En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) suspendió la reelección indefinida en el país, lo que significa que el expresidente Evo Morales no podrá presentarse en las elecciones del 2025.
Asimismo, ninguna persona podrá gobernar el país vecino más de dos veces de manera continua o discontinua, dejando fuera al expresidente que gobernó en 3 oportunidades.
Esta decisión despertó la molestia de Evo Morales, quien acusó al Gobierno de Luis Arce junto a jueces y congresistas de querer “boicotear” su carrera presidencial.
Debido a esto, los adherentes de Morales decidieron cortar la principal ruta económica del país, que conecta La Paz con Santa Cruz de la Sierra para exigir la renuncia de todos los tribunales judiciales del país, incluyendo el TCP.
Ya se cumplieron más de 10 días desde el comienzo de las manifestaciones, que provocaron la escasez de combustibles, alzas de precios y pérdidas económicas avaluadas en 600 millones de dólares.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno a Evo Morales?
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental de Bolivia, Gustavo Torrico aseguró que los cortes de carreteras son “casi una parte de la cultura”, pero criticó el verdadero motivo de la manifestación.
“Si es contra una dictadura, por ejemplo, el pueblo tiene todo el derecho de bloquear, pero si se trata de un asunto personal, como la inhabilitación, está mal”, declaró refiriéndose a Evo Morales.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada apuntó hacia el expresidente Evo Morales y acusó que su “ambición de poder” es la que tiene bloqueado el país y la economía.
Además, realizó un llamado a todos los congresistas para aprobar un proyecto de ley que busca adelantar las elecciones judiciales y así se podrían detener las manifestaciones en Bolivia.