En un escrito presentado ante un Juzgado Penal de Garantías, el abogado Ricardo Preda del Puerto señaló que, según un informe del Servicio de Justicia Militar, Peña "solo tiene cuatro horas al día fuera de su celda, con lo cual ha empeorado su condición anterior de reclusión".

Peña fue trasladado el lunes a la cárcel de Viñas Cué, en Asunción, por orden del juez penal de garantías Osmar Legal, tras las denuncias de presuntos privilegios concedidos al exmandatario. Hasta entonces permanecía en el Regimiento Escolta Presidencial, la unidad militar a la que fue llevado el 6 de noviembre, horas después de su destitución.

El abogado indicó, según el documento difundido por medios locales, que "las condiciones del lugar donde anteriormente se encontraba eran mejores que la actual" y afirmó que "sin ningún motivo, al menos legal, el juzgado empeoró la situación" del expresidente.

También cuestionó que el juzgado que ordenó el traslado de Peña no explicó "la motivación de la decisión", y solicitó que se "tome las medidas urgentes para cesar la arbitrariedad señalada y el daño a la integridad psíquica del procesado".

En la otra celda tenía A/C y gimnasio, según medios

El cambio del lugar de reclusión ocurrió luego de que medios locales informaron que la celda de Peña en el Regimiento Escolta Presidencial estaba equipada con una amplia cama, aire acondicionado y un placard, y que se modificó una sala de reuniones para ubicar un gimnasio en el que el expresidente pudiera ejercitarse.

Peña quedó envuelto en el escándalo por la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

Además de haber sido destituido por el Senado en un juicio político, el exmandatario afronta una investigación penal, en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central, cuyo extitular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados por el caso.

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