Qué hay de nuevo. “Este es el último gran error del gobierno del Presidente Gabriel Boric”, señaló en T13, el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada PPD. “No tiene ningún sentido que a pocos meses del término de un gobierno, donde ya hay un presidente electo, se plantee una norma como esta que genera una traba para desvincular. Yo no lo comparto, no va a contar con mi voto ni con la mayoría de la bancada nuestra en el Congreso”, señaló.
- El diputado Jaime Araya (ind-PPD) publicó en sus redes sociales: “no podemos apoyar una ley de defensa del pituto, nunca se había hecho y no hay que hacerlo ahora”. Según señala, un número importante de parlamentarios del socialismo democrático está en contra.
- Afirma que la Corte Suprema había fijado en cinco años el criterio de la “confianza legítima” (el período que debe trabajar un funcionario a contrata para ser considerado de planta en la práctica, es decir inamovible), pero el acuerdo del gobierno rebaja el plazo a dos años. Con esto, los funcionarios nombrados discrecionalmente no podrían ser removidos fácilmente en el próximo gobierno.
- La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló el lunes que “yo conversé con varios de los senadores de mi bancada y también del PPD, y ninguno está informado de esta supuesta norma ni de los términos del protocolo de acuerdo. Entonces, la verdad es que cuesta entender cuál es el sentido”.
- El ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), no socializó el acuerdo con los parlamentarios para conseguir apoyos, quienes se enteraron por la prensa, tampoco ha presentado un informe sobre los alcances y costos de la medida. Según estimaciones, se verían beneficiados 380 mil funcionarios.
Por qué importa. La medida impulsada por el gobierno cuando restan menos de tres meses para el final del mandato, no sólo generó las primeras tensiones con el gobierno entrante de José Antonio Kast, sino que también generó un quiebre al interior del propio oficialismo.
- La norma fue incluida en el punto 14 del acuerdo para el reajuste fiscal de los funcionarios públicos. Pero ahora deberá ser discutida a nivel legislativo a partir del 5 de enero.
- Uno de los cuestionamientos es que si bien existen iniciativas para modernizar el Estado y generar estabilidad entre los funcionarios, para algunos esto debió tratarse con una legislación propia que reforme el estatuto administrativo en su conjunto y no con una norma exprés que se discutirá como ley miscelánea dentro del reajuste.
- Con la oposición y parte del oficialismo en contra es probable que el punto termine siendo rechazado en el Congreso, sin embargo generará malestar y movilizará a los empleados fiscales justo en momentos que cambia el gobierno.
- Por ello también se ha criticado que un tema tan sensible se tratara al final del mandato y no cuando este asumió o, por ejemplo, cuando cambiaron los gobernadores, donde también hubo ajustes.
- En el socialismo democrático también hay disconformidad por el nombramiento de Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, pese a que deberá estar al menos 6 meses con licencia por estar embarazada.
Marcel versus Grau. Aunque de forma sutil, el tema también generó una discrepancia entre el ministro Grau y su antecesor Mario Marcel.
- El extitular de Hacienda dijo que la fórmula “no es óptima”.
- En entrevista con Tele13 Radio explicó que en años anteriores se han utilizado instructivos y que los anuncios del futuro gobierno de Kast de hacer recortes han generado temor entre los funcionarios.
- En radio Infinita, Grau dijo que comparte las observaciones de Marcel. El ministro de Hacienda ha afirmado que el proyecto incluirá una diferenciación más clara entre los funcionarios de carrera y los que son de confianza política.
- Estos últimos, ha insistito Grau, renunciarán a sus cargos el 11 de marzo.
- Algunos parlamentarios ven difícil lograr hacer una distinción clara entre quienes son técnicos con los que cumplen labores políticas, por ello se ve que el llamado “amarre” del gobierno termina favoreciendo a ambos grupos.
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Respaldo PC-FA. En contraste con el socialismo democrático en el FA y el PC han respaldado la iniciativa. La excandidata Jeannette Jara dijo este martes que “es evidente que todos aquellos funcionarios que son de confianza tienen que salir del gobierno, pero la gran mayoría de los funcionarios son de carrera y no tendrían por que dejar el Estado”.
- La secretaria general del PC, Barbara Figueroa -ex presidenta de la CUT- se sumó a las palabras del timonel Lautaro Carmona, y señaló que las críticas son “exageradas”, ya que en los últimos años Contraloría había elevado los requisitos para despedir funcionarios exigiendo resoluciones fundadas.
- En el FA el senador Juan Ignacio Latorre y el senador electo Diego Ibáñez también apoyaron al gobierno. Este último dijo que pedir un acto fundado, respetar vacaciones y avisar con 30 días de anticipación, no es un amarre sino que son criterios objetivos. Aunque también advirtió que debiera hacerse por modernización al estatuto y que “me parece muy mal que el gobierno no sepa explicar claramente los acuerdos a los que llega, para contrarrestar las noticias falsas”.
- Un punto discordante en el FA lo tuvo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien eventualmente podría disputar un liderazgo en el sector con Boric. Afirmó la inamovilidad es un problema que frena la eficiencia del Estado. “Urge una reforma al estatuto administrativo que busque proteger los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, avanzar en procesos de evaluación de desempeño reales y exigentes”.
