Lo nuevo. El sociólogo del Frente Amplio (FA) Miguel Crispi —quien acompañó al Presidente Gabriel Boric hasta marzo de 2025, primero como subsecretario de Desarrollo Regional y luego como jefe de asesores del Segundo Piso— se convirtió en otro de los políticos mencionados por la fiscalía en la formalización de cargos por fraude al fisco en el caso ProCultura.
- Crispi tuvo un rol crucial en que el Gobierno Regional Metropolitano encabezado por el gobernador Claudio Orrego (ex DC) traspasara —en 2022, sin licitación y en una sola cuota— $1.683.788.000 a la fundación ProCultura para el proyecto para prevenir suicidios ‘Quédate’, iniciativa lejana al giro ante Impuestos Internos de la fundación.
- Tras el estallido del caso Convenios en 2023 quedaron sin ejecutar $1.015.283.548 que la fundación habría destinado para fines distintos a los del convenio, como pagar sueldos de otros proyectos.
- Ese traspaso dio paso a que este viernes, a petición del fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios y por orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fueran detenidos el siquiatra y cofundador de ProCultura Alberto Larraín; la representante legal Constanza Gómez; la jefa de estudios Teresa Abusleme y su contraparte en el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano, Evelyn Magdaleno.
- Para todos ellos se pidió prisión preventiva en una audiencia que comenzó el sábado y que este lunes tuvo su tercera jornada.
- Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien trabajó para el Gore con cargo a la fundación, quedó con arresto domiciliario total.
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El rol de Crispi. La minuta de formalización de la fiscalía mencionó la intervención de Crispi luego de que el 8 de junio de 2022 el Consejo Regional Metropolitano aprobara la propuesta de Orrego de nombrar a Larraín director de la Corporación de Desarrollo presidida por la misma autoridad.
- Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa Quédate.
- “El día 7 de julio de 2022, el gobernador Claudio Orrego Larraín emitió el Oficio N.º 1751 dirigido a Miguel Crispi Serrano, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, solicitando la identificación presupuestaria de múltiples programas, entre ellos, el de Prevención del Suicidio, bajo el Subtítulo 33”, dijo el documento.
- “El día 11 de julio de 2022, la SUBDERE emitió la Resolución Nº 52, modificando el presupuesto vigente del GOREM para incorporar la asignación correspondiente al programa”.
Su declaración como imputado. El 20 de noviembre de 2024 el entonces jefe de asesores de la Presidencia, declaró en calidad de imputado por su rol en la arista metropolitana del caso ProCultura. Era su segundo testimonio judicial, tras el entregado por el traspaso de $629.815.000 del Gore de Antofagasta para pintar tres fachadas en el centro histórico de la ciudad, a $262 mil el metro cuadrado. Esto incluyó también la capacitación de monitores.
- Niega nexos. “Respecto a la modificación presupuestaria de los gobiernos regionales, yo no tuve injerencia directa respecto al fondo de la decisión en esto cuando fui Subdere. No obstante, no es excepcional realizarlo, ya que todos los servicios solicitan a sus superiores realizar modificaciones presupuestarias. Esto siempre es a petición -en el caso de la Subdere- de los gobiernos regionales y municipalidades”.
- Cambio de versión. “A la exhibición de los documentos consultados, quiero aclarar que no recuerdo el detalle de las firmas de estos documentos y su contexto, correspondiendo estos documentos a un ejercicio habitual de los servicios, en este caso considerando al gobierno regional como tal, que solicita que se autorice generar reasignaciones de los recursos dispuestos en la ley de presupuesto”.
- Responsabiliza a la Dipres. “Quiero agregar que, independiente del título de los documentos consultados, lo que se solicita en éstos es una reasignación de recursos, la cual es aprobada por la Dipres”, Dirección de Prespuesto liderada por Javiera Martínez.
- “De oídas”. “A su pregunta si conocía a esa fecha a Alberto Larraín, conocía su nombre de oídas, ya que en el periodo que fui diputado, participaba en la comisión de salud. Debe ser en ese tiempo cuando escuché su nombre”.
- Versión en la Cámara. Cuando Miguel Crispi asistió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el 6 de enero de 2025 dijo en cambio que “lo conocía, sí. No tengo una relación de amistad ni personal ni política con él. Lo conozco como lo conocen muchas personas”.
Telón de fondo. Crispi es uno de los políticos que declaró como imputado (aunque no ha sido formalizado) en una arista del caso Convenios, vinculada a seis gobiernos regionales favorables al gobierno al momento de la suscripción de los contratos.
- Otro es el gobernador Orrego, a quien la fiscalía acusó de abusar de su cargo al promover el traspaso a la fundación de su ahijado político en la DC, con quien tenía una relación amistosa hace más de 12 años.
- Respecto de Orrego está pendiente que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva la petición de desafuero que permitirá pedir medidas cautelares en su contra en una formalización de cargos.
