por Laurence BOUTREUX, AFP

La hermana del rey de España Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, volvieron a sentarse este martes entre los acusados en un juicio por presunta malversación, para escuchar el interrogatorio de uno de sus antiguos amigos en el gobierno balear.

Como deberán hacer a partir de ahora cuatro días por semana, la pareja llegó por la mañana al gran edificio de Palma de Mallorca que acoge excepcionalmente al tribunal, situado a poco metros de una prisión y donde, ironía del destino, se enseñan habitualmente las reglas de la administración pública.

Decenas de fotógrafos y cámaras de televisión esperaban a la hermana del Felipe VI, de 50 años, vestida con sobriedad, y a su esposo, de 48 años, para la reanudación del primer juicio por malversaciones que implica a miembros de la familia del monarca.

Empresas pantallas, falsas facturas, contratos inflados, empleos ficticios: estos son, según la acusación, algunos de los ingredientes de un escándalo que hundió la imagen de la Corona, contribuyendo a la abdicación de Juan Carlos I a favor de su hijo en junio de 2014.

Al mando de una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Noos, Urdangarin -exmedallista olímpico de balonmano- y su socio Diego Torres están acusados de malversar cerca de 6 millones de euros pagados entre 2004 y 2007 por los gobiernos regionales de Baleares y Valencia, entonces dirigidos por el conservador Partido Popular.

El juicio, iniciado el 11 de enero, estuvo suspendido varias semanas, tiempo en que las tres magistradas decidieron que Cristina debía efectivamente ser juzgada como "cooperadora necesaria" en dos delitos de fraude fiscal. La infanta era propietaria al 50% de una empresa pantalla que presuntamente recibió el dinero malversado. La acusación popular pide para ella ocho años de prisión.

Urdangarin y Torres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide para ellos 19,5 años y 16,5 años de cárcel respectivamente.

El cuñado del rey deberá escuchar las declaraciones de 13 de los 17 acusados antes de que llegue su turno. Cristina será interrogada en último lugar, previsiblemente el 26 de febrero.

Un antiguo amigo de Urdangarin, Cristina y Felipe VI fue el primero en declarar: José Luis Ballester, más conocido como Pepote Ballester, campeón olímpico de regatas en Atlanta 1996 y director general de deportes del gobierno balear de 2003 a 2007.

Durante la instrucción, Pepote "el arrepentido" aceptó colaborar con la justicia a cambio de una reducción de su pena. Según la prensa, habría explicado cómo el presidente regional había decidido atribuir contratos públicos sin licitación a Noos para complacer al yerno de Juan Carlos I.

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Encuentro en el palacio de verano

Las islas Baleares estaban entonces presididas por Jaume Matas, un exministro del conservador José María Aznar, que salió el pasado año de prisión tras cumplir nueve meses por otro escándalo de corrupción.

Según la acusación, Urdangarin había invitado en 2003 a Matas y Ballester a la residencia de verano de la familia real en Palma. Posteriormente, obtuvo rápidamente contratos en oro, como la organización de un congreso de dos días sobre turismo y deporte por 1,2 millones de euros.

"Un precio completamente desproporcionado", basado en un "presupuesto ficticio", según la fiscalía, para quien Urdangarin y Torres crearon Noos con la "única finalidad" de "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".

El dinero obtenido "acababa en manos de las mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin", agrega.

Una de esas empresas pantallas, Aizoon, habría financiado gastos personales de Cristina y Urdangarin, como viajes, obras, fiestas o incluso cursos de baile.

Segunda hija de Juan Carlos y Sofía, Cristina se mostró muy afectada en el inicio del juicio. Fue apartada hace años de todos los actos oficiales de la casa real y despojada de su título de duquesa de Palma.

Su defensa afirma que ignoraba las actividades de su esposo y que tenía una confianza ciega en él. El juicio debe prolongarse hasta el 30 de junio.

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