Durante la tarde de este martes 17 de noviembre, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe que identificó a 315 funcionarios públicos que mantienen condenas penales y que continúan ejerciendo sus cargos en distintas instituciones del Estado, pese a que la legislación establece una inhabilidad para desempeñarse en la Administración Pública en estos casos.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el organismo fiscalizador, 149 de los trabajadores pertenecen a gobiernos locales, mientras que otros 166 se desempeñan en el gobierno central. En cuanto a la naturaleza de las condenas, 73 corresponden a crímenes y 244 a simples delitos.

La cifra considera un total de 317 registros de condenas asociados a 315 personas, debido a que dos funcionarios registran más de una sentencia.

El artículo 54, letra c), de la Ley N° 18.575 establece que las personas condenadas por un crimen o simple delito no pueden ingresar a la Administración del Estado. Asimismo, cuando un funcionario recibe una condena de este tipo durante el ejercicio de su cargo, se configura una inhabilidad sobreviniente que le impide continuar desempeñando sus funciones.

En estos casos, la normativa establece que el trabajador debe informar su situación a su superior jerárquico dentro de un plazo de 10 días y presentar su renuncia.

Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó información del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).

Instituciones con funcionarios condenados

Entre las instituciones del gobierno central, Carabineros de Chile concentra la mayor cantidad de funcionarios en esta situación, con 84 casos. Le siguen el Ejército, con 22; la Armada, con ocho; y la Fuerza Aérea, con cinco.

En el ámbito municipal, las entidades que registran más trabajadores con condenas vigentes son:

  • Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios.
  • Municipalidad de Hualpén: 4 funcionarios.
  • Municipalidad de Tierra Amarilla: 4 funcionarios.
  • Municipalidad de Chillán: 4 funcionarios.
  • Municipalidad de Puerto Montt: 4 funcionarios.
  • Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios.

Contraloría instruye investigaciones

A partir de los resultados, la Contraloría instruyó a las instituciones involucradas iniciar las investigaciones correspondientes para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Esto, ante la posible omisión de informar las condenas a los respectivos jefes de servicio y de activar los procedimientos necesarios para aplicar la inhabilidad sobreviniente.

Además, el organismo solicitó a las entidades informar si los antecedentes penales fueron considerados oportunamente en los procesos de calificación funcionaria, especialmente en aquellos criterios relacionados con el comportamiento social y la probidad de los trabajadores.

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