El conflicto. “Dipres es un órgano fiscalizado y no al revés. Y lo que se intenta producir acá es que, de alguna manera, Dipres controle a los organismos autónomos de fiscalización”, señala un funcionario de Contraloría reflejando la sorpresa y molestia que existe en el organismo por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el gobierno al Congreso.
- No se trata de una reducción de recursos -ya que se estableció un aumento real de 5,9% del presupuesto respecto del año anterior para Contraloría- sino que de las nuevas restricciones para administrar los fondos.
- La contralora Dorothy Pérez y el fiscal nacional Ángel Valencia abrieron un frente común de cuestionamientos al proyecto de Presupuestos 2027. Ambos sostienen que las glosas introducidas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), que dirige José Pablo Gómez, amenazan la autonomía constitucional de los organismos que encabezan, al obligarlos eventualmente a solicitar autorizaciones al Ministerio de Hacienda para disponer de recursos destinados a fiscalizaciones e investigaciones penales.
El almuerzo en el Singular. El jueves 15 de octubre, Pérez y Valencia se reunieron con la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, en un almuerzo en el restaurante Singular, según reveló Meganoticias.
- El encuentro tuvo como objetivo analizar los alcances jurídicos de las glosas presupuestarias que, a juicio de las tres autoridades, podrían restringir su independencia frente al Ejecutivo.
- Contraloría confirmó a Ex-Ante que se abordaron “aspectos jurídicos muy complejos de algunas glosas presupuestarias que la Dipres envió al Congreso en el proyecto de ley de presupuestos, sin el acuerdo de los órganos autónomos constitucionales”.
- La institución añadió que estas disposiciones introducen “restricciones que nunca antes se habían planteado” sobre la administración de recursos destinados a sus funciones, lo que obligaría a “ir periódicamente pidiendo autorizaciones al Ministerio de Hacienda”.
- Esto, señalan, afectaría directamente la capacidad de adoptar decisiones de investigación penal, fiscalización del gasto electoral y control administrativo
Qué dice el proyecto. La partida 04, glosa 02 del Presupuesto 2027 establece montos máximos para determinados gastos: $885,8 millones para horas extraordinarias, $605,8 millones para viáticos dentro de Chile y $38,1 millones para viáticos en el extranjero. Otra glosa fija $410 millones para capacitación.
- Estos límites no aparecían individualizados en el proyecto presentado para 2026. El texto de 2027 utiliza la expresión “autorización máxima”, una fórmula habitual en los presupuestos de ministerios y servicios públicos.
- La preocupación de Contraloría es que, si necesita superar esos montos durante el año, deba solicitar modificaciones presupuestarias que requieren intervención del Ejecutivo.
- Por ejemplo, una fiscalización en una localidad apartada del extremo norte del país puede requerir varias horas de traslado, alimentación y alojamiento para los funcionarios. Si el organismo agotara anticipadamente los recursos para viáticos, podría verse obligado a recurrir a Hacienda para financiar nuevas inspecciones.
- Dorothy Pérez ya había manifestado reparos el miércoles 7 de octubre, durante su presentación ante la Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos. Allí pidió revisar los límites para viáticos y horas extraordinarias y cuestionó otra glosa que amplía la obligación de informar los viajes de todos los funcionarios, advirtiendo que podría abarcar incluso traslados en Metro.
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La alerta de Valencia. El Ministerio Público enfrenta restricciones similares. Su presupuesto contempla límites de $681,8 millones para horas extraordinarias, $849 millones para viáticos nacionales y $147 millones para viáticos internacionales.
- Valencia también ha cuestionado las condiciones para administrar recursos destinados a equipos contra el crimen organizado. Su preocupación es que las autorizaciones presupuestarias puedan interferir en diligencias investigativas, algunas de ellas reservadas.
- Este viernes 16 de octubre, Valencia llegó a Palacio acompañado de fiscales regionales y del fiscal supraterritorial para reunirse con el vicepresidente Claudio Alvarado.
- Tras el encuentro, advirtió que algunas glosas “derechamente no son compatibles con nuestro ordenamiento constitucional” y calificó la controversia como un asunto institucional delicado. Señaló, además, que transmitía las preocupaciones de Contraloría y el Servel.
- El Servel, por su parte, enfrenta además un recorte presupuestario cercano al 12%, equivalente a unos $4.000 millones, según los antecedentes conocidos durante la discusión legislativa.
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