupos radicales que operan en la Macrozona Sur, que abarca desde las regiones del Biobío hasta Los Lagos.
  • El grupo Weichan Auka Mapu (WAM) fue formado inicialmente por descolgados de la CAM y registra ataques al menos desde 2016. Entre sus blancos incluyen fundos, maquinaria forestal, cabañas y templos católicos, además de robo de vehículos. “Nuestro accionar de sabotaje está dirigido únicamente hacia templos católicos, templos ubicados en territorio mapuche, exceptuando las encontradas en ciudades”, dijeron en una declaración de abril de 2016 donde aseguran haber perpetrado ataques desde mayo de 2013.

 

  • La Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) opera desde al menos abril de 2020 en la Región del Biobío. Atacan maquinaria forestal y cabañas, entre otros. De acuerdo con fuentes policiales, su principal vía de financiamiento sería el robo de madera. En sucesivas declaraciones y panfletos atribuidos a la RML han revindicado como supuestos presos políticos a los 8 condenados por el homicidio a golpes del trabajador mapuche de 69 años, Eleodoro Raiman.

 

  • La Resistencia Mapuche Malleco (RMM) opera en la provincia del mismo nombre de La Araucanía y fuentes policiales la vinculan a la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Entre sus vías de financiamiento estaría el tráfico de marihuana. El werkén de esa comunidad, Jorge Huenchullán, se declaró en “clandestinidad política” en agosto del año pasado, luego de que el tribunal de Collipulli ordenara enviarlo a prisión preventiva en una causa por tráfico de marihuana e infracción a la ley de armas.

 

  • Los distintos grupos radicales, relatan fuentes conocedoras de su funcionamiento, también compiten por protagonismo y visibilidad en la zona.

El llamado a las armas y el trabajador herido en un atentado de la CAM: El discurso de la CAM donde se desligan de los ataques a civiles no mencionan que en el ataque incendiario del 9 de julio de 2021 al fundo Santa Ana-Tres Palos de Carahue donde murió por un tiro su integrante Pablo Marchant, también fue herido grave el trabajador forestal Ceferino González. Testigos del ataque relatan que estaban en un container cuando llegó el disparo.

  • En la declaración tampoco hacen mención al llamado del fundador y vocero de la CAM, Héctor Llaitul a armarse mientras el gobierno evaluaba la fórmula para desplegar a las Fuerzas Armadas por la zona. “A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”, dijo Llaitul al sitio Werkén Noticias.
  • Tras anunciar inicialmente que lo haría, el gobierno declinó querellarse por estos dichos. “No perseguimos ideas o declaraciones”, dijo el Presidente Gabriel Boric.

El acercamiento tras la muerte de Pablo Marchant: La muerte de Segundo Catril tuvo un efecto contrario entre estas agrupaciones al de la muerte de Pablo Marchant.

  • Esa muerte fue seguida de un funeral con guardias armados realizado el 13 julio de 2021 en el fundo Pidenco de Lumaco. A éste habrían llegado integrantes de la WAM, la RML y la RMM.

 

  • Según relatan testigo, un representante de la WAM pidió a los presentes guardar sus teléfonos y cámaras para no dejar registro, y comenzó un discurso donde pidió a la CAM dejar atrás las diferencias del pasado.

 

  • Fuentes del gobierno pasado sostuvieron que la muerte Marchant acercó a los grupos radicales frente a un enemigo común: el Estado. 
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