Japón ejecutó este viernes a un hombre que en 2009 le prendió fuego a un casino de Osaka, en un salón de pachinko, un popular juego de azar del país. El hecho dejó a cinco personas fallecidas.

Se trata de la primera ejecución llevada a cabo en Japón desde que la primera ministra Sanae Takaichi asumió el cargo en octubre pasado. La anterior había ocurrido en junio de 2025, cuando fue ejecutado Takahiro Shiraishi, conocido como el "asesino de Twitter", quien fue condenado por matar y descuartizar a nueve personas.

El ejecutado este viernes fue Sunao Takami, de 58 años. En 2009, el hombre roció gasolina en el salón de pachinko ubicado cerca de su domicilio, en Osaka, y posteriormente le prendió fuego.

El incendio provocó la muerte de cuatro clientes y un trabajador del establecimiento.

"Este incidente tuvo consecuencias extremadamente graves (...) y conmocionó a la sociedad e infundió un profundo sentimiento de miedo", declaró ante la prensa el ministro de Justicia, Hiroshi Hiraguchi.

El funcionario explicó que decidió llevar adelante la ejecución del hombre después de analizar el caso "con la mayor cautela posible".

Takami fue informado de que sería ejecutado durante la mañana de este viernes, pocos minutos antes de que se concretara la sentencia. La cadena NHK reportó que murió ahorcado en Osaka.

En Japón, los condenados a muerte suelen conocer la fecha de su ejecución apenas unas horas antes de que esta se lleve a cabo. Según medios internacionales, las autoridades mantienen esta práctica por razones de seguridad y para evitar posibles situaciones de crisis, como intentos de suicidio o reacciones extremas tras conocer con anticipación el momento de la ejecución.

Sin embargo, según el medio Swissinfo, este procedimiento ha sido cuestionado judicialmente por algunos condenados a muerte, quienes sostienen que se trata de una práctica "ilegal" e "inhumana". Sus críticas apuntan a que recibir el aviso con tan poca anticipación puede limitar sus posibilidades de reunirse con sus abogados y presentar recursos de última hora para intentar detener la ejecución.

Cabe señalar que Japón mantiene la pena de muerte y junto con Estados Unidos, es uno de los dos países miembros del G7 que todavía la aplica.

La utilización de la pena capital también ha aumentado a nivel mundial. Según Amnistía Internacional, durante 2025 se registraron 2.707 ejecuciones en 17 países, un 78% más que el año anterior y la cifra más alta contabilizada por la organización desde 1981.

Pese a las críticas que genera el sistema japonés, entre ellas cuestionamientos por la duración de los procesos y las condiciones en que se realizan las ejecuciones, la mayoría de la población del país continúa respaldando la pena de muerte.

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