Alrededor de 1,2 millones de residentes que han pagado condenas de prisión en el estado de Florida recuperaron el derecho a votar, gracias a la aprobación el martes de una enmienda de la constitución estatal.

El texto constitucional, de 150 años de antigüedad, tendrá que ser cambiado luego de que la llamada Enmienda 4 recibiera el 65% de los votos.

Antes de eso, Florida era apenas uno de cuatro estados de la unión que automáticamente y permanentemente revocaba el derecho a sufragio de todo aquel condenado por un delito grave.

"Celebramos una de las mayores expansiones del derecho a voto en la historia de nuestra nación", escribió en un comunicado el director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), Howard Simon.

Previamente, los exconvictos de Florida tenían que esperar cinco años después de ser liberados para luego solicitar clemencia al despacho del gobernador.

Pero, desde 2011, el gobernador republicano Rick Scott sólo ha devuelto el derecho a voto a una 2.000 personas.

Para volver a ser elegibles, los exconvictos deben haber completado sus sentencias y todas las condiciones de su liberación, incluyendo la libertad provisional.

Propuesta multipartidista

El texto de la enmienda excluye a los condenados de asesinato y de serios delitos sexuales, pero sus promotores estiman que más de un millón de floridanos que han cumplido sentencias de cárcel entrarían a la lista electoral.

La medida fue producto de una coalición multipartidista de base que recaudó 800.000 firmas para que la propuesta fuera incluida en la papeleta de votación de este 6 de noviembre. Necesitaba 60% para ser aprobada.

Los que abogaron por la enmienda arguyeron durante meses que impedir el voto a los exconvictos injustamente negaba los derechos de hombres y mujeres que habían pagado su deuda a la sociedad e impedía su completa reintegración.

También sostuvieron que dicha ley afectaba de manera desproporcionada a la comunidad afroestadounidense.

La enmienda fue respaldada por la ACLU y el grupo conservador Freedom Partners.

"Si queremos que las personas se reinserten en la sociedad y se vuelva ciudadanos productivos y respetuosos de la ley, necesitamos tratarlos como ciudadanos con plenos derechos", expresó el presidente de Freedom Partners, Mark Holden, en su declaración de apoyo.

Se estima que, en todo Estados Unidos, unos 6 millones de ciudadanos con antecedentes penales todavía no pueden votar debido a una serie de leyes sueltas en varios estados.

En Florida, el texto que retiraba el derecho a voto de exconvictos fue redactado en la constitución del estado hace 150 años, durante el período de Reconstrucción tras la Guerra Civil, como una manera de impedir el voto a los afroestadounidenses.


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