Investigación a gestión Boric: Obras del Ministerio de la Mujer llevan 2 años de atraso y más del doble del presupuesto

A Fiscalía. El Gobierno presentó este martes los últimos hallazgos de la denominada “Inspección Total” a la gestión de recursos en ministerios y servicios públicos durante la administración Boric, que lleva a cabo desde el 20 de marzo el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) liderado por la subsecretaria Segpres, Constanza Castillo (RN).

• Desde el equipo identificaron cuatro reparticiones que “requerían un análisis especial”, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para dilucidar la existencia de posibles delitos.
• Se trata de la Subsecretaría de Deportes, por el manejo financiero y administrativo de la Corporación Santiago 2023; la Junaeb, por presuntos pagos por $14 mil millones a una empresa de alimentos; y la Dirección del Trabajo.
• A ellos se suma el Ministerio de la Mujer que el 10 de agosto ofició a la Fiscalía Centro Norte, que encabeza Francisco Jacir, para que investigue las posibles irregularidades en la habilitación del nuevo edificio de la cartera, ubicado en Agustinas 1269, a pasos de La Moneda.
• En el documento, firmado por la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael (RN), se le pide a Jacir investigar los eventuales delitos de fraude al fisco, fraccionamiento contractual, negociación incompatible e infracciones a la ley de delitos económicos, la probidad administrativa y las normas de compras públicas.
• La indagatoria, a cargo del fiscal Paulo Ramírez, es reservada y está en una etapa inicial, según fuentes del Ministerio Público.

El proyecto. En 2022, Antonia Orellana (FA) decidió trasladar las dependencias del ministerio desde Catedral 1401 a Agustinas 1269, edificio donde hasta 2012 funcionó el Diario La Nación.

• Si bien la iniciativa apuntaba, por una parte, a un ahorro fiscal a largo plazo y a “superar barreras de acceso” para mujeres que requieren sus servicios, también se buscaba dar mayor relevancia institucional a la repartición ubicándola en un lugar simbólico justo al frente de La Moneda.
• El presupuesto inicial estipulaba que el cambio al nuevo edificio tendría un costo aproximado de $1.100 millones y el proyecto debía ejecutarse en un año y medio. De ellos, $700 millones se ejecutarían durante 2023 y $400 millones en 2024.
• A eso se sumaba una multa estimada de $351 millones por el término anticipado del arriendo de las anteriores oficinas.
• “A julio de 2026, el proyecto registra un costo total consolidado de $2.831.336.713 —un 146% superior a lo presupuestado— y una duración efectiva de 3,5 años”, sostiene el documento a la que accedió Ex-Ante.

Ratas y goteras. El oficio enviado a Fiscalía relata que entre el 13 y el 20 de febrero —pocas semanas antes del fin de la administración Boric— los funcionarios se trasladaron al edificio de Agustinas “sin que existieran las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad”. La obra aún no está terminada y se proyectan reparaciones adicionales por $494 millones.

• El escrito detalla, entre otros problemas, una instalación eléctrica que data de los años ’60 e infringe la normativa vigente; la existencia de seis baños para una dotación de 110 personas; y la falta de señalética exigida por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en vidrios, que derivó en que un trabajador externo tuviese un traumatismo encéfalo-craneano (TEC) el 20 de febrero.
• Las vías de evacuación no se ajustan a normas del Senapred. Funcionarios señalan bajo reserva que quienes trabajan en algunos sectores más alejados no tienen cómo evacuar el edificio.
• A lo anterior se añade la detección de una plaga de roedores. Fuentes del ministerio relatan que durante una reunión entre la ex subsecretaria Daniela Castro y un representante del Banco Mundial, apareció una rata y el invitado debió matarla. Tras eso, las autoridades se trasladaron temporalmente a La Moneda y se decretó teletrabajo para los trabajadores.
• También, durante el sistema frontal de julio, la sala de reuniones de la ministra Judith Marín sufrió filtraciones.

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Licitación cuestionada. En el documento se cuestiona, además, concentración del 88,09% del gasto del proyecto ($2.494.299.033) en un único proveedor, el contratista Alberto Olave Hernández, quien se adjudicó las cinco licitaciones realizadas.

• En cuatro de ellas, Olave compitió contra la empresa ALSA SpA, de propiedad de su esposa Sandra Peralta Cortínez, que fue rechazada por falta de presentación de antecedentes para admitir su oferta. ALSA SpA no registra ninguna otra actividad en el historial de Mercado Público.
• En la tercera etapa, la empresa Massardo y Principios Patrimonio Chile Limitada, con experiencia en inmuebles patrimoniales como el Palacio Ariztía y la Academia Judicial, buscó competir, pero fue calificada con cero en trayectoria y “enfoque de género”, pese a tener “Sello Mujer”. Su oferta económica era más baja que la de Olave.
• El escrito también menciona el caso del arquitecto Mario Neira Quiroga —ligado al PC—, quien integró el comité evaluador de las licitaciones y además trabajó como inspector técnico de la obra y administrador del contrato. Es decir, una misma persona habría elaborado las bases, calificado y adjudicado las ofertas, junto con supervisar la ejecución y validar la recepción de las obras.

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