La Contraloría General de la República determinó que existieron irregularidades en la contratación del exfiscal Manuel Guerra como asesor en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO) y en la Municipalidad de Providencia.
Según el informe del organismo, en base a lo que publicó La Tercera, su participación en estos cargos generó un posible conflicto de interés y los informes que presentó no justifican los pagos que recibió.
En diciembre de 2020, Guerra anunció su salida de la Fiscalía, donde se desempeñaba como persecutor en la Región Metropolitana Oriente. En esa ocasión, mencionó que sus posibles destinos serían la Universidad San Sebastián o la AMSZO. Ese mismo día en que dejó el Ministerio Público, comenzó a trabajar a honorarios tanto en la AMSZO -integrada por las municipalidades de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes- como en Providencia. Su rol incluía entregar análisis jurídicos, y en la AMSZO también debía implementar una especie de “Fiscalía” para apoyar a los vecinos del sector, con funciones vigentes desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre.
Contraloría cuestiona contratación de exfiscal Guerra en municipalidades
Estos hechos ocurrieron antes de que se conocieran los vínculos de Guerra con el abogado Luis Hermosilla, que derivaron en su imputación por los delitos de cohecho y violación de secreto. Se espera su formalización en marzo, tras la aprobación de la querella de capítulos en su contra por parte de la Corte Suprema.
La contratación y labores de Guerra generaron dudas debido a los presuntos delitos cometidos en la Fiscalía. Por esta razón, los diputados Daniella Cicardini (PS) y Daniel Manouchehri (PS), junto a la exconcejala de Las Condes Isidora Alcalde (FA), solicitaron un informe a la Contraloría. El documento, emitido el 20 de febrero, concluyó que la contratación y el trabajo de Guerra no se ajustaron a la ley.
Según el informe que firmó el contralor subrogante Víctor Hugo Merino, la contratación de Guerra en la AMSZO se realizó un día antes de su renuncia al Ministerio Público. Además, la Municipalidad de Vitacura presentó en agosto de 2021 una querella en su contra por violación de secreto, vinculada a supuestos delitos cometidos en el Consejo Local de Deportes y en las organizaciones Vitasalud y Vitadeportes.
Por esto, la Contraloría concluyó que “es posible advertir que, en el caso en análisis, las circunstancias que se mencionan efectivamente pudieron configurar un conflicto de interés de aquellos que la normativa y la jurisprudencia administrativa prohíben, por lo que la AMSZO deberá abstenerse de efectuar sus contrataciones a honorarios con personas que, cierta o potencialmente, se encuentren en una situación que pugna con el principio de probidad administrativa”.
Si bien Guerra renunció en septiembre de 2021 a la AMSZO, recibió un pago bruto de $3.389.831, establecido en el convenio que indicaba que se efectuaría “a todo evento, independiente de las prestaciones ejecutadas” y de forma mensual.
La Contraloría objetó esta práctica, señalando que “lo descrito no se ajustó a derecho, pues el referido desembolso solo puede tener lugar en la medida en que exista una efectiva ejecución de las tareas encomendadas”.
Irregularidades en Providencia
En la Municipalidad de Providencia, la Contraloría también cuestionó la contratación de Guerra, pero no por conflicto de interés, sino por la naturaleza del trabajo realizado y los pagos asociados.
Guerra fue contratado para “desarrollar un análisis jurídico acerca de las modificaciones introducidas en materia legal respecto de la responsabilidad funcionaria municipal y probidad administrativa, por el monto total de $11.299.435”.
Sin embargo, los informes entregados presentaron fallas importantes. Contraloría detalló que muchos de los documentos eran reproducciones literales de normas legales:
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En agosto, seis de doce páginas eran transcripciones literales de normas.
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En septiembre, tres de veinte páginas describían direcciones municipales y doce replicaban preceptos legales.
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En octubre, el informe solo tenía cuatro páginas.
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En noviembre, de quince páginas, once replicaban artículos del Código Penal.
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En diciembre, el documento contenía menos de ocho páginas.
Por ello, el organismo concluyó que “el monto total que por ello desembolsó la Municipalidad de Providencia, ascendente a la suma de $11.299.435, evidentemente no se condice con una eficiente e idónea administración de los medios públicos”.
La Contraloría ordenó a la Municipalidad de Providencia abrir un proceso disciplinario para determinar responsabilidades.
