Una mujer de 66 años, que fue condenada por no tener relaciones sexuales con su esposo, presentó una demanda en contra del Estado francés ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH).

La mujer, que se cambió el nombre a Bárbara para aparecer en los medios, fue sancionada en 2019 por los tribunales franceses tras negarse a tener relaciones sexuales con su marido.

En ese entonces, y según consgina Magicmaman, para la justicia, la mujer fue culpable de "una violación grave y renovada de los deberes y obligaciones del matrimonio, haciendo intolerable el mantenimiento de la vida en común".

Por lo mismo, todo derivó en la separación matrimonial y no hubo ninguna sanción económica.

Meses después de que ocurriera eso, Bábara decidió emprender acciones legales por lo arcaico y retrógrado del dictamen.

"Es una condena de otra época. Me escandaliza. Lo veo como una denegación de justicia (...) ¿Esta sentencia implica que cualquier mujer casada debe soportar las exigencias sexuales de su esposo cuando ella no esté de acuerdo? ¿El matrimonio da ese 'derecho'?", cuestionó la mujer.

La abogada que la representa, Lilian Mhissen, apuntó que "debemos poner fin al tiempo en el que el hombre tenía el cuerpo de su esposa como le plazca. En 2021, el matrimonio ya no puede ser sinónimo de servidumbre sexual".

Con la presentación de la demanda, la afectada no busca que se le retribuya económicamente, sino que se pueda ejercer presión para que la legislación vigente en Francia.

Y es que, hasta ahora, en dicho país europeo, algunos jueces siguen basando sus dictámenes en el artículo 242 del Código Civil, que indica que "uno de los cónyuges podrá solicitar el divorcio cuando los hechos que constituyan una violación grave o renovada de los deberes y obligaciones del matrimonio sean imputables a su cónyuge y hagan intolerable el mantenimiento del matrimonio. Vida común".

Sin embargo, según cuestionó la Fondation des Femmes, "la Sala Penal del Tribunal de Casación ha abolido el deber conyugal desde la sentencia del 5 de septiembre de 1990" y acusaron que "los jueces civiles siguen imponiéndolo a través de una visión arcaica del matrimonio".

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