Por qué importa. La negativa de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) a remitir a la Fiscalía Regional de Tarapacá los antecedentes del uso de un vuelo institucional para transportar drogas desde una base de Iquique a Santiago, abrió una disputa de competencia entre ambas instituciones.

  • El caso fue informado el sábado por la Fach, que en un comunicado dijo que “se logró detectar un intento de traslado de una sustancia ilícita por parte de funcionarios de la Brigada Aérea en Iquique, previo a un vuelo institucional hacia Santiago” y que “cinco involucrados fueron puestos a disposición de la justicia y privados de libertad”.
  • La fiscal regional de Tarapacá Trinidad Steinert dijo que se enteraron el viernes del caso, por lo que pidieron oficialmente los antecedentes a la Fach, que denegó la información.
  • Steinert detalló que este lunes ingresaron un escrito ante la Corte de Apelaciones de Iquique, para que zanje qué institución indagará la causa.
  • El argumento de la fiscalía es que se trata de un delito común, bajo su competencia. El de la Fach es que el ilícito afecta a sus funcionarios, por lo que debe verlo la fiscalía de aviación.
  • El caso de presunto tráfico de drogas en la Fach se conoce luego de que en junio se detectara otro similar en el Ejército. Ambos casos afectaron a unidades próximas a la frontera con Bolivia.
  • Ya entonces, el ministro de Seguridad Luis Cordero calificó el caso como “el hecho más grave del que hemos tenido registro en el último tiempo”.

Los tres casos investigados. La fiscal Steinert dijo este lunes que era necesario mejorar los controles internos de la Fach, el Ejército y Carabineros para evitar un punto de no retorno.

  • El caso de la Fach. “En este momento no sabemos quiénes son los imputados; sabemos que el delito es tráfico de drogas, pero no sabemos de qué tipo de droga estamos hablando: cocaína, ketamina, marihuana; tampoco sabemos si hay más involucrados y cómo pudiéramos vincularlo a una organización criminal”, dijo la fiscal a los medios.
  • El caso del Ejército. El 26 de junio fueron enviados a prisión preventiva siete militares y una civil, contra quienes la fiscalía de Tarapacá formalizó cargos por tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para el narcotráfico.
  • La indagación, dirigida por la fiscalía de Tarapacá junto al OS-7 de Carabineros, estableció que los suboficiales imputados —en su mayoría de la Segunda Brigada Acorazada ‘Cazadores’ del Ejército y dados de baja por el caso— cargaban en Tarapacá droga proveniente de Bolivia. Ésta luego era transportada a Santiago en vehículos con compartimentos ocultos.
  • En los operativos por el caso fueron incautados 161,6 kilos de cocaína y casi 30 kilos de pasta base, además de tres vehículos avaluados en cerca de $40 millones.
  • Carabineros de Huara. El 29 de mayo el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la prisión preventiva de 13 carabineros activos de la subcomisaría de Huara y uno en retiro, por los delitos de cohecho y asociación criminal. Siete fueron también imputados por lavado de activos.
  • El tribunal acreditó que había presunciones fundadas de que entre julio y septiembre de 2014 los imputados “recibieron y/o aceptaron dinero de parte de diversos sujetos, en su mayoría transportistas bolivianos, con el fin de omitir fiscalizaciones, decomisos y detenciones, a cambio de la retribución económica que recibían”. Se incautó el equivalente a $63 millones en pesos chilenos y bolivianos, además de dólares.

Trasfondo. Cinco son las claves del caso que tienen en alerta al gobierno.

  • Muestran la penetración del crimen organizado en tres de las instituciones con el monopolio de las armas y con facilidades para desplazar pertrechos por el país.
  • Afectan a unidades encargadas de resguardar la frontera con Bolivia, que, como destacó Cordero en junio, es un país productor de cocaína.
  • La brigada del Ejército ha cumplido labores en Colchane para controlar la crisis migratoria. El general Pedro Araya, nombrado este verano jefe de la brigada, se reunió en enero con la delegada presidencial provincial Camila Castillo para analizar “los avances y desafíos en relación al control migratorio“. Esta labor hace que el caso de corrupción vinculado al narcotráfico abra también la puerta a otros delitos como la trata y tráfico de migrantes, además del robo de autos.
  • Estas vulnerabilidades presentan oportunidades para bandas internaciones como el Tren de Aragua, que controla a los ‘coyotes’ que ingresan migrantes a la región, además de cometer delitos de narcotráfico, secuestros y asesinatos.
  • Ambas unidades de las Fuerzas Armadas manejan el material más sensible en términos de defensa para el país: los tanques Leopard 2 del Ejército y los aviones F-16 de la Fach, por lo que los casos de corrupción de sus funcionarios implican también una amenaza para la seguridad nacional.
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