Lo nuevo. La fiscal jefa de Punta Arenas Jonanna Iribarra confirmó este jueves que abrió una investigación penal por la denuncia que el ministro de Vivienda Iván Poduje recibió a principios de mes en esa ciudad y que involucra al diputado de Republicanos, Alejandro Riquelme.

  • “Hay actualmente una investigación abierta, se encuentra a mi cargo y nos encontramos realizando diligencias”, dijo la fiscal.
  • Ésta se remonta a la visita que el ministro hizo el 2 de mayo a la capital de la Región de Magallanes, cuando cerca de las 10 am recibió en el edificio del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a tres representantes de los funcionarios.
  • Estos le transmitieron antecedentes que podrían constituir fraude de subvenciones vinculados al período de consejero regional de Riquelme, con quien el ministro tenía agendada una reunión inmediatamente después. Antes de irse, le dejaron una carpeta.
  • Tras reunirse con el parlamentario, quien testigos relataron que le aseguró que no había cometido irregularidad alguna, Poduje instruyó al Serviu hacer las indagaciones, que redundaron en la denuncia presentada a la fiscalía.
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  • La causa se origina en la resolución exenta número 1117, del 7 de julio de 2022, en que Susana Liliana Chicuy Godoy fue incorporada al proyecto habitacional “Estepa Austral I” y obtuvo un subsidio de Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S. 49 para una casa que recibió en 2023.
  • Lo anterior, a pesar de que —de acuerdo con la denuncia presentada por el Serviu— era pareja del entonces consejero regional y desde este año diputado de Republicanos, con quien tiene tres hijos y mantuvo tres sociedades.
  • Estas eran Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA.
  • El registro de colaboradores del estado del Ministerio de Hacienda arrojó que sólo en 2022 Magallania Capacitación Limitada recibió transferencias por $401.318.760 del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y la Tesorería General de la República.
  • “Resulta difícil explicar que se haya beneficiado a alguien relacionado directamente a una autoridad y no a otra persona con una mayor urgencia habitacional”, dijo la denuncia del Serviu, consignó el medio local Zona Cero.
  • La denuncia incluyó también un caso similar que involucró al exdirector regional del Serviu, entre 2019 y 2022, Dubalio Pérez.

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“Hace como 18 años”. La relación de pareja entre Chicuy y Riquelme fue justificada por el Serviu a través de una sentencia del 10 de mayo de 2025 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, iniciada a raíz de una querella por injurias que el entonces consejero interpuso en 2023 en contra de una consejera Ind-FA.

  • El fallo consignó la declaración como testigo de Chicuy Godoy, quien refirió que “tiene una empresa de asesorías y capacitaciones, que es pareja de Alejandro Riquelme hace como 18 años, y además son socios de la empresa Magallania, de la cual ella es la representante, (y) desde el 2010 que participan en licitaciones públicas, en muchas regiones del país”.
  • En el entorno del parlamentario plantearon que el diputado efectivamente fue pareja de Chicuy durante 18 años, pero entre 2001 y 2019; que la postulación al subsidio de Chicuy fue en 2021, antes de que él fuera electo consejero regional y que la obtención de este beneficio fue a raíz de que la constructora le pidió incorporarse a una agrupación indígena por su pertenencia a los pueblos originarios, y no porque estuviera en el tramo más pobre de los habitantes.
  • Al respecto, la denuncia del Serviu sostuvo que el subsidio D.S .49 está dirigido “preferentemente a las familias que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población” y que “excepcionalmente, tratándose de postulaciones colectivas, el grupo organizado podrá incluir como máximo un 30% de familias calificadas sobre el 40% y hasta el 90% más vulnerable de la población nacional, siempre que se encuentren en (…) condiciones de carencia habitacional”.
  • “De haberse declarado la información fidedigna, no habría podido obtener el subsidio, por no estar dentro de la población más vulnerable del país, a la luz de sus ingresos reales y por ser dueño, su pareja, de uno o más inmuebles según su declaración de patrimonio”, consignó el documento.
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