Por qué importa. Las dudas planteadas por el fiscal Eduardo Ríos de Antofagasta sobre los motivos de la defensa del gobernador Claudio Orrego (ex DC) para buscar trasladar desde Antofagasta al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la arista del caso ProCultura en que la autoridad metropolitana está imputada, generó la interrogante sobre qué hubo tras esta petición.
- “No sé por qué será el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, no tengo idea, no sé, pero hay un motivo”, dijo Ríos en la audiencia del martes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, consignó El Mercurio. “En la Región Metropolitana existen 15 Juzgados de Garantía”.
- Esa jornada, el juez Hans Durán acogió los argumentos del abogado Ciro Colombara, defensor de Orrego, y trasladó la causa a ese tribunal de Santiago.
- “La competencia natural para ejercer dicho control reside en el juez del territorio en que se hubiere dado comienzo a la ejecución del hecho investigado”, dijo en su resolución. “(Y) fue el propio Ministerio Público, por intermedio del Fiscal Adjunto Jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén, don Luis Ernesto González Aracena, quien, en ejercicio de la dirección de la acción penal pública, resolvió abrir la presente arista investigativa (…), con fecha 29 de mayo de 2024, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago”.
- Además resolvió que la fiscalía pague las costas del incidente de incompetencia, lo que el Ministerio Público buscará revertir.
- La mención aludió con esto al período en que la causa estuvo a cargo del entonces fiscal regional de Aysén Carlos Palma, quien luego sería sucedido por su par de Coquimbo Patricio Cooper y finalmente por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro.
- Palma fue suspendido del cargo en el marco del Caso Audios y el 29 de agosto la Corte Suprema dio el visto bueno a la querella de capítulos presentada en su contra por la fiscalía de Los Lagos, por lo que podrá ser formalizado.
La resolución del Séptimo Juzgado. Las dudas del fiscal adjunto de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta tienen como antecedente una resolución del 10 de junio de 2024 que rechazó allanar el Gore de Orrego, pese a que diligencias similares fueron acogidas en esa causa en las gobernaciones de Antofagasta, Valparaíso, el Ñuble, Biobío y Magallanes.
- Ese día, la jueza Pilar Ahumada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la fiscalía de allanar el Gore Metropolitano e incautar siete celulares, entre estos los del gobernador Orrego.
- “No ha lugar por ahora, sin perjuicio de lo que se pueda resolver con la entrega de mayores antecedentes”, dijo la resolución.
- Sus argumentos fueron que la presentación de la fiscalía “alude a la existencia de determinadas personas de ‘interés’ sin precisar antecedentes o fundamentos de imputación, ni en qué calidad se efectúan éstas”.
- “Por otra parte, la naturaleza y alcance de las diligencias exige a lo menos en esta etapa procesal se entreguen antecedentes de suficiencia para estimar que existen fundadas sospechas de la comisión de delitos, su naturaleza y la participación que se atribuye”.
- “En la misma se alude además a una entrega de documentación por parte de la gobernación respectiva, para luego solicitar en forma genérica e inespecífica la incautación de toda aquella de interés para el desarrollo de la investigación, requiriendo incluso la incautación de teléfonos pertenecientes a estas ‘personas de interés’, sin mayor distingo o exposición si se trata de aquellos institucionales, de su particular o personal”.
Panorama general. Orrego está imputado como presunto autor de fraude al fisco por el traspaso en 2022 de $1.690.388.000 del Gobierno Regional (Gore) a la fundación ProCultura —en su gran mayoría del programa para prevenir suicidios Quédate—, pese a que ésta carecía de experiencia en el área.
- A esto se suma que los traspasos ocurrieron luego de que el Consejo Regional aprobara la propuesta de Orrego de nombrar a su ahijado político y cofundador de ProCultura Alberto Larraín, director ad honorem de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo gobernador.
- Orrego declaró como imputado en la causa, se levantó su secreto bancario y la fiscalía presentó una solicitud para quitarle su fuego.
- Paralelamente enfrenta un proceso de remoción en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), tras una petición de consejeros de oposición.
