En medio de la pandemia de coronavirus, varios países han seguido las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos que pidieron evitar el hacinamiento en cárceles para no poner en riesgo la vida de los reclusos.
Con este fin, muchas naciones, entre ellas Brasil, Estados Unidos, Italia, Irán, México y Reino Unido, han autorizado la liberación temprana, temporal o la detención domiciliaria de algunos reos.
Sin embargo, en pocos lugares estas medidas han generado tanta polémica como en Argentina, donde el presidente tuvo que salir a asegurar públicamente que su gobierno no fomenta una liberación generalizada de presos.
"Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto", dijo a través de su cuenta en Twitter el mandatario Alberto Fernández.
"Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", escribió el miércoles, cuando la polémica había acaparado los medios de comunicación y las redes sociales en el país.
"En la Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades", explicó, deslindándose de la controversia.
El mandatario reconoció, no obstante, que coincide con la recomendación de organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana, por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad", señaló.
Y aclaró: "En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia".
En Argentina, aseguró, ocurre esto último.
"Las Cámaras de Casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema", informó respecto a una acordada que ordenó que los detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario reciban el beneficio del arresto domiciliario, algo que hasta finales de abril llevó a la excarcelación de casi 1.900 reos.
Sin embargo, sus palabras no lograron calmar la controversia, y este jueves se convocó a un "cacerolazo" -la forma de protesta preferida de los argentinos, aunque esta vez desde lo balcones, por la cuarentena- bajo la consigna: "No a la liberación de presos".
Preocupación
Uno de los motivos que generan malestar es que si bien la recomendación era solo otorgar prisión domiciliaria a presos que cometieron "delitos de escasa lesividad o no violentos", algunos jueces aprobaron ese beneficio para reclusos condenados por crímenes graves, incluyendo la violación.
Un caso que causó particular indignación es el de un hombre de 68 años, acusado de haber violado a una vecina de 13 años, a quien se le permitió regresar a su hogar, cercano al de la menor.
Por su parte, un intendente de la provincia de Buenos Aires denunció que en su partido habían regresado a vivir a sus domicilios presos detenidos por "robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad (y) venta de drogas".
"Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución", escribió en su cuenta de Twitter el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, de la alianza opositora Juntos por el Cambio.
Víctimas de violencia de género y sus defensores también denunciaron la posibilidad de que los agresores pudieran salir de las cárceles.
Muchos temen que el sistema de seguridad argentino no tenga la capacidad de garantizar que estos reclusos se queden encerrados en sus casas.
El Sistema Penitenciario Bonaerense, el más poblado del país, cuenta con cerca de 2.000 tobilleras electrónicas y todas están en uso, advierten los expertos.
Y la propia ministra de Justicia de la nación, Marcela Losardo, señaló en entrevistas radiales que "nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales".
Sin embargo, el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense que firmó un habeas corpus colectivo que abrió las puertas al arresto domiciliario por el riesgo del coronavirus, defendió su decisión.
"En la provincia de Buenos Aires tenemos 24.000 lugares para alojar presos y hay 50.000 detenidos. Si la pandemia ingresa a las cárceles, en dos meses se infectan todos los presos. ¿Si tengo 50.000 infectados de coronavirus los dejo morir en la cárcel?", sostuvo en declaraciones a la prensa.
Otros partidarios de esta medida afirman que si hubiera un alto número de presos infectados con covid-19 el sistema sanitario podría colapsar, cosa que se ha logrado evitar hasta ahora gracias a la estricta cuarentena que comenzó el 20 de marzo.
La "grieta" de fondo
Pero otro factor que explica la indignación de parte de la población tiene que ver con un tema político más profundo.
Una de las primeras personas a la que se le permitió cumplir su condena en su casa por el riesgo que supone el coronavirus fue Amado Boudou, quien fuera vicepresidente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y condenado en 2018 a más de cinco años de cárcel por corrupción.
Unos días más tarde, el secretario de Derechos Humanos de la nación pidió a la Justicia que le otorgara el mismo beneficio a otro alto exfuncionario kirchnerista condenado por corrupción, el exministro de Transporte Ricardo Jaime.
La ministra de Seguridad durante la administración de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, denunció que esa petición del gobierno y el otorgamiento de prisión domiciliaria para Boudou instigaron una serie de violentas demandas por parte de otros reclusos que pedían el mismo beneficio.
"El motín en la cárcel de Devoto, al igual que los que ocurren en el resto del país, son una consecuencia de la política del gobierno nacional en el intento por liberar a presos como Boudou, Jaime o (el político kirchnerista Luis) D'Elía", acusó desde su cuenta en Twitter.
Si bien la Justicia no accedió a otorgar prisión domiciliaria para Jaime, algunos opositores tacharon la petición para ello de indicio de parcialidad.
Los más críticos señalan que esto es una señal de que el gobierno apunta eventualmente a lograr la impunidad de la propia vicepresidenta, Kirchner, quien está procesada en una decena de casos de corrupción, algo que el presidente -quien defiende la inocencia de su aliada política- ha negado.
Para el analista político Facundo Cruz, el debate en torno a los presos ha ahondado lo que en la jerga popular se conoce como "la grieta".
"Esta polémica alimenta las percepciones políticas de los ciudadanos y le da de comer a la grieta, la clásica disputa entre el peronismo (representado por el oficialista Frente de Todos) y el no peronismo (representado por el opositor Juntos por el Cambio)".
No obstante, Cruz señaló a BBC Mundo que este fenómeno no es exclusivo de Argentina.
"Este tipo de situaciones aumentan la polarización. Ocurre lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo, donde las críticas a la gestión de Donald Trump respecto de la crisis del coronavirus refuerzan las percepciones y posiciones personales (tanto a favor como en contra del mandatario)".