El gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles que avanza en la constitución de una Agencia de Seguridad Migratoria para reforzar el control fronterizo y la gestión de la migración en Argentina. La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, forma parte de una reforma al sistema migratorio que ha generado debate en sectores políticos y sociales debido a su enfoque en seguridad y control.
Nueva agencia migratoria y controles más estricto
Monteoliva aseguró en una entrevista radial que se está avanzando “en lo que vendría a ser una futura Agencia de Seguridad Migratoria”, organismo que reemplazaría y ampliaría las funciones de la tradicional Dirección Nacional de Migraciones ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
Según explicó, la agencia contará con poder de policía, inteligencia criminal y presencia en los pasos fronterizos, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y la gestión de ingresos y egresos del país.
La ministra sostuvo que este nuevo organismo será “completamente distinto” al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)”, una comparación que ha circulado en redes sociales y ciertos sectores de la opinión pública. “No es de persecución de migrantes; quienes tienen que estar preocupados son quienes delinquen, como homicidas, violadores y terroristas”, afirmó Monteoliva en defensa de la iniciativa.
El exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, fue anunciado como la persona elegida para dirigir la nueva agencia, función que combinará labores administrativas con operativas en las fronteras. Valenzuela, que actualmente se desempeña como senador provincial, fue uno de los principales impulsores de esta reforma y es visto como un fiel aliado de Milei en materia de seguridad nacional.
La decisión de trasladar la Dirección Nacional de Migraciones desde el Ministerio del Interior al de Seguridad fue tomada a fines de 2025 y se presentó como parte de una reconfiguración del esquema migratorio argentino con énfasis en control fronterizo y lucha contra el crimen organizado, según detalló Monteoliva en diversos comunicados oficiales.
En medio de este proceso, el país ha registrado expulsiones de extranjeros en números significativos, donde 2.403 personas fueron expulsadas en diciembre de 2025 y 1.971 en enero de 2026, entre inadmitidos, deportados y extraditados, de acuerdo con cifras oficiales compartidas por la ministra.
Este enfoque de política migratoria se suma a una reforma más amplia que también incluyó en 2025 cambios en la Ley de Migraciones, como mayores restricciones para obtener la residencia, la implementación de aranceles para estudiantes extranjeros y la modificación de requisitos para servicios públicos.
