La ola de protestas masivas que sacude Perú desde el pasado lunes, tras la destitución del presidente Martín Vizcarra, dejó este sábado sus dos primeras víctimas mortales y ha puesto en jaque al gobierno del presidente interino Manuel Merino.

Este sábado miles de ciudadanos salieron a las calles en varias ciudades de país durante la llamada segunda marcha nacional.

Durante las manifestaciones multitudinarias en Lima se produjeron choques violentos entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad, que reprimieron las protestas con el uso de gases lacrimógenos y perdigones.

En horas de la noche, el Seguro Social de Perú anunció el ingreso en dos hospitales distintos de Lima de dos hombres de 24 y 25 años de edad fallecidos por heridas de arma de fuego.

Tras estas noticias numerosas voces comenzaron a solicitar la dimisión de Merino y la situación derivó en una severa crisis política con la renuncia de varios ministros del gabinete.

Según informó la prensa peruana, hasta la medianoche de este sábado habían dimitido los ministros de Agricultura, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Turismo y Relaciones Exteriores, Salud y Cultura.

El presidente del Congreso, Luis Valdez, anunció la convocatoria de una reunión para este domingo de la junta de portavoces para evaluar la solicitud de renuncia a Merino ante la grave situación que vive el país.

Mesías Guevara, presidente de Acción Popular -al que pertenece Merino- también respaldó públicamente la solicitud de dimisión del mandatario y aseguró que el partido no le respalda.

La ola de descontento que sacude a Perú tuvo su origen en la destitución el pasado lunes del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso por "incapacidad moral permanente", en medio de acusaciones de corrupción en su contra, reemplazándolo por el hasta entonces presidente del Parlamento, Manuel Merino.

Este cambio en la presidencia del país dio pie a las primeras manifestaciones de descontento que se agravaron luego tanto por la respuesta represiva de los cuerpos policiales ante las protestas como por declaraciones de miembros del gobierno de Merino, incluido el propio presidente, que fueron interpretadas por una parte de la población como un intento de desconocer la magnitud y la legitimidad de las protestas.

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