Una exalumna presentó una demanda contra la Universidad de Cornell, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi, la más antigua del país, a quienes acusa de haberla violado en octubre de 2024.
La joven, identificada con el seudónimo Jane Doe en los documentos judiciales, tenía 20 años al momento de los hechos. Según la demanda presentada el pasado 16 de septiembre ante la Corte Suprema de Nueva York, fue drogada y agredida sexualmente en una casa de la fraternidad ubicada en Ithaca.
Según la denuncia, Doe había estado bebiendo con su grupo de amigas en la fraternidad y en un bar antes de dirigirse sola, durante la noche del 19 de octubre de 2024, a la casa de la fraternidad para visitar a una amiga. Según CBS News, que citó el contenido de la demanda, la joven sostiene que durante su estadía dos integrantes de la fraternidad le dieron drogas antes de agredirla sexualmente.
En el escrito también afirma que uno de los hombres envió un mensaje a un grupo de Snapchat denominado 'Chi Phi Actives', convocando a más personas para la violación. Luego de esa conversación, otros hombres habrían participado de la agresión, que, según la presentación judicial, se extendió hasta aproximadamente las 5:45 de la mañana.
La joven denunció los hechos ante el departamento de policía de la universidad unas tres semanas después, según informó CBS. Su abogado, Thomas Giuffra, sostuvo que solo dos de los siete presuntos agresores fueron expulsados, mientras que los demás integrantes de la fraternidad recibieron sanciones menores, como la presentación de ensayos.
Además, afirmó que ninguno de los sujetos fue arrestado. La víctima sostiene que, después de la presunta agresión, abandonó la Universidad de Cornell.
Ahora, a casi dos años de los hechos vuelve a los tribunales y al centro de la atención pública. Una demanda civil de más de 100 páginas presentada en septiembre de 2026 reabrió las acusaciones contra los siete estudiantes y ahora la víctima podría presentar su testimonio ante un gran jurado penal.
El escándalo que generó el escrito forzó al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, a reconocer públicamente que su oficina nunca realizó una investigación independiente: se había apoyado exclusivamente en las actuaciones de la Policía de Cornell.
"Queremos reexaminar si existe prueba que no conocíamos en noviembre de 2024 y que podría cambiar nuestra valoración del caso", dijo el fiscal en declaraciones a ABC News.
El chat de Snapchat, una prueba que la fiscalía dice no haber recibido
Un elemento de peso en el documento judicial es una captura de pantalla de un chat grupal de Snapchat en el que, según Doe, miembros de la fraternidad discutían los hechos de esa noche. Van Houten afirmó que ese material nunca llegó a su oficina.
Giuffra rebatió que fue entregado a las autoridades en el año 2024. "Mi cliente fue a la Policía de Cornell porque se cometió un crimen. Les entregaron el chat grupal que invitaba a los miembros de la fraternidad a violar a mi cliente. Era una prueba crítica. Aun así, no hubo seguimiento", dijo el abogado de la joven, Thomas Giuffra.
La demanda identifica a los siete acusados por su nombre: Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.
Norris reconoció haber enviado un mensaje incluido en el escrito judicial, aunque negó haber participado en actividad sexual ni en el consumo de drogas y aseguró que Cornell no lo encontró responsable de las acusaciones de mayor gravedad.
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En tanto, Kretzschmar negó los hechos a través de su abogado, Jeremy Saland: "Scott jamás agredió sexualmente ni tocó a la demandante en ninguna forma. Esperamos confrontarla ante un tribunal".
En un comunicado a CNN, la Universidad de Cornell afirmó que apoyaba la decisión del fiscal de distrito de presentar el asunto ante un gran jurado. Además, defendió su respuesta institucional y el proceso administrativo del título IX, que provocó sanciones y la prohibición de la fraternidad Chi Phi en el campus.
"Cualquier insinuación de que la universidad no impuso sanciones consecuentes a los implicados es falsa", declaró la universidad. "Mantener la falsa narrativa de que las consecuencias fueron mínimas en este caso es irresponsable, hará que las víctimas se sientan menos seguras y apoyadas, y perpetuará la falta de denuncias de agresión sexual", expresó la casa de estudios.
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