Lo nuevo. Tras el primer consejo de gabinete del gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que la administración anterior dejó al Tesoro Público con una liquidez extraordinariamente baja.

  • La caja fiscal al cierre de 2025 bordeaba US$46 millones, una cifra que contrasta con los niveles que habitualmente mantiene el Estado para enfrentar sus compromisos de corto plazo.
  • El secretario de Estado explicó que “la caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025. Normalmente, las cajas con que terminan las administraciones están entre US$3 mil millones y US$4 mil millones”.
  • Agregó que recibieron una “delicada, absolutamente inusual y extrema situación de caja que nos dejó de herencia la anterior administración”.
  • Quiroz ha reiterado que el país enfrenta un escenario de “estrés fiscal prolongado”, diagnóstico que también ha sido planteado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y que exige ordenar las cuentas públicas y recuperar márgenes de maniobra.

La respuesta de Grau. Tras las declaraciones de Quiroz, el exministro de Hacienda Nicolás Grau cuestionó, a través de su cuenta en X, la interpretación realizada por su sucesor y anunció que no daría “entrevistas ni cuñas, por respeto a las nuevas autoridades”,

  • Grau refutó la cifra de US$40 millones. “El último dato público es de US$1.406 millones (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana —que fluctúa mucho— era sobre US$800 millones”, escribió.
  • Economistas consultados por Ex-Ante coinciden en que la explicación del exministro no se condice con la realidad. El monto de caja que deja un gobierno se mide por la cifra de diciembre. En enero entra en vigencia el nuevo presupuesto, por lo tanto los recursos que entran corresponden al nuevo presupuesto.
  • Este nuevo presupuesto además se benefició por la emisión de deuda que, de acuerdo a los economistas, fue la mayor desde 1990. Además de los ingresos asociados al pago de Pagos Provisionales Mensuales (PPM) y a colocaciones de deuda realizadas previamente.
  • En enero el Fisco chileno emitió bonos en euros y dólares por el equivalente a US$4.375 millones.
  • Además, Cristina Torres, ex Dipres y economista de la USS, advierte que es probable que durante enero se hayan pagado compromisos pendientes de 2025 con cargo al presupuesto 2026, lo que genera un arrastre de menor disponibilidad de recursos para el resto del año.

El problema de fondo: ingresos sobreestimados. La explicación del deterioro fiscal aparece en los informes del Consejo Fiscal Autónomo, que ha advertido que el principal problema de las cuentas públicas fue la sobreestimación de los ingresos fiscales en la formulación del presupuesto.

  • En términos simples, el Estado proyectó ingresos mayores a los que finalmente se materializaron.
  • Cuando esos recursos no llegan, el gasto comprometido debe seguir ejecutándose. El presupuesto contempla obligaciones que el Estado no puede dejar de pagar: remuneraciones del sector público, programas sociales, contratos con proveedores o transferencias legales.
  • En ese escenario, el Tesoro debe recurrir a su liquidez para cumplir con esos compromisos.
  • Ese proceso termina consumiendo la caja fiscal, porque el Estado debe usar los recursos disponibles para cubrir el desfase entre ingresos y gastos.
  • En 2025 el déficit fiscal efectivo alcanzó 2,8% del PIB, equivalente a cerca de US$9.500 millones.
  • Más relevante aún es el déficit estructural —el indicador que utiliza la regla fiscal chilena— que llegó a 3,6% del PIB, unos US$13.200 millones.

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Pesada herencia. El debate sobre la caja fiscal se produce en un momento especialmente sensible para la política económica. El nuevo gobierno enfrenta un escenario que combina bajo crecimiento, presión sobre el gasto público y un deterioro gradual de las cuentas fiscales.

  • En ese contexto, el diagnóstico de Quiroz apunta a recuperar espacio fiscal mediante una combinación de medidas: recortes de gasto, ajustes presupuestarios y políticas orientadas a impulsar la inversión.
  • La baja caja fiscal heredada se convirtió así en uno de los primeros símbolos del estado de las finanzas públicas con que comenzó la nueva administración.
  • Más allá de la polémica política, el episodio vuelve a instalar una discusión de fondo en la economía chilena: cuánto margen fiscal tiene hoy el Estado para enfrentar los desafíos económicos de los próximos años.
  • La caja fiscal es la líquidez inmediata del Estado para enfrentar pagos inmediatos como salarios del sector público, transferencias sociales, proveedores o vencimientos de deuda. Los países suelen mantener niveles más bien altos de caja.
  • En Chile, históricamente la caja del Tesoro ha cerrado en montos mayores en diciembre cuando hay cambios de gobierno.  El segundo gobierno de Michelle Bachelet dejó un cierre de US$3.233 millones en 2017, mientras. Sebastián Piñera, US$4.097 millones en diciembre de 2021.
  • Economistas señalan que en condiciones normales el saldo puede ubicarse en varios miles de millones de dólares, dependiendo del ciclo fiscal, de los ingresos tributarios y de la estrategia de financiamiento.
  • “En simple, esto es como se organiza una casa: la caja es como la cuenta corriente en donde llegan los ingresos y desde donde se distribuyen los compromisos que tenemos”, explica la economista de Libertad y Desarrollo, Macarena García.

Los riesgos. Contar con un nivel tan reducido de liquidez tiene varias implicancias económicas.

  • La primera es la pérdida de capacidad de reacción frente a shocks inesperados. “Hoy vemos una limitante de recursos que se pueden utilizar en caso de una emergencia y, además, una tensión en el pago de compromisos que el Fisco no puede dejar de cumplir, como el pago de sueldos, la PGU y tantos gastos comprometidos”, señala Cristina Torres, economista de la USS y exdirectora de Presupuestos.
  • En contextos de crisis —como desastres naturales, turbulencias financieras o caídas abruptas de ingresos fiscales— disponer de caja permite responder con rapidez sin tener que recurrir inmediatamente a deuda o recortes de gasto.
  • La segunda implicancia es que aumenta la vulnerabilidad financiera del Estado. Si el Tesoro dispone de poca liquidez, el gobierno queda más expuesto a variaciones en las condiciones de financiamiento o a episodios de volatilidad en los mercados.
  • También genera tensiones operativas en la gestión del Tesoro, porque obliga a sincronizar con mayor precisión los flujos de ingresos y pagos del sector público.
  • Por último, una caja reducida puede interpretarse como una señal de estrechez fiscal, especialmente cuando se combina con un escenario de mayor deuda pública o con déficits fiscales persistentes.
  • Una caja extremadamente baja obliga al gobierno a recurrir con mayor frecuencia al endeudamiento de corto plazo o a operaciones financieras, lo que reduce los grados de libertad de la política fiscal. Entre ellas está el uso del Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES), al que se recurrió en 2023 y 2024 sin mediar una crisis, o la venta de activos como los de Corfo, lo que implica una pérdida patrimonial.
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