La Procuraduría General de la Nación de Guatemala denunció este miércoles a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad -el máximo tribunal del país- por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad.

El Supremo deberá determinar si la solicitud de antejuicio es viable y, de serlo así, pasará al Congreso -con una mayoría aliada al oficialismo- para que decida si se retira la inmunidad de los magistrados o no.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells afirma que la decisión no es solo inédita en la historia del país, sino que supone un golpe de Estado.

"La Corte de Constitucionalidad es la última corte. Sostener que existe prevaricato porque se pierde un proceso, es un intento de barnizar de legalidad", dice el jurista en declaraciones recogidas por Prensa Libre, "es lo típico de Ortega y Maduro", concluye.

Los magistrados denunciados por la Procuraduría, la entidad que aboga por el Estado guatemalteco, son José Francisco de Mata Vela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar, quienes presuntamente dictaron resoluciones "que pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales", sostuvo la entidad en un comunicado.

El procurador, Jorge Luis Donado Vivar, indicó que el Constitucional "se ha extralimitado en sus funciones, ha coartado de alguna forma el ejercicio en función del presidente, Jimmy Morales, y ha pretendido legislar en algunos casos en los que no le corresponde", aunque reconoció que, como Procuraduría "estamos conscientes de la función de la Corte de Constitucionalidad". Y explicó que la denuncia "no tiene que ver con el tema de las visas", en referencia a que el alto tribunal ordenó a la Cancillería renovar las visas de 11 funcionarios internacionales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) anuladas por Exteriores.

Cuestionado acerca de si el mandatario le ordenó presentar la denuncia contra los magistrados, Donado afirmó que si bien "el presidente en términos generales ordena que el procurador -cualquiera que sea- vele por los intereses del Estado, no fue así", no fue algo que le pidiera Morales.

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