-¿Cómo evalúas la reacción del Presidente Boric ante la crisis por el cable chino entre Chile y China?
-La reacción del gobierno deja mucho que desear. Las explicaciones han sido pobres, incompletas y, en algunos momentos, contradictorias. Más grave aún, han dado la impresión de que no existía una evaluación estratégica previa del problema. No estamos hablando de un error menor o técnico, sino de una decisión con implicancias geopolíticas, de seguridad y de política exterior de primer orden. El Ejecutivo actuó como si se tratara de un trámite administrativo, cuando en realidad se estaba entrando en una zona de altísima sensibilidad para Estados Unidos. El resultado ha sido una imagen de improvisación y falta de profesionalismo que afecta directamente la reputación internacional de Chile.
-¿La suspensión de visa de tres autoridades chilenas es proporcional a los riesgos del proyecto?
-Desde hace ya varios años, Estados Unidos utiliza la cancelación de visas como una herramienta política y de seguridad. No se trata de una sanción simbólica ni menor, sino de un mensaje claro dirigido tanto a los afectados como al país en su conjunto. Cualquiera que siguiera la política hemisférica reciente sabía que este escenario era plausible. En 2025 —hace menos de un año— se revocaron las visas al expresidente de Costa Rica Óscar Arias, a la vicepresidenta en ejercicio y al presidente del Congreso, precisamente por preocupaciones vinculadas a China, ciberseguridad e infraestructura crítica. No fue un episodio aislado, sino parte de una tendencia. Pensar que Chile estaba exento de ese riesgo fue, en el mejor de los casos, ingenuo.
-¿El Ministro Juan Carlos Muñoz debiera haber estado informado de este antecedente costarricense?
-Sin ninguna duda. Este tipo de antecedentes no pertenece al ámbito del secreto diplomático: fue ampliamente reportado, analizado y discutido en la prensa internacional. Además, el contexto general era inequívoco. En diciembre, la Casa Blanca publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, donde se establece con total claridad que el hemisferio occidental es un espacio prioritario de seguridad y que debe mantenerse libre de la influencia de potencias adversarias, vale decir de influencias chinas. A eso se suman precedentes como Huawei, el Canal de Panamá y la creciente preocupación por la infraestructura crítica. Con ese marco, sorprenderse resulta poco creíble. La posibilidad de sanciones estaba no solo sobre la mesa, sino prácticamente anunciada.
– Entonces, ¿quién sería responsable de la falta de anticipación del gobierno a las posibles sanciones?
-Nunca es buena idea personalizar excesivamente los errores ni hablar de “culpables”. Sin embargo, aquí hubo una falla institucional evidente. En el Ministerio de Relaciones Exteriores existe una Dirección de América del Norte, Centroamérica y el Caribe cuya función es precisamente monitorear y analizar los desarrollos políticos en Estados Unidos y su entorno inmediato. Esa Dirección debió haber alertado tempranamente a los ministros y altos funcionarios involucrados en decisiones sensibles para Washington. Si esa advertencia no se hizo, o no se hizo con la claridad necesaria, estamos frente a una negligencia seria.
-El embajador de EE.UU. Brandon Judd ha hecho fuertes declaraciones. ¿Cómo has visto su rol? ¿Ejemplifica la nueva política de Trump?
-No estamos frente a una política nueva ni excepcional. Es una constante histórica de la política exterior estadounidense desde, al menos, la Doctrina Monroe de 1823. Estados Unidos ha sido siempre muy claro: respeta formalmente la soberanía de los países, pero reacciona con fuerza cuando percibe que sus intereses estratégicos están siendo afectados. Lo notable de este episodio es el eco histórico. Las palabras del embajador Judd recuerdan casi textualmente lo que Richard Nixon le dijo al embajador chileno Domingo Santa María en diciembre de 1970: Chile es soberano y el gobierno del presidente Allende puede hacer lo que desee, pero si dañan nuestros intereses y no compensan a la compañías del cobre, habrá consecuencias.
-El gobierno de Boric ha caído en una serie de contradicciones. ¿Le restan credibilidad a Chile?
-Más que un problema de credibilidad, esto revela una preocupante falta de competencia en la gestión política y comunicacional. Primero se afirma que todo fue una sorpresa; luego se reconoce que se firmó un decreto que fue anulado dos días después. Esa secuencia no es propia de un Estado serio. Lo más lamentable es que el problema ya no se limita a áreas donde existía desconfianza previa, sino que alcanza a la Cancillería y a un ministro que gozaban de buena reputación. Eso amplifica el daño.
-Boric dijo que el cable submarino chino “está en evaluación” y agregó que el futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast. ¿Es una manera de desviar la atención y eludir responsabilidades?
-Decir que el proyecto “está en evaluación” y traspasar la decisión al próximo gobierno es una forma evidente de eludir responsabilidades. Los hechos indican que el Ejecutivo quería dejar el tema completamente resuelto antes del cambio de mando. Por eso se firmó el decreto. Cuando se dieron cuenta del error, recurrieron a una explicación poco elegante y profundamente equivocada: responsabilizar a una secretaria por supuestos errores de tipeo.
-Judd amenazó con cancelar el programa de Visa Waiver. ¿Chile debe tomarse en serio estas advertencias? ¿Cuál debería ser la actitud de Kast ante este tema?
-El programa de Visa Waiver no se va a cancelar. En eso soy categórico. Estados Unidos sabe que se trata de un instrumento valioso y no lo va a usar de manera irresponsable. Pero eso no significa que no haya costos. El principal daño ya ocurrió: el episodio del cable chino sepultó la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Si hubiera una mínima racionalidad política, esa candidatura debería retirarse de inmediato para evitar una derrota pública innecesaria.
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