Qué observar. Este miércoles el Presidente Boric envió una respuesta de dos carillas a la comisión investigadora por el la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. En el texto señala que “la colaboración del gobierno ha sido total” con la Cámara y el Ministerio Público. “Espero que este escrito también les sea de ayuda”, añade, sin despejar las principales dudas de un caso que ha involucrado a su círculo más estrecho y por el que han caído dos ministras y asesores de su confianza.
La declaración presidencial.“Como he señalado públicamente, tengo la convicción, hasta el día de hoy, de que las casas de los expresidentes Aylwin y Allende deben ser patrimonio público. Esta voluntad de rescate de la memoria histórica y de conservación patrimonial estuvo en la base de esta iniciativa”.
- “Dada la naturaleza de mi función, mi rol en el proceso de adquisición de la casa del Presidente Allende fue acotado y se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra, respecto del cual, como es sabido, la Contraloría General de la República tomó razón”.
- “Quiero señalar que no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa. Posteriormente, apenas se me informó de las consecuencias que podría tener la adquisición, instruí que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso, tal como se informó a la opinión pública el pasado 3 de enero del presente año”.
- “Respecto a las responsabilidades de lo sucedido, hice valer la responsabilidad política de la ministra de Estado de cuya cartera dependía la ejecución de esta tarea, hay un sumario administrativo en curso para establecer otras responsabilidades y, como informó el ministro Figueroa ante esta Comisión, se ordenó elaborar un manual de adquisición en el Ministerio de Bienes Nacionales para perfeccionar este tipo de procedimientos en el futuro”.
Lo que omitió. En su texto, Boric señala que no tuvo conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa. Aquello pasa porque entre las dueñas de la casa de Guardia Vieja en Providencia estaban la entonces ministra de Defensa Maya Fernández y la senadora PS Isabel Allende, lo que está prohibido en los artículos 37 bis y 60 de la Constitución.
- El Presidente omitió algunos aspectos clave en su declaración.
- En abril, durante una sesión de la comisión investigadora, la jefa de la división jurídica legislativa de la Segpres, Francisca Moya, aseguró que sabía que la compra de la casa de Allende era inconstitucional, aunque no respondió si se lo dijo a Boric.
- Su testimonio erosionó la versión de La Moneda, que ha intentado alejar al mandatario del conflicto y despertó varias dudas.
- Primero, como jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya era la persona encargada de velar que lo que está firmando el Presidente esté conforme la constitución y la ley.
- La jefa jurídica de La Moneda es la última persona -el último control- que se encarga de conversar con el mandatario antes de que él firme algún documento judicial, en este caso el decreto 38, que Boric firmó el 28 de noviembre de 2024.
- Presidentes anteriores, como Ricardo Lagos o Sebastián Piñera, nunca firmaban nada sin antes tener un parecer favorable de los respectivos jefes jurídicos de la Segpres.
- Por lo demás, Moya es amiga personal de Boric desde hace más de 10 años y es sorprendente que -sabiendo que el mandatario estaba firmando algo inconstitucional- no lo haya alertado de las graves consecuencias que eso implicaría.
- Dado todo lo anterior, resulta difícil entender la razón de la defensa incondicional que ha dado La Moneda a la labor de Moya.
El círculo del Presidente y los otros testimonios. Por el caso cayó en marzo el encargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales del Segundo Piso, Leonardo Moreno. Él estuvo a cargo de supervisar desde Presidencia la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende por $933 millones, y no advirtió los problemas legales, constitucionales y políticos que acarreaba la operación.
- Otros testimonios también han apuntado a Presidencia.
- Macarena Diez, hoy exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, declaró que el 9 de octubre que advirtió a Presidencia del conflicto de interés que implicaba que las vendedoras de la casa de Guardia Vieja fueran una ministra y una senadora, y que leyó una minuta con el punto. La exministra Marcela Sandoval validó sus dichos.
- En abril, en tanto, renunció la asesora del gabinete presidencial Bernardita Nazar. Su salida ocurrió tras el testimonio del abogado del PC y asesor jurídico del Servicio del Patrimonio Cultural José Cortés, quien declaró ante fiscalía que advirtió en una reunión —donde ella estuvo presente, a nombre de Presidencia— de las inhabilidades que acarreaba la compra de la casa de Allende.
